El expediente judicial del Ministerio Público ha comenzado a arrojar detalles sobre el violento operativo ocurrido el pasado 10 de septiembre en la provincia Santiago, en el que cinco civiles fueron ejecutados a plena luz del día por agentes policiales, en el parqueo del centro comercial Corona Plaza, ubicado en la Avenida Olímpica, sector La Barranquita.

Como imputados por las muertes, calificadas por las autoridades como "ejecución extrajudicial", figuran 11 agentes policiales, incluyendo miembros activos de las unidades de élite de investigación de la Policía Nacional, a quienes se les atribuye responsabilidad directa en los hechos.

¿Quiénes son los imputados?

Álvaro Paredes Paniagua

Dominicano, mayor de edad. Rango: Mayor P.N.

Adscrito al Departamento de Crimen Organizado y Casos Complejos, Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).

José Ignacio Gómez Rodríguez

Dominicano, Capitán de la Policía Nacional, mayor de edad.

Adscrito al Departamento de Crimen Organizado y Casos Complejos de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).

Domingo De Los Santos Vargas

Dominicano, segundo teniente de la Policía Nacional, mayor de edad.

Adscrito al Departamento de Crimen Organizado y Casos Complejos de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).

Yohandy Encarnación

Dominicano, Cabo de la Policía Nacional, mayor de edad.

Adscrito al Departamento de Crimen Organizado y Casos Complejos de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).

Geyser Francisco Álvarez Rodríguez

Dominicano, Cabo de la Policía Nacional, mayor de edad.

Adscrito al Departamento de Crimen Organizado y Casos Complejos de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).

Adrián Miguel Villalona Pineda

Dominicano, Raso de la Policía Nacional, mayor de edad.

Adscrito al Departamento de Crimen Organizado y Casos Complejos de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).

Hansel Michel Cuevas Carrasco

Dominicano, Mayor de la Policía Nacional, mayor de edad.

Adscrito a la Subdirección Regional de Investigación Cibao Central de la Policía Nacional, en Santiago de los Caballeros.

Sócrates Fidel Feliz Feliz

Dominicano, Sargento Mayor de la Policía Nacional, mayor de edad.

Adscrito a la Subdirección Regional de Investigación Cibao Central de la Policía Nacional, en Santiago de los Caballeros.

Hairo Mateo Morillo

Dominicano, Sargento de la Policía Nacional, mayor de edad.

Adscrito a la Subdirección Regional de Investigación Cibao Central de la Policía Nacional, en Santiago de los Caballeros.

César Augusto Martínez Trinidad

Dominicano, Cabo de la Policía Nacional, mayor de edad.

Adscrito a la Subdirección Regional de Investigación Cibao Central de la Policía Nacional, en Santiago de los Caballeros.

José Octavio Jiménez Peña

Dominicano, Raso de la Policía Nacional, mayor de edad.

Adscrito a la Subdirección Regional de Investigación Cibao Central de la Policía Nacional, en Santiago de los Caballeros.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con el expediente presentado por la Fiscalía, el 10 de septiembre de 2025 los imputados José Ignacio Gómez Rodríguez, Domingo De Los Santos Vargas, Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez, Adrián Miguel Villalona Pineda y Álvaro Paredes Paniagua, adscritos al Departamento de Investigación de Crimen Organizado y Casos Complejos de la Policía Nacional, viajaron a Santiago para ejecutar un operativo relacionado con un supuesto caso de tráfico de armas.

Al llegar a la referida provincia, se trasladaron a la Subdirección Regional de Investigación de la Policía Nacional, punto de encuentro con los oficiales: Hansel Michel Cuevas Carrasco, Sócrates Fidel Feliz Feliz, Hairo Mateo Morillo, César Augusto Martínez Trinidad y José Octavio Jiménez Peña, todos miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).

Desde la dependencia policial, salieron en tres vehículos hacia la Avenida Olímpica, sector La Barranquita, a eso de las 2:15 de la tarde. Las cámaras del sistema 911 registraron su movimiento. Los policías estaban distribuidos en tres vehículos: una camioneta Toyota Hilux de color blanca, placa PP-0341, un carro Kia, modelo Rio, placa A690258 y un carro Toyota Yaris, placa A401356.

