Luego de confirmar que el video musical con contenido vulgar fue grabado en una escuela del municipio Santo Domingo Este, el Ministerio de Educación (MINERD) informó este martes la suspensión de sus  funciones a varios servidores del centro, incluyendo coordinadores y personal administrativo. También interpondrá la denuncia ante el Ministerio Público.

En una nota de prensa indica que la suspensión es para fines de investigación, y que a esas personas se le atribuye responsabilidad por el uso indebido de las instalaciones escolares. Aunque no dice la escuela, el vocero de la Policía informó el lunes que fue un plantel del sector Invivienda, donde Pamela Sandobal, conocida como Shupamela y Darielis Marchena (Menor Queen) firmaron el video.

El Minerd señaló que esta acción constituye una violación directa a la formación y educación en valores, así como a la integridad y al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

En ese sentido, “el Ministerio de Educación informó que está procediendo a interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, a fin de identificar la totalidad de los responsables, así como los grados de responsabilidad penal de todos y cada uno de ellos”.

Pide prohibir ella difusión del material

La cartera educativa adelantó que solicitará a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos la prohibición total de la difusión del material grabado, a fin de evitar que continúe circulando y afectando a la comunidad educativa y a la sociedad en general.

La institución anunció la conformación de una comisión especial encargada de revisar la ley vigente y proponer recomendaciones que permitan endurecer las sanciones aplicables en casos similares, a fin de reforzar la protección de los espacios escolares.

El Minerd reiteró que no tolerará bajo ninguna circunstancia el uso indebido de los centros educativos. La institución subrayó que estas medidas, más allá de su alcance administrativo, envían un mensaje claro: los planteles escolares son espacios sagrados e inviolables, dedicados exclusivamente a la enseñanza y la formación en valores.

Los asesinatos planificados desde las cárceles dominicanas son la historia de nunca acabar. El pasado día 20 de septiembre un hombre fue ultimado por dos sicarios en el sector Capotillo, Distrito Nacional. Según las autoridades, el crimen fue planificado por un preso preventivo del penal de San Pedro de Macorís, quien también "coordinó, desde prisión, la entrega del arma" con la que se ejecutó la muerte.

El homicidio agravado de Edwin Antonio Berliza Sosa se produjo mientras está en vigencia a medias otro de los proyectos que se han venido anunciando desde hace más de 10 años para evitar esos crímenes desde los centros de reclusión, el bloqueo de la señal telefónica.

Según la Fiscalía del Distrito Nacional, el preso preventivo Wandy Javier Monegro Valdez y/o Winder Javier Montero Valdez, alias Winderson, quien está tras las rejas por otro homicidio, ordenó mediante llamada de WhatsApp entregar una pistola y 20,000 pesos para que asesinaran a Berliza Sosa.

Para ello contactó por la mencionada App al imputado Lander Balbuena, alias Landy, para que entregara el arma y el dinero a Raúl Ernesto Montero García, alias Maicol, quien, posteriormente, la puso en manos del prófugo Raúl Balbuena Doñé, alias Wilkin Maldad, a quien se señala de ser responsable de los disparos que acabaron con la vida de la víctima.

En la solicitud de medida de coerción, los fiscales señalan que Wilkin Maldad, y Elisson Eduardo Cruz Jiménez, alias Manolo, llegaron en una motocicleta a la intersección de las calles Josefa Brea y Nicolás de Ovando, en Capotillo, en horas de la tarde del 20 de septiembre. "Maldad" descendió y disparó dos veces contra Edwin Antonio Berliza Sosa.

El crimen se grabó

La fiscalía dice que cuenta con los vídeos captados por las cámaras de seguridad que registraron el asesinato, así como con testigos presenciales. Tras cometer el crimen, según los fiscales, Montero García recogió a Wilkin Maldad en un vehículo, mientras Elisson Eduardo Cruz Jiménez, alias Manolo, los seguía en la motocicleta.

Este lunes, estaba programada la audiencia de conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Montero García y Cruz Jiménez, pero se postergó para el jueves, a las 9:00 de la mañana, a petición de las defensas. No se ofreció más detalles sobre el preso preventivo que planificó la muerte y tampoco de Lander Barbuena.

Otros crímenes

Entre los últimos crímenes que se ejecutan en las calles y en los que se involucra a internos de las cárceles, están el del abogado Santiago Reyes, conocido como "Chaguito", ultimado de varios disparos mientras se desplazaba en un vehículo por la carretera La Ciénaga, al norte de Santiago, el 23 de enero del 2024.

También en el atentado al expelotero David Ortiz se señaló a dos reclusos de la cárcel de Azua por organizarlo, en junio del 2019. Uno de esos reos fue José Eduardo Ciprián Lebrón, alias Chuki, quien fue condenado a 10 años por el disparo que recibió el Big Papi y que casi termina con su vida.

A final del año pasado Ciprián Lebrón obtuvo libertad condicional y fue ultimado el pasado 1 de septiembre por dos hombres que se trasladaban en una motocicleta. En el tiroteo también murieron otros dos hombres.

Último plan de bloqueo

Hace justamente un año se anunció el último plan de bloqueo de señales telefónicas en los diferentes centros de reclusión del país con un plan piloto que arrancó en enero de este 2025 en cuatro cárceles.

El programa, según el presidente del Indotel, Guido Gómez, se ejecuta ya en cinco penitenciarías, pero solo se han identificado la del El Pinito (La Vega), Kilómetro 15 de Azua, Anamuya (Higüey) y Rafey (Santiago).

