La procuradora de Corte de Apelación, Carmen Alardo Peña, denunció este jueves que la resolución emitida por la procuradora general, Miriam German Brito, que designan como procuradores adjuntos a Wilson Manuel Camacho, Juan Medina de los Santos y Pedro Amador Espinosa, es violatoria al estatuto del Ministerio Público.
Alardo Peña asegura que ninguno de los designados por Germán Brito cumple con los requisitos para ostentar la posición.
En ese sentido solicitó revocar los numerales quinto, sexto y séptimo, del auto No. 000111 de fecha, 25 de agosto del 2020, donde se designan a los magistrados Wilson Manuel Camacho, Juan Medina de los Santos y Pedro Amador Espinosa, por estos incumplir con los requisitos normados en los artículos 31 y 111 de la Ley 133-11 Orgánica del Ministerio Público y los artículos 20, 53 y 54 del Estatuto de carrera del Ministerio Público, detalla el documento.
En un documento enviado a los medios de comunicación, Alardo Peña, también alerta que la designación de Yeni Berenice Reynoso, como procuradora adjunta, tiene valor porque fue nombrada por decreto del presidente Luis Abinader, pero de lo contrario tampoco cumple con los requisitos para la posición, por lo que hace un llamado al mandatario a que ayude en la protección de los derechos de los ministerios públicos.
Apeló al alto sentido de justicia de la magistrada Miriam German Brito, pues entiende que fue sorprendida en su buena fe “al recomendarle magistrados sin cumplir con los requisitos legales para ser escogidos como procuradores generales adjuntos”.
Alardo Peña explicó que el Reglamento de Carrera del Ministerio Público en su artículo 20 señala que los procuradores adjuntos del procurador general, designados por este, deberán cumplir con tres requisitos que son: pertenecer a la carrera del Ministerio Público, ocupar el puesto de procurador de Corte de Apelación y encontrarse en el nivel superior dentro de la Corte de Apelación.
Asimismo, llamó al presidente de la República, Luis Abinader, a Participación Ciudadana, la comunidad jurídica y a toda la prensa dominicana a analizar el contenido de nuestra instancia y los artículos citados, y en consecuencia verificar la veracidad de los criterios narrados.
Afirma que al revisar las normas y trabajar para que estas se cumplan ayudarán a la protección de los derechos de los ministerios públicos de carrera, cansados que se les violenten sus derechos adquiridos.