El recuento de los hechos establece que alrededor de las 2:22 de la tarde, llegó a la plaza el carro Honda Civic dorado, placa A576131, conducido por Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias "El Charly" o "Charli Chase"), hoy occiso.

Un minuto después, arribó el automóvil Kia blanco, placa A824816, propiedad de José Vladimir Valerio Estévez (occiso), quien se reunió con las demás víctimas que andaban a bordo del carro Mazda blanco, placa A302436 y quienes entraron al parqueo de la referida plaza.

A las 2:26 de la tarde, los policías se estacionaron frente a la plaza, bajaron de los vehículos y, sin mediar palabras, abrieron fuego contra las víctimas: Edward Bernardo Peña Rodríguez; Carlos Enrique Guzmán Navarro; Elvis Antonio Martínez Rodríguez; Julio Alberto Gómez (alias "La Tabla"); y José Vladimir Valerio Estévez.

Todos fallecieron por múltiples impactos de bala, según el informe fiscal. Durante el ataque también resultó herido el cabo Yohandy Encarnación. Varios testigos presenciaron el hecho, entre ellos José Manuel Peralta y Luis María Peña de Ortiz.

Una residente en un apartamento contiguo declaró que escuchó disparos y salió al pasillo donde vio cuerpos en el parqueo y grabó con su celular, pero varios de los imputados subieron a su casa y le quitaron su celular, observaron lo que había grabado y se llevaron el teléfono.

• Tras el tiroteo, los imputados sustrajeron equipos de video (DVR) y celulares de comercios y personas presentes en la escena, con el fin de eliminar evidencias que pudieran comprometerlos.

Investigación y evidencias colectadas

Agentes del Ministerio Público, la Unidad de Procesamiento de la Escena del Crimen (Policía Científica) y Dicrim realizaron el levantamiento de los cadáveres y el procesamiento de la escena.

En el lugar fueron halladas armas de fuego y proyectiles: un revólver calibre 38 marca Taurus, una pistola Browning calibre 9 mm, varios cargadores y casquillos de distintos calibres (5.56 mm, 45 mm, etc.).

Según el expediente, dentro del vehículo Kia blanco propiedad de una de las víctimas hallaron las siguientes armas:

• Una pistola marca Glock, calibre 45, serie núm. AFNP488, con su cargador y trece (13) cápsulas calibre 45
• Un fusil calibre 5.56, marca y serie no legibles, con su cargador siete cápsulas
• Una mini Uzi, calibre 9mm, marca y numeración no legibles
• En el cuadrante A-2 del lado izquierdo, específicamente en la consola cerca de la palanca de los cambios, un casquillo Cal. 9mm
• En el cuadrante C-1 un blindaje de proyectil
• En el cuadrante D 3 una cápsula para fusil mutilada Cal. 5.56
• En el cuadrante D-4, una cápsula para fusil Cal. 2.23.

Mientras que en el guía del carro Mazda, afio 2000, blanco, placa núm. A302436, en el que se transportaban varias de las víctimas, había residuo de pólvora (absorción atómica). En la puerta del copiloto le fue tomada la absorción atómica, en el cuadrante B-1 se colectó un casquillo Cal. 45, específicamente en el piso del lado derecho.

El 24 de septiembre de 2025, un magistrado del tribunal local recuperó un proyectil mutilado debajo de una piedra en el callejón lateral al lugar del crimen.

Los informes de autopsia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificaron muerte violenta por heridas de proyectil de arma de fuego para las víctimas, describiendo el mecanismo como shock hemorrágico.

La Fiscalía identifica los hechos como ejecuciones extrajudiciales ejecutadas por agentes policiales en ejercicio de funciones encubiertas. Se espera que los imputados sean sometidos por cargos que podrían incluir homicidio, violaciones a los derechos humanos, obstrucción a la justicia y asociación ilícita.

Organismos de derechos humanos han demandado una investigación independiente y transparente, debido a la magnitud del caso y la participación policial.

