El dirigente sindical y abogado Mario Díaz advirtió que la permisibilidad de las autoridades en el uso de pasamontañas y capuchas por parte de motoristas ha contribuido de manera directa al aumento de actos delictivos en el país, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Interior y Policía, que demuestran una disminución de la criminalidad en sentido general.
“El problema no solo afecta a los transportistas y pasajeros; toda la sociedad dominicana está amenazada, postrada ante un estado de indefensión sin precedentes y nadie escapa del alcance de este flagelo que, lamentablemente, se ha ido normalizando negativamente en nuestro país”, expresó.
Díaz considera que las autoridades municipales, el Ministerio Público, los Organismos Castrenses y la Policía Nacional deben coordinar acciones conjuntas para erradicar el uso de las capuchas y de esa manera disminuir al mínimo los actos delictivos y el sicariato, delitos que cometen personas encapuchadas desde motocicletas a cualquier hora del día y la noche en el territorio nacional.
El dirigente sindical criticó duramente que los motoristas infractores hacen lo que quieren: violan los semáforos, realizan carreras ilegales en las principales autovías del país, apostando sumas importantes de dineros y convirtiendo estas actividades ilícitas en un negocio lucrativo, provocan accidentes, cometen robos y atracos, calibran sus motores para andar en una sola rueda, ingresan a espacios de alta concurrencia de personas con capuchas y nadie los detiene, lo que es alarmante y llama a preocupación.
Indicó que solo con una simple revisión de los robos, atracos y sicariatos perpetrados por motoristas y registrados durante este mes de enero y el pasado mes de diciembre, sería suficiente para que se reflexione seriamente sobre las consecuencias de esta permisividad con el uso de capuchas en motorizados y la urgencia de adoptar medidas correctivas eficaces.
Reiteró que sus críticas tienen un carácter constructivo y buscan llamar la atención del presidente de la República, Luis Abinader, para que se produzca un cambio profundo que reoriente de una manera más efectiva las políticas públicas de seguridad ciudadana en el país.