Santo Domingo. – El próximo 19 de noviembre, la justicia dominicana conocerá una objeción que busca revertir el polémico archivo de una querella millonaria interpuesta por las entidades ilmex, LTD y Dolwen, LTD en la que se alega abuso de confianza, lavado de activos y asociación de malhechores.

En el epicentro del caso se encuentran figuras empresariales del país y del extramjero, incluyendo a Luis Jose Asilis Elmudesi, Luis J Asilis Cortina, el magnate internacional de nacionalidades jamaiquina y canadiense Michael Anthony Lee Chin y las entidades Grupo Metro, AIC International Investment Limited y Lajun Corporation.

La controversia central no radica solo en la presunta distracción y desvío fraudulento de nueve millones de dólares (US$9,000,000.00) pertenecientes a inversionistas extranjeros, sino en la forma en que fue archivado el expediente por parte del Ministerio Público.

Según la objeción, la fiscal Ivelisse Casado dispuso el archivo definitivo del expediente de manera sorpresiva. Esto ocurrió a pesar de la gravedad de los hechos denunciados.

Lee-Chin es presidente y director general de Portland Holdings Inc., su empresa de inversiones privadas. Posee el 60 % del National Commercial Bank (NCB) Jamaica, adquirido en 2002 y hoy el mayor banco del país. A través de Portland Holdings, mantiene una cartera diversificada con presencia en finanzas, telecomunicaciones, medios, turismo, gestión de residuos y en inversiones en generación eléctrica en República Dominicana.

Los querellantes denuncian que el caso fue cerrado "sin interrogar a nadie ni investigar los hechos denunciados", lo que motivó la acción de objeción que ahora busca reactivar el proceso penal.

El expediente detalla un presunto esquema de captación de fondos de alta complejidad. Los 9 millones de dólares habrían sido entregados a los querellados bajo la supuesta garantía corporativa del Grupo Metro.

La operación se instrumentó mediante "papeles comerciales", un mecanismo que, según la querella, no contaba con la autorización de las autoridades monetarias de la República Dominicana para captar fondos del público. Para asegurar la inversión, se ofreció además la "garantía" de los activos del grupo empresarial y sus empresas vinculadas descritas más arriba.

La querella describe un presunto "contubernio fraudulento" diseñado para vaciar e insolventar las empresas. Se acusa a los implicados de insolventar deliberadamente las entidades integrantes del grupo que servían de garantía, trasladando la propiedad de los activos valiosos a otras sociedades controladas por ellos mismos.

Esta maniobra, según los abogados de las víctimas, no solo buscaba dejar a los inversores extranjeros sin ninguna posibilidad de recuperar su dinero, sino que también configura, por sí misma, el tipo penal de lavado de activos, al intentar ocultar el destino de los fondos y los bienes adquiridos.

Un tribunal deberá ponderar si la decisión de la fiscal Casado de archivar el caso tuvo fundamento legal o si, por el contrario, existen méritos suficientes para reabrir la investigación y llevar a los imputados a juicio.

El resultado de esta objeción pondrá a prueba la confianza en el sistema judicial dominicano frente a crímenes financieros de cuello blanco que involucran a poderosos actores nacionales e internacionales.

Santo Domingo.– La primera dama de la República, Raquel Arbaje, resaltó los avances alcanzados en la reducción del embarazo adolescente en el país, asegurando que desde el año 2019 hasta la fecha la tasa ha disminuido en más de un 20%, como resultado de las políticas impulsadas desde el Gabinete de Niñez y Adolescencia y en coordinación con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).

Durante su intervención en el Panel Multisectorial Prevención de la Violencia sobre prevención de la violencia y uniones tempranas, Arbaje señaló que la erradicación del matrimonio infantil fue un paso significativo para el país, pero enfatizó que persiste el desafío de las uniones tempranas, las cuales continúan afectando el desarrollo integral de niñas y adolescentes.

“Estamos trabajando en políticas de uniones tempranas y embarazos en adolescentes. Hemos avanzado, pero aún persiste la práctica de las uniones tempranas, que muchas veces derivan en relaciones de violencia y dependencia”, expresó.

La primera dama compartió además reflexiones sobre el impacto social de las uniones a edades tempranas, señalando que muchas mujeres privadas de libertad reconocen haber cometido delitos en contextos de abuso y relaciones desiguales.