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que interpuso formal denuncia contra un ciudadano que cortó un cable del tendido eléctrico en el municipio Higüey, provincia La Altagracia.

Se trata de Eli Alberto Martínez Martínez, quien fue sorprendido el pasado 24 de septiembre cortando con un machete un cable triplex de distribución en la calle Francisco Peña Gómez, en el sector Jobo Jaguey.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, la acción del ciudadano provocó la interrupción del servicio eléctrico en la zona y puso en riesgo la seguridad de la comunidad, de las brigadas técnicas que trabajaban en el área y del propio agresor.

• Edeeste explicó que, al tomar conocimiento de la situación a través del personal de seguridad física en Higüey, procedió a documentar el caso y depositar la denuncia ante el Ministerio Público, conforme a lo establecido en los artículos 262 y 263 del Código Procesal Penal.

Investigación

El hecho quedó captado por cámaras de seguridad. Asimismo, la empresa indicó que aportó como evidencia un dispositivo de memoria USB que contiene imágenes del señor Martínez ejecutando la acción ilícita.

Además, solicitó a la Procuraduría Fiscal una investigación para reunir los elementos probatorios que permitan someter al acusado a la acción de la justicia y lograr su condena.

En tiempos donde la lectura convive con pantallas y clics, la literatura busca nuevas formas de permanecer, bajo esta premisa se desarrolló el coloquio “El poder de la presencia digital para tus obras” en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025, un diálogo donde panelistas de compartieron estrategias, experiencias y reflexiones sobre cómo los escritores pueden construir presencia en la era digital.

El encuentro contó con la participación de Winser Espinal y Patricia Rosado, representantes de Cultura Cómic, junto a Ely Alcántara, del proyecto Tragalibros. La conversación estuvo moderada por Estephany Then, creadora del proyecto ComicqueaRD, una plataforma de impulso cultural dedicada a fortalecer el cómic, la animación y los videojuegos como industrias creativas emergentes en el país.

Durante las intervenciones, se abordaron temas como: ventajas y desventajas de las redes sociales en la difusión literaria, técnicas y herramientas digitales de lectura que amplían el acceso a las obras. Además, las estrategias digitales para creadores de contenido literario, enfocadas en generar comunidad y fortalecer la identidad del autor en entornos digitales.

En su participación, Patricia Rosado, periodista y escritora, destacó que, “la presencia digital no sustituye la esencia de lo que escribimos, pero le da alas nuevas. Nos permite llegar a un lector que quizá nunca habría tomado nuestro libro en una librería, pero que se detiene unos segundos en un verso en Instagram, en un microcuento en Twitter o en un video breve en TikTok. Y ese instante de conexión también es literatura.”

Por su parte, Winser Espinal, investigador y narrador gráfico, advirtió sobre los retos que plantea la digitalización de la literatura, apoyándose en la obra The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains de Nicholas Carr, “la presencia digital es esencial para visibilizar la literatura y acercarla a nuevas audiencias, pero no podemos ignorar sus efectos. Como señala Nicholas Carr, la inmediatez y el bombardeo constante de información en internet están reduciendo nuestra capacidad de concentración y análisis profundo. Este es un reto que también vemos reflejado en la juventud dominicana y global: tenemos acceso a más textos que nunca, pero menos tiempo y paciencia para reflexionarlos. La literatura digital debe ayudarnos a equilibrar la rapidez con la profundidad.”

Durante el coloquio, Ely Alcántara presentó su proyecto Tragalibros como un espacio de acercamiento entre escritores y lectores, con recomendaciones y reseñas de literatura universal y dominicana, además de la conformación de un club de lectura. “Tragalibros busca ser un puente: un lugar donde los libros no solo se leen, sino que se conversan y se comparten. La digitalidad nos permite que la experiencia de leer se vuelva también una experiencia de comunidad.”, indicó.

Los panelistas coincidieron en que la presencia digital no solo potencia la visibilidad de las obras, sino que también abre oportunidades de interacción directa con los lectores, diversifica los formatos de la literatura (texto, audio, video, imagen) y asegura un legado cultural accesible para futuras generaciones.

