SANTO DOMINGO.-La falta de un régimen de consecuencias contribuyó a que muchos conductores acumulen multas a través del tiempo, las cuales están obligados a pagar para poder completar otros procesos, según ordena la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.
En su artículo 281, párrafo dos, dicha ley establece que ningún conductor que haya sido multado podrá renovar la licencia, placa, obtener la inspección técnica vehicular o revista, seguro del vehículo, certificado de buena conducta y traspaso de la propiedad de un vehículo.
Es por esta razón que el llamado para la renovación del marbete ha motivado a que una gran cantidad de conductores se presenten ante el Ministerio Público para verificar las multas, las cuales muchos no reconocen.
La Procuraduría General de la República habilitó más personas en las instalaciones la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para agilizar los procesos de verificación, impugnación o conciliación en el pago de las infracciones.
Conductores consultados por EL DÍA se mostraron a favor y en contra del sistema de la Procuraduría. “Sé que tengo dos multas; una por cinturón y otra por licencia vencida, pero ahora vengo aquí y aparezco con ocho, con la rebaja tengo que pagar RD$4,667. No me siento conforme”, manifestó José Manuel Camilo.
“Esto está muy rápido y avanzado. Tengo seis multas que reconozco, de las cuales solo tendré que pagar tres, unos RD$2,800”, dijo Miguel Ángel Alcántara, mensajero.
En tal sentido, el vocero de la Digesett, Hilman Pimentel, explicó que el 98% de las infracciones de tránsito que los conductores supuestamente no reconocen son multas anteriores a 2017.
Pimentel pidió a los conductores que se sientan inconformes con las infracciones a utilizar los canales correspondientes.
Recursos
— Distribución
Los ingresos por el cobro de multas se dividen en 75% para la Procuraduría General y el restante 25% para el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).