San Juan: Cámara de seguridad graba una joven golpeado brutalmente a un señor incapacitado

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Despierta El Sur.- Sanjuaneros indignados por un vídeo que circula en las redes sociales, donde se observa a una joven mujer golpear a un hombre con incapacidad para caminar, conocido popularmente como Antonio en San Juan de la Maguana.

La población pide a las autoridades identificar a la mujer para que sea puesta a disposición de la justicia y pague por los hechos.

El suceso ocurrió en el sector Ensanche Anacaona popularmente conocido como Hoyo Oscuro (Detrás de los Bomberos) .

En San Juan: Padres de 7 hijos sumidos en la pobreza, sueñan con una casa para sus pequeños (video)

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Por: Angel Del Carmen
SAN JUAN DE LA MAGUANA, RD,.
Un hombre que ha procreado 7 hijos, suplica a las autoridades les ayuden, según él le ha tocado vivir debajo de puentes y cañadas por la falta de un techo donde refugiarse con su familia.

-Al sur del municipio de San Juan de la Maguana, en la comunidad de cardón correspondiente al distrito municipal del Rosario, reside el señor Bartolo García Valdez junto a su esposa Iris Montero, los cuales afirmaron procrear 7 hijos los cuales vive en condiciones infrahumana.

Dijeron que les ha tocado vivir soportando la lluvia, sol y sereno por la falta de una vivienda digna para ver crecer sus pequeños, los cuales presentan afecciones en la piel que no los deja tranquilos, Sobreviviendo con  las dádivas que les brindan los vecinos, los cuales les preocupa profundamente la condición de vida donde ni letrina ni leña para su fogón cuentan.

Revelaron que de los 7 niños solo tres fueron declarados y actualmente viven con 4 en la enramada que les prestaron y por espacio, dos de los pequeños residen en casa de particulares.

Pidieron la mano amiga del INVI y demás autoridades para que su condición  de vida mejore. Para ayuda Contactar a (829) 924-3258.

Diputados bajaron de diez a tres años la pena por corrupción en Código Penal


El proyecto de modificación al Código Penal aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados redujo la condena al delito de corrupción que inicialmente estaba contemplado en el proyecto de ley que estudió la Comisión de Justicia, bajando de diez a tres años de prisión las penas máximas para esas infracciones.

La propuesta que depositó el presidente de ese órgano, Alfredo Pacheco, el 17 de agosto de 2020, establecía que la corrupción se castigaría con penas privativas de libertad de cuatro a diez años, sin embargo, ahora se prevé que sea de dos a tres, lo que contradice el discurso que vendía el Congreso Nacional de que el nuevo Código sería drástico y castigaría la corrupción de forma tal que ningún funcionario público se viera tentado a incurrir en ese ilícito penal.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), calificó de insólito y de un incentivo más para que se cometan actos de corrupción el establecer penas que contradicen los acuerdos internacionales y la jurisdicción comparada de los crímenes y delitos de corrupción.

“Eso es un contrasentido, una contradicción, o sea, desde el Ejecutivo (Poder Ejecutivo) se está tratando de diseñar políticas que van dirigidas a evitar actos de corrupción, a transparentar la administración, y desde el Congreso entonces se le está dando respuesta el aminorar la pena en esa materia”, dijo.

El artículo 303 aprobado en primera lectura establece: “Todo funcionario o servidor público que, prevaliéndose de su posición dentro de los órganos, entes y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico, mal utilice los bienes públicos para beneficio privado, ofrezca, prometa o realice actividad inherente a su cargo, comete la infracción de corrupción y será sancionado con dos a tres años de prisión e inhabilitación para ocupar funciones públicas por un término de cinco a diez años”.

Con dicha pena, ese ilícito entra en la categoría de las infracciones graves que contempla la pieza legislativa: infracciones leves, graves y muy graves.

Los cambios en el proyecto de legislación se dieron mientras los debates públicos se centraron en la despenalización o no del aborto en tres circunstancias: cuando la vida de la madre está en riesgo, el feto tenga malformaciones congénitas incompatibles con la vida o que el embarazo haya sido fruto de una violación o incesto.

Si esa propuesta se convierte en ley, los sometidos a la Justicia por corrupción, en caso de que se declaren culpables de los cargos mediante un acuerdo penal abreviado con el Ministerio Público o porque un tribunal determine su culpabilidad, podrían no cumplir ni un año prisión debido a que el Código Procesal Penal faculta a que los jueces puedan declarar la suspensión condicional o total de la pena cuando la condena sea inferior a los cinco años de reclusión.