La actividad se convirtió en un espacio de diálogo inspirador donde el público reflexionó sobre cómo la palabra escrita se reinventa en la era digital, manteniendo su esencia, pero encontrando nuevas formas de llegar al corazón de los lectores.

Con la voz entrecortada por la impotencia y el dolor, afiliados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera (Coop-Herrera) acudieron al Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste para seguir protestando por la pérdida de sus ahorros en el fraude que supera los 2,500 millones de pesos.

Jhoan Sebastian Mañaná dijo que fue a entregar personalmente en el Palacio una carta dirigida al presidente Luis Abinader, en la que suplican su intervención ante el fraude millonario que ha dejado en la ruina a cientos de familias.

"Esa carta yo mismo se la llevé a su despacho. Por favor, presidente, tómela y léala", expresó Sebastian, quien asegura que el caso ha destrozado los sueños de muchos dominicanos que confiaron sus ahorros a la entidad.

Con indignación, Leonidas Almonte, una de las afectadas, relató cómo su hermano, residente en Estados Unidos, trabajó durante años en condiciones difíciles para enviar dinero a la cooperativa, confiando en que podría disfrutar de una vejez tranquila.

"Mi hermano en Estados Unidos cogiendo frío, cogiendo lucha, trabajando en una bodega, reciclando, para mandar su dinerito para acá… y hoy no tiene ni un peso, ni un centavo", lamentó.

Fraude que supera los RD$2,500 millones

Las denunciantes cuestionan el papel del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), organismo que debía supervisar y proteger los recursos de los socios.

"¿Para qué tienen esa institución, para que roben más dinero?", se preguntó Mayra Villa Portorreal.

El caso de Coop-Herrera ha destapado un esquema de fraude que supera los 2,500 millones de pesos, según informaciones oficiales. El Idecoop intervino la cooperativa y nombró nuevas autoridades, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.

Pero más allá de los números, detrás de cada denuncia hay historias humanas de sacrificio, esperanza y pérdida. Son trabajadores, migrantes y envejecientes que confiaron sus ahorros de toda una vida, y hoy se quedaron con una mano delante y la otra atrás, enfrentando la incertidumbre de no saber si recuperarán lo que tanto esfuerzo les costó.

Las víctimas piden al presidente que no deje este caso en el olvido y que impulse acciones concretas para garantizar justicia y reparación.

En el proceso, que lleva cerca de tres años, hay 11 imputados. Hoy se conoce la audiencia preliminar del caso.

"Una vida de sacrificio perdida": el drama humano de los ahorrantes de Coop-Herrera

El abogado Seradio Peñaló describió con profunda indignación y tristeza el drama que viven cientos de ahorrantes afectados por el fraude millonario en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera (Coop-Herrera), una institución con más de seis décadas de historia, hoy sumida en la desconfianza y la desesperación.

Según relató, muchos de los socios pasaron más de 20 años depositando con esfuerzo el fruto de su trabajo en la cooperativa, convencidos de que su dinero estaba seguro.

"Son personas humildes que vendían café, arepas, jugos, té, que hacían conchitos para poder ahorrar unos cuantos pesos con la esperanza de tener un respaldo en su vejez", lamentó Peñaló.

Sin embargo, una nueva administración habría corrompido la gestión, provocando el colapso del sistema interno y dejando en la ruina a cientos de familias.

"Durante 60 años, esa cooperativa se mantuvo firme, pero llegó una gestión que lo destruyó todo. Se quedaron con los ahorros de gente trabajadora, honesta, que confió en ellos", denunció.

El abogado explicó que muchos de los afectados hoy enfrentan enfermedades y precariedad económica, sin recursos para comprar medicinas ni cubrir sus necesidades básicas.

"Es doloroso verlos aquí, enfermos, esperando justicia, cuando el dinero que perdieron era su único sustento", expresó.

Proceso judicial largo y complejo

Peñaló advirtió que, a pesar de que las querellas están siendo conocidas en los tribunales, el proceso judicial se ha tornado largo y complejo.

"Algunos llevan dos o tres años esperando una respuesta, pero siguen en el mismo estado de desesperación. Mientras tanto, su situación se agrava cada día", subrayó.

