Un tribunal federal de Estados Unidos emitió una orden de protección que regula el manejo de las pruebas en el caso penal contra Melitón Cordero, exjefe de la DEA en República Dominicana, con el objetivo de resguardar información sensible y garantizar un proceso judicial adecuado.
En el marco del proceso, Cordero, nacido en San Francisco de Macorís, tiene previsto comparecer este lunes a las 12:30 del mediodía ante un tribunal federal de Estados Unidos para la celebración de su audiencia preliminar, luego de que la misma fuera aplazada el pasado mes de marzo.
Disposición del tribunal
La disposición, firmada por el juez magistrado Matthew J. Sharbaugh en el Distrito de Columbia, establece que todos los materiales entregados por el Gobierno como parte del proceso solo podrán ser utilizados por la defensa exclusivamente para este caso.
El tribunal ordenó que dichos documentos no podrán ser divulgados ni utilizados en otros procedimientos, y su acceso queda limitado al equipo legal del acusado, excluyendo a familiares, amigos o terceros no autorizados.
Además, la medida pone especial énfasis en la protección de información considerada sensible, como datos personales, identidades de testigos, fuentes confidenciales, agentes encubiertos, registros médicos y detalles de investigaciones en curso.
Protección de información sensible
Según la orden, este tipo de material no podrá hacerse público ni presentarse en documentos judiciales abiertos, salvo autorización expresa del tribunal, y deberá ser manejado bajo estrictas condiciones de confidencialidad.
El juez también estableció que, aunque los abogados pueden mostrar parte de la evidencia al acusado para preparar su defensa, no pueden entregarle copias ni permitirle registrar información personal contenida en los documentos.
Asimismo, se dispone que cualquier disputa sobre el carácter confidencial de las pruebas deberá ser resuelta inicialmente entre las partes antes de acudir al tribunal.
La orden permanecerá vigente incluso después de concluido el caso, y no modifica las obligaciones del Gobierno de entregar pruebas conforme a la ley.
Con esta medida, las autoridades buscan proteger la integridad de la investigación, la seguridad de testigos y la privacidad de las personas involucradas, mientras avanza el proceso judicial.
El tribunal también ha prohibido la divulgación de los siguientes datos
- Números de teléfono, correos electrónicos, licencias de conducir u otra información identificativa;
- Información sobre fuentes confidenciales del gobierno;
- Identidad de agentes encubiertos
- Información que ponga en riesgo la seguridad de testigos;
- Información privada de terceros no relacionados con el caso;
- Historial médico o de salud mental;
- Métodos de investigación de las autoridades;
- Información que afecte investigaciones en curso o futuras;
- Datos de sistemas internos policiales;
- Declaraciones o información tributaria.