En los últimos años, varios órganos del Estado dominicano han sido manchados por el establecimiento del narcotráfico dentro de sus oficinas luego de que funcionarios recibieran condenas por ser parte del crimen organizado.
Hechos como las sentencias registradas en Estados Unidos del exdiputado Miguel Gutiérrez y el exregidor Edickson Herrera Silvestre, por haber traficado drogas desde República Dominicana, provocaron en la sociedad diversos cuestionamientos sobre la vinculación que aún existe entre el crimen organizado y las organizaciones políticas.
Tanto Gutiérrez como Herrera Silvestre, ambos judicializados mientras todavía ocupaban una curul en sus respectivos hemiciclos, pertenecían a la misma estructura política: el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Precisamente, 41 días después de que el edil Silvestre fuese condenado a siete años tras declararse culpable, los cuales deberá cumplir en una prisión estadounidense, la dirigencia del PRM decidió depositar en el Congreso Nacional un nuevo proyecto de ley que tendría el objetivo de fortalecer los mecanismos de control en la membresía de las entidades políticas.
El exdiputado Miguel Gutiérrez y el exregidor Edickson Herrera Silvestre, dirigentes del PRM condenados por narcotráfico.Fuente externa
La pieza entregada el pasado 11 de marzo en el Senado de la República por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, obligaría a los partidos políticos a crear una unidad o designar a un “oficial” que deberá encargarse de “implementar, supervisar y documentar el programa interno de cumplimiento”.
Según el artículo 69 de la pieza, ese equipo tendría la responsabilidad de indentificar los fondos que reciben los partidos, así como “gestionar las alertas de operaciones inusuales o sospechosas” para prevenir el “lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la criminalidad organizada”.
El documento legislativo asumido por las bancadas oficialistas del Congreso Nacional pretende que las agrupaciones políticas incluyan en los estatutos disposiciones para garantizar el robustecimiento de los mecanismos de control interno.
Más requisitos para los aspirantes
Además de establecer la responsabilidad que tendría la nueva mesa de trabajo antes mencionada, los congresistas del PRM proponen adicionar una serie de requisitos a los dirigentes interesados en participar en una contienda electoral como candidatos.
Dentro de esa lista se encuentra la obligatoriedad de presentar ante el partido político una declaración jurada, certificación de no antecedentes penales emitida por las autoridades dominicanas, así como una entregada por los Estados en “los que haya residido durante los últimos 15 años”.
El dirigente deberá autorizar “expresamente” a los organismos para que pueda confirmar la veracidad de las informaciones y documentos aportados ante entidades públicas, privadas, nacionales y extranjeras.
Posteriormente, la organización política deberá acreditar que el precandidato ha presentado los requisitos de integridad, afirmando que fueron “objetos de verificación mediante los procedimientos de debida diligencia”.
Sin derecho a aspirar
Por otro lado, la propuesta de ley también contempla una nueva causa que podría causar la inhabilitación de un militante para participar en la contienda electoral interna en búsqueda de una candidatura.
“Se determine, con base en los resultados de los procedimientos de debida diligencia y en informe técnico desfavorable del órgano interno competente, la existencia de falsedad u omisión relevante en la información o documentación aportada para cumplir los requisitos de integridad, o el incumplimiento sobreviniente de dichos requisitos. En todos los casos”, indica el artículo 56”.
¿Cuál es el estado del proyecto?
Este proyecto modificaría la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Sin embargo, antes debe ser aprobado por los representantes del Senado de la República y la Cámara de Diputados, para luego ser enviado a las manos del presidente de la República, quien tendrá la última decisión.
En la actualidad, la pieza se encuentra sometida al estudio de una comisión especial en la cámara alta, la cual deberá entregar un informe sobre sus observaciones y recomendaciones que después será sometido a votación los congresistas.