La Procuraduría General de la República solicitó medida de coerción consistente en presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica ascendente a cien millones de pesos contra la diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte López, acusada de lavado de activos.
Así consta en la acusación formal presentada por la Procuraduría General ante el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Napoleón Ricardo Estévez Lavandier.
"Que le sea impuesta la medida de coerción consistente en la presentación periódica por ante el Ministerio Publico a cargo de la investigación cada 30 días mientras dure el proceso, el pago de una garantía económica en efectivo ascendente a la suma de cien millones de pesos (DOP 100,000,000.00), así como el impedimento de salida del país", solicita el Ministerio Público.
También solicitó fijar la fecha y hora para celebrar audiencia preliminar a los fines de conocer sobre la acusación presentada en contra de la diputada para ser procesada por lavado de activos.
Pidió, además, admitir en todas sus partes la acusación, así como todos y cada uno de los elementos de prueba que la sustentan por haber sido obtenidos e incorporados de conformidad a los preceptos establecidos en la Ley Núm. 76-02 contentiva del Código Procesal Penal y se dicte apertura a juicio.
