La Procuraduría General de la República citó para esta tarde a Jochi Gómez, vinculado a la empresa Transcore Latam, SRL, a fin de ser interrogado en torno a las presuntas irregularidades en la licitación para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.
La Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción (Pepca) requirió la presencia de José "Jochi" Gómez Canaan para las 3:00 de la tarde, en la cuarta planta del edificio que ocupa la Procuraduría y la Suprema Corte de Justicia.
Así lo informó una fuente ligada a la investigación, quien dijo que no podría dar más detalles sobre el requerimiento de Gómez, quien es defendido por el abogado Carlos Balcácer.
La denuncia fue presentada en el Pepca, por la Dirección General de Contrataciones Públicas, alegando graves irregularidades en la ejecución del procedimiento, tales como indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimientos sospechosos de accionistas, entre otros.
Gómez ha estado en el centro de un escándalo desde octubre del año 2023, que se recrudeció a finales de agosto por la salida de funcionamiento del sistema de semaforos de la capital dominicana.
Esta semana, Gómez reapareció con una conferencia en la que trajó de invitado a Mike Pompeo, pasado secretario de estado de los Estados Unidos, y donde él fungió de moderador.
Al finalizar ese encuentro reveló que tenía un contrato con el Ministerio de Defensa, mediante su empresa Aurix, y que temía fuera rescindido por las autoridades.
El Ministerio de Defensa confirmó la existencia del contrato pero informó que lo canceló el pasado 10 de septiembre.
Esta mañana también reapareció en el debate público Hugo Beras, pasado director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), quien se defendió de la contratación de la empresa alegando que no tenía conocimiento de todas sus faltas para aplicar a la licitación y dijo que en ese caso los organismos de control interno del Estado fallaron, en referencia a la Contraloría General de la República y a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.