Contradicción

En la propuesta, habría una contradicción, debido a que para el delito base, corrupción, se contempla una pena de hasta tres años, sin embargo, para otras conductas que se tipifican junto a ese delito como enriquecimiento ilícito, malver- sación de fondos, tráfico de influencias, cohecho, obtención ilegal de beneficios económicos, conflicto de intereses, la sanción va de cuatro a diez años de reclusión mayor además de una multa.

“Poner como penalidad de dos a tres años por corrupción, ¡eso es incentivar la corrupción! Y más aun cuando ni siquiera ese artículo establece como parte de la pena, la incautación de los bienes. Es decir, no solamente le bajaron la pena en un código donde se están subiendo la pena a todos los delitos, sino que tampoco es parte de la sanción poder recuperar los bienes producto de las actividades ilícitas ¡eso es totalmente insólito!”, enfatizó Castaños Guzmán.

Servio Tulio espera que la comisión de justicia reconsidere su planteamiento y antes de presentar la instancia para una aprobación en segunda lectura, se subsane esa debilidad. “Uno aspira a que eso se corrija ahora en la comisión de justicia para que cuando pase a la segunda lectura se apruebe de manera correcta”, refirió.

Pepca introduce 150 nuevas pruebas en juicio Odebrecht


La Procuraduría General de la República informó este jueves que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional incorporó más de 150 nuevas pruebas en el juicio de fondo contra los implicados en los sobornos distribuidos por Odebrecht en República Dominicana.

Al ofrecer detalles del avance del proceso a la prensa, la fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz destacó que fueron incorporadas por lectura tres comunicaciones de Odebrecht en la que la empresa afirma haber realizado transacciones a compañías del imputado Ángel Rondón Rijo.

Ortiz explicó que esas transacciones fueron realizadas desde el Meinl Bank, “que es un banco constituido por Odebrecht y que los testigos de Odebrecht confirmaron que era el banco del cual se realizaban las transacciones del Departamento de Operaciones Estructuradas para los pagos de sobornos”.

Mediante una nota de prensa, la fiscal Ortiz sostuvo que “cuando los abogados de la defensa pretenden proyectar que desconocen esa realidad, faltan a la verdad de lo que está ocurriendo en el tribunal”.

Según dijo, las comunicaciones de la constructora incorporadas al proceso “reflejan las transacciones del depósito de dinero para sobornos desde Odebrecht hacia las empresas del imputado Rondón Rijo y que iba a parar a los bolsillos de funcionarios públicos en República Dominicana”.

Detalló que la mayor parte de las 150 nuevas pruebas incorporadas por lectura, la mayoría fueron estipuladas (no leídas), aunque las comunicaciones de Odebrecht sí fueron leídas de manera íntegra en el tribunal.

La magistrada Mirna Ortiz, quien forma parte del equipo de fiscales que representa al Ministerio Público en el juicio, insistió en que en esas comunicaciones se reflejan las referidas transacciones.

“El Ministerio Público sigue firme en la presentación de sus pruebas y con lo ya presentado hasta el momento, nosotros aseguramos que no quedará otra solución que una sentencia condenatoria”, resaltó.

Las nuevas pruebas se suman a otras 545 evidencias y 21 testigos a cargo incorporados.

En la audiencia de este jueves el tribunal rechazó parcialmente una objeción presentada por la defensa del imputado Rondón Rijo a una de las pruebas, estableciendo las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, que en ese caso no se vulneró ninguna garantía del debido proceso que justifiquen la exclusión de la evidencia.

En esta fase del proceso el Ministerio Público presenta las evidencias de manera individual en contra de cada uno de los imputados de recibir y repartir dinero de los US$92 millones que distribuyó Odebrecht para agenciarse la adjudicación de obras gubernamentales en la República Dominicana, detalla la nota.

Además de Ángel Rondón Rijo, también son procesados por este caso, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón y Roberto Rodríguez Hernández, quienes son acusados de violar el Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, y la Ley 448-06, sobre Soborno.

El órgano del sistema de administración de justicia destacó que las pruebas del proceso son contundentes y tienen méritos para lograr que contra los imputados se dicte una sentencia condenatoria como reclama toda la sociedad dominicana.

Estampida humana deja 38 muertos en festividad religiosa en Israel


Al menos 38 personas murieron tras una aparente estampida humana esta madrugada, cuando decenas de miles de judíos celebraban la festividad de Lag Baomer en el norte de Israel, en un evento que fue el más concurrido en el país desde el inicio de la pandemia de COVID-19.

Casi cuarenta asistentes murieron aplastados y más de cien resultaron heridos. Decenas están en situación crítica, según los servicios de emergencia, que evacuan a los afectados para recibir atención médica y han instalado un hospital de campaña tras uno de los incidentes más trágicos de la historia reciente de Israel.

