Con la consolidación de una mayoría oficialista en ambas cámaras desde el 2020, varias iniciativas enviadas por el presidente Luis Abinader han recorrido el Congreso Nacional en tiempos inusualmente cortos, algunas de ellas en cuestión de días, en contraste con otros proyectos que han permanecido años en discusión.
El caso más reciente sucedió con el proyecto de ley de las medidas fiscales, aprobado en el Congreso en solo seis días, pero existen otras iniciativas como la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia, la modificación a la Ley de Compras y Contrataciones o la reforma constitucional, que apenas tardaron menos de cinco días en ser sancionadas.
La arrolladora mayoría oficialista en ambas cámaras, sumada a procedimientos como las declaratorias de urgencia y las aprobaciones en dos lecturas consecutivas, facilitaron que varias iniciativas del Poder Ejecutivo se conviertan en ley con rapidez.
Uno de los casos más veloces fue la Ley 1-24 que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y que posteriormente fue eliminada por el Tribunal Constitucional.
La iniciativa fue depositada en el Senado el 8 de enero de 2024 y apenas dos días después, el 10 de enero, ya había sido aprobada, tras recorrer un trámite corto en la Cámara de Diputados.
Su rapidez generó cuestionamientos por el inusual consenso que unió a la oposición y al oficialismo, y posteriormente el Tribunal Constitucional anuló la ley precisamente por vicios en el procedimiento legislativo, ya que el proyecto fue aprobado como ley ordinaria cuando era una ley orgánica, además de contener artículos que vulneraban la libertad de prensa.
Proyectos fiscales y constitucionales
Otro caso reciente fue el proyecto de medidas fiscales de 2026. El proyecto fue sometido por el Poder Ejecutivo el viernes 12 de junio y para el jueves 18 ya había completado todo el trámite congresual que a otras iniciativas les toma años.
En ambas cámaras congresuales, el proyecto de medidas "anticrisis" fue aprobado gracias a la mayoría con que cuenta el PRM, ya que ningún legislador de la oposición respaldó la iniciativa con la que el Gobierno busca recaudar hasta 50,000 millones de pesos.
Algo similar ocurrió con la ley que declaró la necesidad de reformar la Constitución. El proyecto fue depositado el 27 de septiembre de 2024. Aunque se creó una comisión bicameral para estudiarlo, apenas cuatro días después, el 1 de octubre, la pieza ya había sido aprobada por el Congreso.
Después de aprobar la ley, sin el respaldo de la oposición, una semana después la Asamblea Revisora, compuesta por todos los diputados y los senadores, le dio luz verde a una nueva Constitución que impide la reelección consecutiva, unifica las elecciones y da más independencia a la elección del procurador de la República.
La modificación a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas también avanzó con rapidez. El proyecto fue introducido el 26 de mayo del 2025 y para el 21 de julio ya había sido convertido en ley, completando el proceso en menos de dos meses.
La fusión de los ministerios de Hacienda y Economía siguió una ruta similar. La iniciativa fue depositada el 25 de mayo de 2025 y el 18 de julio, en menos de dos meses, ya había sido aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo.
Fideicomisos e inversiones
En 2022, el Congreso también dio curso acelerado al proyecto de ley de fomento a la colocación y comercialización de valores de oferta pública en el mercado de valores dominicano.
La pieza, concebida para facilitar que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y otros inversionistas pudieran adquirir acciones de empresas cotizadas, fue sometida el 15 de junio y aprobada exactamente un mes después, el 15 de julio.
La Ley de Fideicomisos Públicos también avanzó en un plazo relativamente breve. Fue depositada el 2 de febrero de 2023 y aprobada el 16 de marzo del mismo año sin el respaldo de la oposición, que cuestionó el alcance de la ley y denunció que sería usada para privatizar algunos servicios públicos.
Otro de los proyectos que encontró una rápida aprobación fue la modificación al artículo seis de la Ley de Compras y Contrataciones. La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo el 7 de enero de 2021 y doce días después, el 19 de enero, ya había sido sancionada por el Congreso.
El objetivo principal de la pieza, como lo dicen sus propios argumentos, era garantizar una compra más expedita de las vacunas que serían aplicadas a los dominicanos para enfrentar el coronavirus.
En abril de 2022, en medio de las presiones por el aumento de precios de los alimentos, el Gobierno sometió un proyecto que establecía una tasa cero en el arancel de aduanas para determinados productos básicos. La pieza fue depositada el 6 de abril y aprobada 18 días después en ambas cámaras congresuales.
El control del PRM
La velocidad con la que han transitado estas iniciativas fue posible en un contexto en el que el PRM y sus aliados han mantenido el control de ambas cámaras legislativas desde el 2020.
Esa mayoría ha permitido al oficialismo aprobar proyectos bajo declaratoria de urgencia y en ocasiones en dos lecturas consecutivas, una práctica contemplada por la Constitución y los reglamentos congresuales, pero cuestionada por la oposición cuando se trata de piezas de gran impacto.
Desde la llegada de Abinader al poder, la mayoría oficialista garantiza una amplia capacidad de maniobra para el Poder Ejecutivo en el Congreso, facilitando que varias de sus iniciativas hayan recorrido el proceso legislativo en tiempos récord.
De hecho, una investigación de Diario Libre determinó que el Poder Ejecutivo sometió 25 proyectos de ley desde el 2024, de los que 17 ya fueron promulgados, mientras que los demás permanecen pendientes, fueron retirados o perimieron.
En contraste, el mismo registro evidencia que los legisladores depositaron 855 proyectos de ley entre ambas cámaras, de los que solo 52 lograron superar todos los trámites y ser aprobados por el Senado y la Cámara de Diputados.
