Este lunes, a las 12:00 de la media noche, venció el plazo de cuatro meses dado por el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional al Ministerio Público, para que presente cargos formales contra Juan Alexis Medina Sánchez y otros diez imputados en la Operación Pulpo.
Desde tempranas horas de este lunes, medios de comunicación permanecían apostados en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva donde se esperaba la llegada del Ministerio Público representado por los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso para el depósito de la acusación formal contra la red que supuestamente desfalcó al Estado con más de 5,000 millones de pesos del 2012 al 2020. Sin embargo, a las 12:15 de la medianoche se marcharon del Palacio de Justicia de Ciudad Nuevas las dos últimas empleadas que quedaban en espera de la documentación.
El Ministerio Público tenía derecho a solicitar una prórroga al tribunal.
Además de Alexis Medina, principal acusado por el entramado de corrupción y su hermana Magaly Medina, figuran como acusados Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper), Wacal Vernavel Méndez Pineda, José Dolores Santana Carmona.
También Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher, ex director general y exdirector de Fiscalización de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, el ex contralor general Rafael Antonio Germosén, Domingo Antonio Santiago.
El propio Ministerio Público ha dicho que este caso está “blindado” y que no se descarta que sean incluidos más imputados.
La jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción, Kenya Romero tiene a su cargo recibir los expedientes de formal acusación del caso, y deberá apoderar mediante sorteo aleatorio computarizado a un juzgado de la instrucción del Distrito Nacional para que se conozca el juicio preliminar.
A los involucrados se les acusa se formar un supuesto entramado societario que se valió del tráfico de influencia para establecer relaciones contractuales con instituciones del Estado, a través de las cuales sustrajo miles de millones de pesos del erario, en montos que siguen en aumento en la medida que se incorporan nuevas evidencias.
El expediente del caso detalla que el grupo de imputados operaba en torno a un conjunto de empresas de carpeta creadas por Medina Sánchez, quien se aprovechó de su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, para establecer un amplio entramado de corrupción.
Esas compañías no registraban ni el capital ni el personal necesarios para ofrecer los servicios para los que fueron contratadas de forma privilegiada.
También se espera que las investigaciones especiales que recientemente dio a conocer la Cámara de Cuentas sean incluidas en la acusación que presentará el órgano acusador.
Esas auditorías realizadas podrían agravar la situación penal de Juan Alexis Medina y de los otros funcionarios apresados durante la Operación Antipulpo y acusados de crear un entramado de corrupción que se benefició de sus vínculos con el gobierno de Danilo Medina para sustraer fondos públicos de diferentes instituciones.