Se desconoce aún la causa exacta que causó el accidente. Podría haber sido por un escenario que se derrumbó, a lo que se habría añadido la aglomeración de gente en el área, concretó a Efe un portavoz del servicio de emergencias israelí United Hatzalah.

’Nuestros voluntarios en la zona explican que hubo un colapso debido al hacinamiento y las personas se cayeron unas encima de otras', lo que provocó que muchos 'huyeran del lugar' y se encontraran en una situación de mayor saturación, agregó.

La festividad de Lag Baomer, en la que participaron decenas de miles de judíos ultraortodoxos que marcaban la celebración con cánticos y bailes en el Monte Merón de Galilea, se hizo sin grandes restricciones después de que Israel haya vuelto a una normalidad casi completa tras una veloz vacunación contra el coronavirus.

El Ejército israelí se desplazó para ayudar en la evacuación de heridos y proporcionar 'tratamiento médico' sobre el terreno.

Según medios locales, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó el incidente como 'un terrible desastre'.

Botello llama a una nueva manifestación por entrega de fondos de pensiones


El diputado Pedro Botello (La Romana) no ceja en su lucha por lograr que las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP) de los trabajadores entreguen un 30 % de sus fondos a este sector para enfrentar la crisis económica generada por el COVID-19 y este jueves convocó a una marcha.

Con el lema “patria o muerte”, el legislador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) llamó a los empleados a unirse en su reclamo, el cual afirma que tiene un año, tiempo en el cual se han escenificado varios conflictos, algunos con violencia frente a la sede del Congreso, que lo han involucrado. Incluso, fue citado por la Comisión de Disciplina de la Cámara Baja, cita a la que no acudió.

La manifestación es para este sábado uno de mayo, Día de los Trabajadores, en el parque Independencia, del Distrito Nacional, desde las 9:00.

A su exigencia del 30 % de los fondos de pensiones, Botello se pronuncia contra la alegada intención de las AFP de pedir elevar a 73 años la edad para el retiro.

“Dile no a las injusticias de las AFP, 73 años para recibir una pensión basura es una condena de muerte”, acotó el congresista en su cuenta de Twitter @PedroBotelloRD.

“Lo peor de todo es que las AFP juegan a la estupidez del pueblo, le hablan de 65 a 73 años cuando la ley habla que la edad de retiro es de 60 años. …algún día se la verán con el pueblo cuando termine el teteo, el molineo, el chupeteo …”, dijo en otro mensaje.

El dato de que la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (Adafp) propuso elevar la edad de retiro lo reveló Agustín Burgos, presidente de la comisión bilateral que estudia la modificación de la Ley de Seguridad Social 87-01.

“Ellos están planteando que el retiro se haga de acuerdo a la expectativa de vida al momento de nacer, a los 73 años”, dijo el legislador.

“La base de sustentación de su propuesta es que eso se ha estado modificando en otros países, que se toma como referencia la edad y la expectativa de vida, pero tiene también la particularidad de que una persona, a partir de los 55, 57 años pueda adquirir una parte de la pensión”, agregó Burgos.

Protesta frustrada

Botello había convocado a una manifestación frente al Congreso Nacional el pasado 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional, y en el momento en que el presidente de la República, Luis Abinader, rendiría sus primeras memorias. Ante los reclamos de sectores, la canceló y semanas después escenificó un enfrentamiento verbal con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

Nuevo Código Penal establece las penas por corrupción serán por cúmulo


El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, salió la noche de este jueves al frente a las críticas que ha recibido la modificación aprobada al Código Penal y aclaró que el delito de la corrupción, tipificado en la pieza, puede implicar sanción de hasta 60 años de prisión, dependiendo del ilícito en que incurra el infractor.

El congresista hizo el planteamiento ante la aseveración de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) de que la modificación que se hizo al CP establece penas blandas para la corrupción y aseguró que el artículo 303 del proyecto de ley contempla que se castiguen con penas de 2 a 3 años los delitos simples por ese flagelo.

Jiménez aseguró que no es como se está diciendo que castiga la corrupción con solo de dos a tres años.

“En el tema de la corrupción, el que cometa un ilícito penal va a tener en el menor de los casos 21 años de prisión, en el mayor de los casos va a estar entre 53 a 60 años, porque hay cúmulo de penas, son infracciones reales y dentro de ese capítulo, para haber corrupción tiene que haber la concusión y cuando se da concusión, se da malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y el cohecho activo”, explicó el legislador en una nota de prensa.