“La gran mayoría me ha dicho que incurrió en crímenes porque se unió temprano, su pareja abusaba de ella y decidió quitarle la vida”, relató Arbaje, al destacar la importancia de abordar el tema desde la prevención y la educación.

Arbaje instó a todos los sectores sociales a sumarse a los esfuerzos por garantizar la protección de la niñez y la adolescencia, enfatizando que esta causa debe trascender intereses políticos o religiosos.

“La vida de un niño la tenemos que defender con el alma. El Estado está para ayudar, pero todos tenemos responsabilidad”, afirmó.

Santo Domingo.– A lo largo de los últimos 25 años, la política dominicana ha estado marcada por una serie de escándalos vinculados al narcotráfico, que han salpicado tanto a dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como del Partido Revolucionario Moderno (PRM), generando desconfianza en la ciudadanía y cuestionamientos sobre los límites entre poder político y crimen organizado.

Los años del PLD

Durante los 20 años de gobiernos peledeístas, encabezados por los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, múltiples casos relacionados con el narcotráfico sacudieron la opinión pública y dejaron una estela de sospechas sobre posibles vínculos entre estructuras del crimen organizado y dirigentes políticos.

Uno de los primeros casos fue el de Óscar Ezequiel Rodríguez Cruz, narcotraficante extraditable que en 2004 emitió un cheque por 500 mil pesos a favor del entonces presidente Leonel Fernández.

A ese episodio se sumó el de Nelson Solano Guzmán, conocido como “El Zar de la Heroína”, quien fue señalado como patrocinador de la campaña presidencial de Fernández y llegó a ser fotografiado junto a él en 2008.

Otro caso emblemático fue el del empresario español Arturo del Tiempo, condenado en España por narcotráfico, considerado cercano al expresidente Fernández y nombrado policía honorífico. Su empresa construyó la Torre Atiemar, un proyecto financiado por Banreservas, cuyo primer picazo encabezó el propio mandatario.

Asimismo, el expediente de Ernesto Quirino Paulino Castillo, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, estremeció el panorama político tras sus acusaciones de vínculos con dirigentes del PLD y su reclamo público de una supuesta deuda al expresidente Fernández.

En esa misma etapa surgió el caso de José Figueroa Agosto, considerado el principal capo de drogas del Caribe. Durante años operó libremente en el país y se le atribuyó haber tenido como asistente de seguridad a un alto oficial de la Policía Nacional.

Ya en el gobierno de Danilo Medina, el escándalo más notorio fue el de César Emilio Peralta, alias “El Abusador”, quien fue capturado en Colombia y posteriormente extraditado a Estados Unidos. La periodista Carol Pérez reveló en una entrevista con el capo que éste “se sentía protegido por Danilo Medina” y que había financiado su campaña presidencial.

Los casos del PRM

Aunque el Partido Revolucionario Moderno ha basado su discurso en la transparencia y el combate a la corrupción, varios de sus dirigentes y funcionarios también han sido acusados o condenados por delitos de narcotráfico durante los últimos años.

Uno de los casos más sonados fue el de Yamil Abreu, exdirector municipal de Las Lagunas, Azua, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2020 acusado de tener vínculos con el Cartel de Sinaloa, en México. En ese momento era un dirigente activo del PRM y aspiraba nuevamente al cargo municipal.

También el exdiputado Miguel Gutiérrez fue arrestado en Miami en 2021 y condenado en 2024 a 16 años de prisión por traficar cocaína hacia Estados Unidos. Aunque el PRM solicitó sustituirlo en la Cámara de Diputados, no se ha informado que haya sido expulsado, como establecen los estatutos del partido.

En mayo de 2025, fue destituido Fabio Augusto Jorge-Puras, exasesor honorífico para las Zonas Francas, acusado por un jurado federal de distribuir cocaína entre República Dominicana, Colombia y Estados Unidos entre 2019 y 2020.

Otro caso es el de Gaspar Antonio Polanco Virella, exdirector de Servicios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional, señalado por autoridades estadounidenses como parte de una red internacional de narcotráfico. En octubre de 2025, viajó voluntariamente a Miami para entregarse a las autoridades.

A esta lista se suma Edickson Herrera Silvestre, regidor del PRM por el Distrito Nacional, quien se entregó en mayo tras ser acusado de integrar una red internacional de tráfico de cocaína. Fue suspendido en septiembre por el Consejo de Regidores del cabildo capitalino.