Ante este panorama, exigió la intervención del Estado, a través del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), para garantizar la protección y restitución de los ahorros.

"El Estado tiene la responsabilidad de velar por el sistema cooperativo. No importa el proceso judicial, hay que llamar a esos ahorrantes y devolverles su dinero. No pueden seguir pagando justos por pecadores", concluyó.

El procurador adjunto Wilson Camacho, director de la Procuraduría de Persecución del Ministerio Público, afirmó este viernes que las investigaciones realizadas en torno a la muerte de cinco personas en el sector La Barranquita, en la provincia Santiago, evidencian que se trató de una "ejecución extrajudicial".

El magistrado explicó que las pruebas recopiladas muestran que los imputados sustrajeron videos de la escena y recurrieron a diversas maniobras con el propósito de obstruir la investigación y ocultar la verdad sobre lo ocurrido.

"Desde el Ministerio Público tenemos la firme decisión de llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias", declaró Camacho.

• Advirtió que no van a permitir que hechos de esta naturaleza queden impunes.

Dijo que desde el órgano acusador procurarán justicia tanto para las víctimas como para sus familiares.

El director de Persecución ofreció declaraciones a los periodistas que cubren la fuente judicial, tras el aplazamiento de la medida de coerción contra los 11 agentes procesados en el caso, dispuesto por la jueza del Tribunal de Atención Permanente de Santiago.

Próxima audiencia

La audiencia fue fijada para el próximo jueves 9 de octubre, a las 9:00 de la mañana, con el propósito de otorgar a la defensa de los imputados el tiempo necesario para estudiar la acusación.

Camacho indicó que el Ministerio Público no se opuso a la solicitud de los abogados de los imputados, quienes pidieron un plazo adicional para analizar la gran cantidad de pruebas presentadas y discutirlas con sus representados.

 "A nosotros nos gusta ganar, y nos gusta ganar en buena lid", enfatizó.

Las muertes en La Barranquita, ocurridas el día 10 de septiembre, han generado amplia atención pública y cuestionamientos sobre el proceder de los agentes policiales implicados en el caso.

Una hija del narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña) fue detenida el miércoles tras ser vinculada a la red de estafa inmobiliaria desmantelada en la Operación Guepardo y por la cual hay varios apresados.

Samayra del Rosario Barreto es la última arrestada por el caso que se conoce en los tribunales de la región este por alegadamente ser parte del grupo de personas que crearon la empresa de nombre Novasco Real Estate, SRL, con fines de estafar a inversionistas extranjeros y dominicanos residentes en el exterior con interés en proyectos inmobiliarios para su retiro.

Su padre, Toño Leña, guarda prisión en Estados Unidos por narcotráfico desde el 2021 tras ser capturado en Colombia en el 2018. Es uno de los narcotraficantes más mencionados en los últimos años y al que se le atribuye el tráfico de más de 1,400 kilogramos de droga.

Otros arrestos

El miércoles, en horas de la mañana, se arrestó también, por la estafa inmobiliaria, y en varios allanamientos, a Loana Paola Guerrero Milián, quien fungía como contable de Novasco Real Estate, SRL, y al abogado Javier Gustavo Ulloa Bueno, quien, de acuerdo al órgano acusador, "utilizaba el terror para enfrentar a las víctimas que reclamaban la devolución de su dinero".

Asimismo, se detuvo a la master broker de los proyectos simulados Astrid Inmaculada Rydelis Bello.

Según el Ministerio Público, el fraude ascendió a más de 18 millones de dólares y se utilizó también la franquicia de RE/MAX, la cual adquirió la estructura para inspirar confianza entre sus víctimas.

Los apresados en un principio

• Por la estafa ya guardan prisión preventiva Marisol Nova Nolasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya e Yves Alexandre Giroux.

En espera de extradición

Otra de la implicada en Operación Guepardo es Loany Lismeiry Ortiz Nova, detenida en Colombia al momento de intentar cruzar Venezuela y se encuentra arrestada desde febrero de 2025, hasta tanto se conozca su proceso de extradición.