Entre las características del entramado criminal figura la colocación de fondos millonarios en empresas dedicadas a la producción, estaciones de combustibles, financieras, dealers, compra de vehículos de lujo, de fincas, ganado, relojes costosos y otros.

Usaron documentos con falsedades para ocultar el rastro de su origen ilícito, compraron conciencias, lealtades e impunidad, e involucraron a decenas de personas, algunas que ostentaron cargos públicos.

Los criminales fueron ayudados por sujetos obligados, que obviaron su rol al servir a la estructura criminal, como abogados, entidades financieras y contadores públicos autorizados.

Los hallazgos fueron logrados tras esfuerzos en conjunto de los organismos de investigación y persecución nacionales e internacionales integrados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Fiscal de Santiago, la Administración de Control de Drogas (DEA), la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE) y la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).

Ayer, la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, reveló que varios legisladores están vinculados a la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada a través de la Operación Falcón y aseguró que oportunamente informará a la “sociedad los nombres de los legisladores involucrados”.

Informó que hoy el Ministerio Público solicitará ante la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez especial que lleve el control del proceso, por tratarse de una jurisdicción privilegiada.

La Directora General de Persecución del Ministerio Público precisó que se trata de una investigación compleja, que lleva bastante tiempo.

La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago aplazó para el próximo viernes 17 de septiembre la audiencia para el conocimiento de medidas cautelares contra los arrestados en la Operación Falcón,

La magistrada Iris Borges acogió la petición de los abogados de la defensa de reenviar la medida, para poder estudiar el voluminoso expediente de 111 páginas.

Se trata de 21 personas, arrestadas en más de cien allanamientos simultáneos que tuvieron lugar entre el miércoles y el sábado de esta semana en distintas provincias del país.

Erick Randhiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales, los señalados como líderes del grupo, están prófugos. La lista de encartados esta integrada por María Olimpia Tavares Rodríguez alias Oli La Princesa, Juan Maldonado Castro alias Marcial y o El Líder, exdirector de Comunidad Digna y exdiputado. Este último fue suspendido mediante un decreto.

En el expediente para la solicitud de la medida de coerción y la declaratoria de complejidad, el Ministerio Público revela que una persona identificada como Pirrín (apodo usado por el diputado perremeísta Héctor Féliz Féliz) recibió un millón de pesos del lugarteniente de la red de narcotrafico, Juan José de la Cruz Morales.

Reynoso había declarado sobre Féliz Féliz que éste trató de transportar a un extraditable del caso Operación Falcón con lo que pretendía impedir que fuera arrestado. Esa versión fue negada por el legislador, quien aseguró que este lunes se presentará a la Procuraduría General.

Además, entre las conversaciones revisadas se evidencia que Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), quien era chofer del exdiputado Juan Maldonado Castro, el 29 de mayo de 2021 tenía una identificación de la Cámara de Diputados. El Gordo funge como contable personal de Juan José de la Cruz Morales.

Ayer, el Partido Revolucionario Moderno respaldó las acciones tomadas por el gobierno de Luis Abinader para impulsar la consolidación del Ministerio Público independiente. Afirmó en un comunicado que “nunca antes se había librado tan contundente lucha contra la impunidad” en el país.

El abogado Carlos Salcedo propuso que los partidos políticos sean sujetos obligados a fin de que si no cumplen con los niveles de fiscalización necesarios se contemplen legalmente sanciones administrativas, civiles y penales a los que tengan que asumir los roles de investigación y depuración para evitar que candidatos y precandidatos sean financiados con recursos ilícitos. También, plantea que se establezca responsabilidad penal a las altas direcciones partidarias.

Para tales fines recomienda modificar la ley No. 33.18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. “Se dieron cuenta de que no solamente pueden actuar a través de terceros que están en el poder político con las estructuras del poder tradicional sino que era necesario infiltrarse mucho más y la infiltración tenía que ser legitimada por el voto popular”, expresó.

En tanto que elvicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo que ahora se presenta una “magnífica oportunidad” para que en la revisión al Código Penal se incluya la responsabilidad penal de los partidos y agrupaciones políticas.

Para él ya es hora de que los partidos políticos rindan cuentas a la sociedad sobre su compromiso de escoger las personas adecuadas para ser candidatos a cargos electivos y dirigir el Estado bajo el juramento de comprometerse con la erradicación de la corrupción, el tráfico de influencias y el imperio de la ley. “La Operación Falcón nos muestra asimismo lo peligroso que es la infiltración del crimen organizado en las estructuras de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y la necesidad de que se refuercen los controles para detectar a tiempo, impedir el acceso y castigar a quienes pretenden convertir al Estado en una estructura de apoyo a sus propósitos antinacionales”, expresa.

Favoreció, además, que se aprueben leyes como la de extinción de dominio.