Igualmente figura Rosa Pilarte, exdiputada de Santiago y esposa de Miguel Arturo “Micky” López, también vinculado al crimen organizado. Fue condenada a cinco años de prisión por narcotráfico, lo que le impidió reelegirse en el Congreso.

Finalmente, en el 2021, los esposos Juan Maldonado y Faustina Guerrero Cabrera, dirigentes del PRM en El Seibo, fueron señalados en la Operación Falcón, una amplia investigación de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Maldonado fue suspendido como titular de la Dirección General Comunidad Digna.

La Junta Central Electoral (JCE) ratificó su posición a favor del uso del método D’Hondt en el reparto de escaños de las candidaturas plurinominales, posición que asumió, y no ha variado, desde el año 2021, cuando propuso modificaciones a las leyes 33-18, sobre Partidos Políticos, y 15-19, Orgánica del Régimen Electoral.

De esta manera, la JCE reafirma que el actual sistema de representación proporcional por listas es el más adecuado para la elección de diputados.

En esa ocasión, la JCE también sugirió eliminar el voto preferencial, mecanismo actualmente utilizado para escoger diputados, regidores y vocales.

Este planteamiento se recrea apropósito de la propuesta del presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, quien llamó a los partidos políticos, la JCE y otros sectores a revisar el método D’Hondt para buscar una distribución de candidaturas más equitativa entre las organizaciones políticas participantes.

El D’Hondt es una fórmula matemática que distribuye los escaños conforme a los votos obtenidos por cada partido, buscando mantener la proporcionalidad del sistema.

Si una organización política alcanza el 40 % de los votos, debería obtener una cantidad similar de escaños, mientras que una que reciba el 10 % tendría una representación equivalente.

En la práctica, este sistema tiende a beneficiar a los partidos mayoritarios, especialmente en las demarcaciones pequeñas, donde se eligen pocos representantes.

En esos casos, una organización con bajo porcentaje de votos tiene pocas posibilidades de lograr un asiento, por lo que sus sufragios pueden considerarse “desperdiciados”.

En sus argumentaciones, el órgano electoral ilustró que en una circunscripción con tres escaños, un partido necesitaría al menos un 25 % más uno de los votos para asegurar representación. Esto implica que los partidos con menos del 10 % difícilmente logren un puesto.

De las 49 demarcaciones electorales del país, 34 (69.39 %) son pequeñas con menos de cinco escaños, 14 (28.57 %) son medianas, entre cinco y diez, y solo una (2.04 %) es considerada grande, con once escaños.

Como ejemplo, la JCE citó una demarcación plurinominal pequeña, donde solo se escogen 2 candidatos a diputados, de la siguiente manera:

Los escaños fueron adjudicados al Partido B y al Partido D conforme a los resultados. En este caso, los partidos con 31.80% y 29.07% (60.87% en total) de los votos, obtuvieron cada uno el 50% de los escaños, es decir, el 100%.

En cambio, un 39.13% de los votos esparcidos entre las demás organizaciones políticas se consideran “desperdiciados” ya que quedarán sin representación por la poca capacidad de proporcionalidad que ofrece una demarcación pequeña.

Sin embargo, la proporcionalidad se ajusta en un distrito plurinominal grande, de 11 escaños, donde si puede favorecer a entidades minoritarias.

En esta demarcación, se le asignaron 5 escaños al Partido A, 5 escaños al partido B y 1 escaño al Partido F,

En el presente caso el 90.59% de los votos de la demarcación se tradujo en un puesto de elección popular, mientras que quedó sin representación únicamente el 9.41% de los votos.

De igual manera, el porcentaje de votos obtenido por las organizaciones políticas que accedieron al reparto tiene un mayor parecido al porcentaje de escaños que han obtenido.

La República Dominicana mostró avances en su capacidad institucional para enfrentar el crimen organizado, pese a un leve aumento en su nivel de criminalidad, según el Índice Global de Crimen Organizado 2025 (Global Organized Crime Index), publicado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC).

El país ocupa el puesto 91 de 193 naciones evaluadas, un ascenso de tres posiciones con respecto al informe anterior, lo que indica un incremento en la incidencia o presencia de estructuras criminales.