Jiménez resaltó que el artículo 303, que habla sobre la corrupción, no se configura solo y enfatizó que para haber corrupción tiene que haber un cohecho activo o debe haber un tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito o malversaciones de fondos.

En ese sentido, destacó que cada uno de esos ilícitos, conllevan sanciones que van de cuatro a diez años de prisión.

También puso como ejemplo el caso del robo, aclarando que este delito empieza con sanciones leves y luego continúa con castigos más fuertes.

“En el caso del robo, el primero es el robo normal, el segundo es el robo agravado, el tercero es el robo con violencia y asesinato y eso es así, eso pasa en todos los artículos del Código”, precisó el diputado en una nota de prensa.

Además, Jiménez resaltó que se dio aquiescencia a la Comisión de Justicia para que hiciera algunas modificaciones, las cuales no se pudieron realizar el mismo día de la aprobación por el ambiente existente en el hemiciclo.

“Por esa razón, el informe aprobado en primera lectura fue enviado a comisión a un plazo de 15 días para poder escuchar las sugerencias que puedan surgir”, dijo.

Destacó que en los próximos 15 días la Comisión de Justicia recibirá las opiniones de los legisladores, así como de las de organizaciones y personas interesadas. La primera semana será para escuchar a los diputados y la segunda para oír a las asociaciones e instituciones que tengan que ver con la justicia o particulares, de manera que todo el que quiera pueda expresarse, agregó.

“El informe aprobado por la comisión, que ya es lo que aprueba el hemiciclo, fue enviado a la Comisión de Justicia con un plazo de 15 días, por lo que tendremos las próximas dos semanas para hacer modificaciones y después vuelve para segunda lectura y de ahí al Senado”, dijo Jiménez.

Continuarán las lluvias sobre territorio nacional por efectos de una vaguada

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La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que producto de una vaguada y los campos nubosos arrastrados por el viento del este/noreste, continuarán ocurriendo aguaceros que pueden ser moderados en puntos aislados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento dispersas en las regiones nordeste, sureste, cordillera Central y el suroeste.

Para este viernes la vaguada persistirá sobre República Dominicana, por lo que, seguirán los incrementos nubosos acompañados de aguaceros locales aisladas tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia las regiones noreste, sureste, suroeste y la cordillera Central.

Este fin de semana, la humedad sobre el territorio nacional experimentará una reducción.

No obstante, la vaguada sobre Puerto Rico en adición al arrastre del viento de componente este/noreste han de provocar algunos nublados con chubascos locales y la probabilidad de aisladas tronadas sobre sectores de las regiones nordeste, cordillera Central siendo más dispersos en el sureste y norte, informó Meteorología.

En oficinas donde operan negocios de la pastora se tiene la orden de permanecer en silencio


En la avenida Ortega y Gasset esquina calle 34-A, segundo nivel, en la barriada de Cristo Rey, operan las oficinas de Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como la pastora, imputada por el Ministerio Público de ser miembro de una supuesta red que estafaba al Estado requisada a través de la Operación Coral.

Al llegar al lugar, uno de los empleados, que no quiso identificarse, solo dijo a Diario Libre que tienen prohibido ofrecer declaraciones, pero que estas son las oficinas de la también asimilada de la Policía Nacional.

El local ubicado en un segundo piso de la citada vía, comparte varias oficinas. Una de ellas, el Consorcio Guzmán y Asociados.

También opera allí, Único Real State e Inversiones que trabaja con asuntos jurídicos, inversiones en general, compra y venta de vehículos y alquiler y administración inmobiliaria. Esta es una de las empresas que el Ministerio Público le atribuye a la pastora.

Asimismo, comparte piso la empresa Inverosa, que también trabaja con asuntos jurídicos, préstamos en general y financiamiento de vehículos. Igualmente, Inverosa es otra de las empresas mencionadas en el expediente, como parte del entramado de supuesta corrupción que lideraban el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres, y la pastora Guzmán.

Mediante la Operación Coral, el pasado sábado 24 de abril, fueron apresados el general Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Antonio Flete, y el coronel Rafael Núñez de Aza y el teniente coronel Raúl Alejandro Girón Jiménez.

En oficinas donde operan negocios de la pastora se tiene la orden de permanecer en silencio

Al grupo se le acusa de distraer del Estado más de RD$3,000 millones mediante diferentes actos de corrupción, entre los que está falsedad de escritura, creación de empresas fantasmas para hacerlas pasar por organizaciones no gubernamentales, usar “prestanombres” para designar personas en funciones en el Gobierno, quienes tenían que entregar el 80 % de sus salarios, entre otras acusaciones.

La solicitud de medida de coerción contra vinculados en Operación Coral fue aplazada para este viernes 30 de abril a las 10:00 de la mañana.

