En la propuesta para un Pacto por el Agua elaborada por el Gabinete del Agua, el Gobierno dominicano ha expresado su interés en la construcción de diecisiete presas para responder a la demanda creciente de la agricultura, del turismo, de la industria y de la población, especialmente en las regiones hidrográficas atlántica y del este.
Ocho de ellas se comenzarían a desarrollar en la presente gestión, y las partidas presupuestarias de siete ya fueron definidas. Junto con los proyectos hidroeléctricos, de energía solar y eólicos, vinculados a la producción de agua, casi todas las provincias del país serían sembradas con 47 obras, a ejecutarse en 15 años con una inversión estimada de 3,433 millones de dólares.
Las autoridades proyectan partidas de cinco millones de dólares de aquí al 2024 para cada una de las presas a levantarse en los ríos Ámina, provincia Valverde; Joca, en Elías Piña; La Gina, en Peravia; Chavón, en La Romana; Yásica, en Puerto Plata y Soco en El Seibo. Para el alto Yuna se contempla una inversión de 270 millones de dólares de Alianza Público Privada, APP. Esta administración también aspira a dar el primer picazo para la presa en el río Haina.
Pero la mayor inversión en esas obras se programa para el próximo período de gobierno. Por ejemplo, para las presas Ámina, Joca y Chavón se proyecta invertir 69 millones de dólares en los cuatrienios 2024-2028 y 2028-2032 y 57 millones de dólares para el 2032-2036.
En el documento de compromiso que entregó el presidente Luis Abinader al Consejo Económico y Social (CES) para empezar a discutir lo que terminaría siendo el Pacto por el Agua, el Gobierno expresó la necesidad de construir otras 9 presas.
Entre ellas se proyectan dos para Santiago, en el arroyo Sato y el río Bao, y tres para San Juan, en Monte Mayor, El Yayal y Los Rulos. Otras cuatro sobre los ríos Nizao, en San José de Ocoa; Boba, en María Trinidad Sánchez; Los Limones, en Hermanas Mirabal y Caonabo, en Puerto Plata. Para esta última se establece una partida de 60 millones de dólares en el período de gobierno 2024-2028.
Alrededor de diecisiete proyectos hidroeléctricos se dedicarían a transformar la fuerza del agua en electricidad, algunos de los cuales necesitarán la construcción de nuevos embalses y otros serían instalados en presas existentes o por construir. Para ocho de ellos el Gobierno manifestó interés en presupuestar 16 millones de dólares, 2 millones para cada uno. Se trata de los proyectos hidroeléctricos Hondo Valle-Los Jiménez, Boba, Ámina, Alto Yuna, Los Mesas, La Diferencia, Jicomé y Cajuilito.
Uno de los puntos estratégicos donde se quiere instalar una hidroeléctrica es en la frontera domínico-haitiana, en la confluencia de los ríos Artibonito y Macasía, provincia Elías Piña, lo que ha implicado negociaciones entre ambas naciones. El presidente Abinader dijo que entre los proyectos a ser discutidos en la mesa técnica que sería creada para resolver el conflicto originado por la excavación de un canal de riego para conectarse al río Masacre en territorio haitiano, él tenía un especial interés en represar el Artibonito. Pero el diálogo bilateral se rompió y la mesa técnica no llegó a reunirse.
El Gabinete del Agua programó la hidroeléctrica en el Artibonito para la gestión 2032-2036, con una inversión de 325 millones de dólares. El ingeniero hidráulico Gilberto Reynoso, director ejecutivo del referido gabinete, afirma que el embalse se ubicaría dentro del territorio dominicano, pero aclara que este tipo de estructura no retiene el líquido, sino que lo deja pasar una vez atraviesa las turbinas de generación eléctrica.
El texto redactado por el Gabinete del Agua también enumera una serie de plantas de energía solar y eólica, algunas flotantes.
Muchos de esos proyectos no son nuevos, y han sido prometidos durante pasados gobiernos, pero su construcción nunca empezó. El presidente Abinader ha expresado su intención de que todos los sectores de la vida nacional firmen un compromiso de realizarlos sin importar el partido que esté en el poder.
Daño medioambiental
Interrumpir el curso natural de los ríos para estancar grandes masas de agua también tiene un impacto ecológico negativo. El asesor ambiental César Vargas, si bien reconoce la necesidad de asegurar la disponibilidad del agua para la gente, explica que en los embalses se produce una gran acumulación de materia orgánica que genera algas, proliferación de bacterias, putrefacción, mal olor y metano, lo que contribuye al calentamiento global (eutrofización).
También afecta la población de peces, impide que emigren desde el mar hasta el río, así como a las aves y vegetación. Estas estructuras producen una presión en el suelo que puede provocar movimientos telúricos.
En otro aspecto, el director del Caribe Central de The Nature Conservancy, Francisco Núñez, considera imprescindible preservar las cuencas. Recuerda que cuando no hay árboles, las lluvias corren rápidamente río abajo cargadas de sedimentos, además de que el flujo se corta cuando no hay precipitaciones.
Esta vez, el Pacto por el Agua expuesto por el Poder Ejecutivo en el papel incluye un programa de protección y conservación de cuencas hidrográficas. Además, se establece que un 7% del monto presupuestado para el desarrollo de proyectos de construcción, rehabilitación o mantenimiento de infraestructuras hidráulicas se dedique a la gestión ambiental y restauración de ecosistemas.
En la adecuación de cauces se gastarán 83 millones de dólares y en la conservación de las cuencas Yaque del Norte y Yaque del Sur unos 100 millones de dólares. Todo se haría en esta administración, finananciado con empréstitos.
