Santo Domingo.- Los 15 de los 26 imputados del caso Cobra 2.0-A vinculados a la estafa millonaria al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), entre los que figuran médicos y exempleados de la entidad, iniciaron el proceso para pagar la prima de la garantía económica impuesta por el tribunal.
Este pago oscila entre el 5 % y el 10 % del monto total dictado por el juez y se realiza mediante empresas aseguradoras contratadas a través de sus abogados o un familiar.
La noche del domingo, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso una garantía económica de dos millones de pesos vía aseguradora a los exempleados de SeNaSa Heidy Coronado Paulino y Lucreisy Polanco Núñez, así como a los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo y Víctor Felipe Rodríguez García.
La misma medida de dos millones de pesos fue dictada contra las doctoras Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Keila Beatriz Acosta Leonardo.
En tanto, a la doctora Martha María Saldaña se le fijó una garantía económica de tres millones de pesos mediante compañía de seguros. A todos estos imputados se les impuso, además, arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
Asimismo, el tribunal fijó un millón de pesos de garantía económica vía aseguradora a los médicos José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Diclo Garabito y Yocairis Antonia Méndez Beltré, junto con la obligación de presentación periódica e impedimento de salida.
Plazo para el pago de la garantía económica
El magistrado otorgó un plazo de siete días a los encartados beneficiados con fianza para hacer efectivo el pago de la prima. De no cumplir en este período, serán trasladados a los centros penitenciarios Las Parras y Najayo Mujeres.
¿Cómo funciona el proceso de garantía económica en República Dominicana?
En la República Dominicana, el pago de una garantía económica mediante empresa aseguradora consiste en abonar únicamente una prima (generalmente entre el 5 % y el 10 %, siendo esta última la tasa más habitual) sobre el total fijado por el juez, en lugar de depositar la suma completa ante el tribunal.
El procedimiento
El proceso inicia con la parte dispositiva de la decisión contenida en la resolución dada por el juez, quien impone la medida de coerción para garantizar la presencia del imputado en todas las citaciones.
El imputado, sus familiares o sus abogados acuden a una compañía de seguros autorizada para ofrecer pólizas de fianza judicial.
La aseguradora exige que el imputado sea respaldado por dos familiares o fiadores solidarios que firmen el contrato.
Se cancela el costo de la póliza que oscila entre el 5 % al 10 % del valor fijado por el juez. Este dinero no es reembolsable ni ingresa al tribunal, pues constituye el pago del servicio a la aseguradora.
La aseguradora emite el documento oficial de la póliza y el contrato, los cuales se presentan ante la secretaría del tribunal para tramitar la libertad del imputado.
La empresa asume la responsabilidad de presentar al imputado. Si este no acude a las citaciones o viola los requerimientos, la póliza puede ser cancelada y la aseguradora exigirá el pago total del monto a los fiadores.
Montos a pagar según la fianza fijada
A los que impusieron una garantía económica de RD$1,000,000: Aplicando una prima del 10 %, el imputado debe pagar RD$100,000 a la aseguradora. A los que impusieron una garantía económica de RD$2,000,000: Con una prima del 10 %, el pago asciende a RD$200,000.
A los que impusieron una garantía económica de RD$3,000,000: Con una prima del 10 %, el monto a saldar es de RD$300,000 (nota: corregido cálculo original).
En caso de conseguir una compañía con una tasa menor al 10 %, el costo de la prima será proporcionalmente más bajo.
Prisión preventiva para ocho imputados
Respecto a los ocho encartados a quienes se les impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción, el Ministerio Público avanza en el proceso de notificación a la Dirección General de Servicios Correccionales y Rehabilitación (DGSCR) para coordinar sus traslados.
Deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras los imputados Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y los médicos Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación.
En tanto, a la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y las doctoras Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista fueron remitidas al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