El país ocupa el puesto 91 entre 193 naciones evaluadas, con una puntuación de 5.17 en criminalidad —ligeramente superior al 5.08 del promedio mundial— y 4.92 en resiliencia, cifra que mejora respecto al 4.79 obtenido en 2023.

Esto significa que, aunque persisten desafíos vinculados al narcotráfico, la corrupción y el lavado de activos, las instituciones dominicanas muestran una capacidad creciente para prevenir y responder a estas amenazas.

El ranking

Con su mejora en resiliencia, la República Dominicana, aparece así entre los países del hemisferio que fortalecen su institucionalidad frente a un fenómeno global cada vez más sofisticado y transnacional.

En el contexto regional, la República Dominicana se sitúa en la posición 21 de 35 países del continente americano y cuarta en el Caribe, solo detrás de Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago.

Su desempeño supera al de naciones con mayor exposición al crimen transnacional como Colombia (2), México (3), Ecuador (5), Honduras (13), Brasil (14), Venezuela (20) y Panamá (21), además de Guatemala (25), Perú (31) y Haití (35).

También se ubica mejor que Argentina (85), Bolivia (94), Costa Rica (58) y Estados Unidos (61), aunque estos últimos registran dinámicas criminales de distinta naturaleza, más centradas en delitos financieros y cibernéticos que en violencia directa.

En el Caribe, la República Dominicana aparece junto a Haití y Jamaica entre los países con mayor exposición al crimen organizado, aunque con niveles de intensidad y control institucional claramente diferenciados.

Cuba, en cambio, figura en una posición más favorable (168), y naciones como Barbados o Trinidad y Tobago se mantienen fuera de los primeros cien lugares del índice.

El informe de GI-TOC advierte que las economías ilícitas globales están socavando la democracia, la soberanía y la estabilidad internacional. "El orden basado en reglas que ha prevalecido durante décadas está siendo explotado por quienes no juegan con esas reglas. Los grupos criminales son algunos de los mayores beneficiarios de este desorden", señala el documento.

En su tercera edición, el índice compara datos de los últimos cinco años y destaca una evolución del crimen transnacional marcada por el auge de las drogas sintéticas, la expansión del narcotráfico de cocaína y la aparición de nuevas formas de criminalidad no violenta, como los delitos financieros, cibernéticos y el comercio de productos falsificados.

"El crimen organizado ya no depende solo de la violencia o la corrupción: se ha incrustado en los sistemas financieros y digitales internacionales", advierte el informe, subrayando que los fraudes y ciberataques generan daños masivos sin necesidad de violencia física.

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader participó en el lanzamiento del Plan Decenal Justicia del Futuro 2034, donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, destacó que su presencia reafirma su compromiso nacional con una justicia centrada en las personas y que fortalece la democracia.

Molina resaltó que desde el 2020 el Poder Judicial ha ejecutado con disciplina el Plan Visión Justicia 20/24, logrando avances históricos como la eliminación de la mora estructural en la Suprema Corte de Justicia tras más de 40 años de retardo, que más del 80% de los tribunales estén al día y que el 100% de los documentos judiciales y trámites inmobiliarios se realicen de manera digital y señaló que el propósito de este
plan es claro: "Eliminar el retardo judicial en el 100% de los tribunales".

Mayor avance mundial

El presidente de la SCJ subrayó que estos resultados son tangibles y reconocidos internacionalmente. Señaló que en octubre la República Dominicana logró el mayor avance mundial en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, subiendo 11 posiciones a nivel global. Según el Latinobarómetro 2024, la confianza ciudadana en la justicia se ha duplicado desde 2019. “La justicia dominicana no se detuvo, avanzó”, afirmó, destacando que el país consolida su liderazgo regional en materia judicial y demuestra su capacidad y solvencia moral para cumplir sus compromisos institucionales.

El magistrado explicó que el nuevo Plan Justicia del Futuro 2034 marca el inicio de una etapa hacia un sistema judicial más humano, ágil y transparente. Entre sus metas están eliminar el retardo judicial en todos los tribunales, garantizar la transparencia y derribar las barreras que limitan el acceso ciudadano.