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) publicó este lunes en el portal de Compras y Contrataciones Públicas una convocatoria para contratar una plataforma tecnológica destinada a gestionar las autorizaciones de medicamentos de sus afiliados, con un presupuesto estimado de 198 millones de pesos.

La licitación, identificada con la referencia ARS Senasa-CCC-PEEX-2025-0004, se realiza en momentos en que la entidad está bajo una crisis institucional y en medio de un proceso de investigación por parte del Ministerio Público por irregularidades detectadas en la institución.

La referencia indica que las propuestas podrán recibirse desde este lunes 29 de septiembre, a partir de las dos de la tarde, hasta el lunes 20 de octubre a las nueve de la mañana.

Ese mismo día, a las diez de la mañana, se procederá a la apertura de las ofertas técnicas y económicas en el salón Cosenasa, ubicado en la sede administrativa y financiera de la institución, en el ensanche Naco.

De acuerdo con los documentos de la convocatoria, el presupuesto base para esta contratación asciende a 66 millones de pesos anuales (unos 5.5 millones mensuales), con una duración de 36 meses, que totalizan los 198 millones.

El criterio de adjudicación podrá ser por menor precio, siempre que la propuesta cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones.

• La adjudicación se hará por la totalidad de los servicios solicitados.

La plataforma deberá supervisar la dispensación de medicamentos, registrar la facturación de los prestadores farmacéuticos, auditar reclamaciones y garantizar la interoperabilidad entre Senasa, su red de farmacias y los afiliados.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este lunes que, durante el año 2024, cerca del 90 % de los recursos recibidos por la renegociación del contrato de concesión con la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) se destinó a solventar gastos corrientes y al déficit del SENASA.

De acuerdo con la organización opositora, los registros del Sistema Integrado de Información de la Gestión Financiera (Sigef) establecen que, el año pasado, 40,132 millones de pesos fueron usados en gasto corriente, subsidios, programas sociales y otros planes no previstos, incluyendo una asignación de 1,000 millones a instituciones públicas para el régimen subsidiado del SENASA.

Al considerar el escándalo que envuelve a la aseguradora estatal, y que el Gobierno ha indicado que desde noviembre de 2024 solicitó al Ministerio Público investigaciones ante indicios de graves irregularidades, el partido expresó que se trata de una conducta inaceptable.

"Este manejo de los recursos públicos es inaceptable. Se evidencia de manera clara la improvisación, la falta de transparencia, la ausencia de planes de trabajo estructurado para solucionar los problemas estructurales de la nación y la inconsistencia entre lo anunciado y lo ejecutado", afirmó Carlos Manzano, titular de la Secretaría de Administración Pública del PLD.

No se han ejecutado las obras

El cuestionamiento por la renegociación del contrato para la administración y gestión de seis aeropuertos del país no solo se refiere a la ejecución de esos fondos. El PLD criticó que los 775 millones de dólares, equivalentes a 44,592 millones de pesos, entregados como adelanto por el acuerdo, no se utilizaron para los fines previstos.

"El presidente de la República informó públicamente que esos fondos serían destinados a obras de infraestructura que transformarían la vida de la gente. Dos años después, la realidad es otra: las obras prometidas no existen, y el dinero ya se gastó", manifestó.

Entre los proyectos anunciados y que aún no han iniciado, el PLD mencionó:

• La construcción del puente levadizo que sustituirá al puente flotante del río Ozama, con una inversión de 50 millones de dólares, equivalentes a 3,000 millones de pesos.
• El puente paralelo al Jacinto Peynado, que une la avenida Máximo Gómez con las Hermanas Mirabal en Santo Domingo Norte, con una inversión propuesta de 56 millones de dólares, correspondientes a 3,360 millones de pesos.
• El paso a desnivel de la carretera Sabana Perdida – La Victoria, en la intersección con la avenida Charles de Gaulle, anunciado por 30 millones de dólares, equivalentes a 1,800 millones de pesos.
• La "Unidad Traumatológica del hospital de San Cristóbal", que recibiría una partida de 900 millones de pesos.
• La solución vial de la avenida República de Colombia con Los Próceres, incluyendo un expreso hasta la avenida Jacobo Majluta, prometida por unos 6,480 millones de pesos.
• El asfaltado en La Caleta, Boca Chica y zonas aledañas al Aeropuerto Las Américas, con más de 21,000 millones de pesos prometidos; el PLD afirma que "apenas se ejecutaron 276 millones en Boca Chica".
• La construcción de la vía expresa desde la Plaza de la Bandera, pasando por la avenida Isabel Aguiar hasta la autopista 6 de Noviembre, en la que se invertirían 8,880 millones de pesos, de los cuales apenas se ejecutaron 1,265 millones con estos recursos.

Exsenador solicita explicación

El vicepresidente del PLD y exsenador de Elías Piña, Yván Lorenzo, volvió a exigir al presidente Luis Abinader y al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, una explicación por los 16 millones de dólares que Aerodom se comprometió a invertir en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) en un plazo no mayor a 18 meses tras la firma del contrato.

El dirigente político también calificó como una burla que la Comisión Aeroportuaria impusiera a la concesionaria una multa de cinco millones de dólares por la falla eléctrica de más de nueve horas registrada la semana pasada en el AILA. Añadió que la gravedad del asunto requería la rescisión del contrato.