La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicita un año de prisión preventiva contra los implicados.

 

Abinader se reúne con 201 juntas de vecinos de San Juan; anuncia proyectos y escucha sus necesidades


El presidente Luis Abinader se reunió este jueves con representantes de 201 juntas de vecinos de San Juan de la Maguana, a quienes informó que el gobierno iniciará en esa provincia una serie de proyectos que generen empleos y mejoras significativas en el área de la salud.

El jefe de Estado anunció también, que para los ciudadanos de esta provincia, se creará una red oncológica y de traumas para ayudar a las personas que sufran accidentes de tránsito en San Juan de la Maguana y otras ciudades, parajes y municipios cercanos para que así los casos de coaliciones graves puedan ser reducidas.

Respecto al Hospital de San Juan, dijo que no pasará un año para que las autoridades gubernamentales mejoren significativamente este centro de salud y convertirlo en un hospital del tercer nivel.

Se priorizará los problemas del agua y salud.

El presidente Abinader dio estas informaciones durante un encuentro con juntas de vecinos de San Juan en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.

Asimismo el mandatario indicó que se dará prioridad a resolver los problemas de agua potable y la eliminación de las aguas residuales en la comarca sureña.

En torno al problema de viviendas, el primer mandatario ordenó al Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) evaluar y estudiar los problemas que afecten a la provincia con el tema de viviendas para ofrecer soluciones.

Igualmente, dijo que se trabajará en el desarrollo de pequeñas obras y se procederá a financiar a pequeños productores de invernaderos así como la entrega de títulos de propiedad a personas que por años han habitado terrenos sin tener ningún tipo de documentación.

Se crearán pequeños acueductos

Informó que se crearán pequeños acueductos en lo que se solucionan los problemas de las presas de San Juan y Sabaneta.

El jefe de Estado ordenó a la ministra sin Cartera, Geanilda Vásquez, para que dé seguimiento a las comisiones que se encargarán de buscar soluciones a los problemas de San Juan.

Algunas de las demandas de los comunitarios fueron construcción y asfaltados de calles; escuelas, suministro de agua potable, construcción de estaciones de bomberos, centros de atención primaria e instalación de farmacias del pueblo.

También, construcción de puentes, cementerios, arreglo de cañadas así como reconstrucción de viviendas.

El presidente Luis Abinader se reúne todos los jueves con juntas de vecinos de diferentes puntos del país, y al mismo tiempo, viaja a las provincias para sostener un cara a cara con los pobladores de las distintas ciudades con el objetivo de buscar soluciones a las problemáticas que ocurren en ciudades, comunidades, parajes y municipios.

Hablaron a nombre de sus comunidades, Alexandra Moreta, presidenta de la junta de vecinos La Altagracia; Marcelino Valenzuela Pérez, presidente de la junta de vecinos La Milagrosa; Leonardo Castillo Jiménez, El Manguito y Bohechío y Luis Montero Mateo, presidente de la junta de vecinos Los Cartones, Vallejuelo.

También,  Rafael Domingo Ogando Beriguete, presidente de la junta de vecinos Unidos para Triunfar, El Cercado; Samuel Ledesma, Alianza Comunitaria Batalla de Santomé, San Juan de la Maguana; Wagner Pérez Cedano, Cristo Viene; Leonor Ramírez Rodríguez, presidente de la junta de vecinos Magisterial Nuevo Esplendor, San Juan de la Maguana.

Asimismo, Francisca Amador Bermúdez, presidenta de la junta de vecinos ministerio Integral Pan de Vida, Juan de Herrera y Fernando Dotel Lapaix, presidente de la junta de vecinos Nueva Esperanza en Juan de Herrera.

Funcionarios Presentes

Acompañaron al mandatario, los ministros Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Salud Pública, Daniel Rivera; de Obras Públicas, Deligne Ascención y de Deportes, Francisco Camacho.

También, Dio Astacio, enlace del Poder Ejecutivo y la comunidad cristiana; Aníbal Belliard, director general de Operaciones de la Presidencia; Ángel de la Cruz, presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial y Rolfi Rojas, presidente de la Comisión Presidencial para el Apoyo Barrial.

Además, el vice ministro administrativo, Igor Rodríguez; el director de la Policía Nacional, Edward Sánchez; el director del Instituto Nacional de Aguas Potables, Wellington Arnaud; el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Olmedo Caba; la directora del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, Besaida Santana y el director de Promese, Rafael Adolfo Pérez.

De igual modo, el director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, Efraín Toribio; el director del Inespre, Iván Hernández, así como representantes de Edesur y Educación.