Indicó que el plan fue construido con la participación de más de 3,000 personas de distintos sectores nacionales y diseñado bajo la metodología de planificación por escenarios, usada en países como Sudáfrica y Colombia. “En un mundo donde el Estado de Derecho retrocede, la República Dominicana avanza”, concluyó Molina, reafirmando que el futuro de la justicia pertenece a toda la sociedad y debe construirse con integridad, responsabilidad y empatía.

Un acto de madurez democrática, de visión de Estado y de compromiso con el porvenir del país

De su lado, el presidente Abinader destacó que la presentación de este plan no es simplemente un acontecimiento institucional del Poder Judicial; es un acto de madurez democrática, de visión de Estado y de compromiso con el porvenir del país y dijo que representa una apuesta por una justicia que no solo administre leyes, sino que también transforme vidas y fortalezca la confianza ciudadana.

El mandatario explicó que este esfuerzo se encuentra alineado con la estrategia nacional Meta RD 2036, y simboliza la voluntad de construir un país donde el progreso sea estructural, sostenido y respaldado por instituciones sólidas, transparentes y previsibles.

Resaltó los avances recientes del sistema judicial, indicando que la innovación tecnológica y la gestión moderna pueden estar al servicio de una justicia más ágil, eficiente y cercana.

Procesos digitalizados

Entre los logros alcanzados en los últimos años, el presidente destacó la existencia de tribunales más ágiles, procesos digitalizados, mayor transparencia y una ciudadanía que empieza, de nuevo, a creer en su justicia. "Esa transformación no se mide solo en estadísticas. Se mide en vidas: en la madre que ve resuelto un caso que llevaba años detenido; en el joven que obtiene una respuesta rápida y justa; en el emprendedor que confía en que su inversión será protegida por la ley; en cada dominicano que siente que el Estado lo escucha y lo defiende".

“El Gobierno que encabezo ha acompañado este proceso con respeto a la independencia de los poderes del Estado, pero también con la convicción de que no hay desarrollo sin justicia confiable”, afirmó el mandatario, quien definió la modernización judicial como un acto de justicia social.

Y agregó: "Porque sin justicia independiente no hay crecimiento sostenible, ni inversiones seguras, ni democracia duradera. Sin justicia efectiva, el ciudadano común pierde esperanza, y con ello se debilita la cohesión social".

Plan Justicia

El jefe de Estado expresó que el Plan Justicia del Futuro 2034 propone una justicia “moderna, digital, eficiente y humana”, con una proyección a diez años que conecta con los objetivos nacionales de desarrollo y con la aspiración del país de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Abinader enfatizó que la modernización del Estado requiere instituciones que rindan cuentas, usen la tecnología como herramienta de equidad y sirvan a las personas, no a los intereses particulares. “Cuando la justicia actúa con integridad, el país camina con confianza. Y cuando la justicia es eficiente, la democracia florece”, sostuvo.

El presidente Abinader concluyó reafirmando el propósito de su Gobierno de acompañar este proceso de transformación institucional: “Una justicia que no solo juzgue, sino que inspire; que no solo resuelva, sino que repare; que no solo sancione, sino que transforme. Porque un país justo no es solo aquel donde se castiga el delito, sino aquel donde se protege la esperanza".

Proceso no surgió de una crisis, sino desde la estabilidad democrática que hoy exhibe RD

El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargam, calificó como un acto de liderazgo y visión de país el proceso que dio origen al Plan Decenal del Poder Judicial, Justicia del Futuro 2034. Destacó que, por primera vez, el Poder Judicial convocó a un diálogo participativo, plural y estratégico con más de 35 actores de la vida nacional para anticipar retos y oportunidades que fortalecerán la convivencia democrática y la confianza en las instituciones.

Dargam subrayó que este proceso no surgió de una crisis, sino desde la estabilidad democrática que exhibe la República Dominicana. Señaló que esto permite que el mundo mire al país con admiración y valoró el ejercicio como una muestra de madurez institucional y propósito compartido. Afirmó que planificar el futuro desde la estabilidad es un logro que reafirma la capacidad colectiva de pensar y actuar con visión de país.

El acto se celebró en el Auditorio Monseñor Amancio Escapa de la Casa San Pablo. Asistieron autoridades del sector justicia, representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil. Entre ellos estuvieron Napoleón Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional; Ricardo De Los Santos, presidente del Senado; el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández; el diputado Tobías Crespo; y la jueza de la SCJ, Nancy Salcedo Fernández.