Miles de colombianos han participado en protestas en todo el país contra un gobierno que sienten que ha ignorado sus necesidades, permitido que la corrupción permee desenfrenadamente y que está tan fuera de la realidad que propuso aumentos fiscales durante la pandemia del coronavirus.
A pesar de las órdenes de cuarentena por el virus, desde la semana pasada los manifestantes han salido en más de la mitad de las municipalidades de Colombia para protestas en su mayoría pacíficas contra el gobierno del presidente Iván Duque. Sin embargo, la violencia durante algunas protestas ha dejado 26 muertos, entre ellos un policía, y más de 800 lesionados, según cifras oficiales.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado varios abusos policiales y afirman que la cantidad verdadera de muertes es mayor, en un momento en que la comunidad internacional hace un exhorto al diálogo.
Las protestas comenzaron el 28 abril ante la propuesta de aumentar los impuestos en servicios públicos, combustible, salarios y pensiones, pero se han transformado en una demanda más general para que el gobierno pague deudas que existen desde hace mucho a los sectores más vulnerables en la sociedad, como indígenas y afrolatinos. Pese a que el gobierno descartó la reforma fiscal, las protestas han continuado y aumentan conforme surgen reportes de violencia policial, muertes y desapariciones.
Los activistas perciben un vínculo entre las protestas actuales y las registradas en noviembre de 2019 por una serie de asuntos: Aumentos fiscales previos, el asesinato de líderes sociales, la corrupción del gobierno, la desigualdad y el cumplimiento de un acuerdo de paz que llevó a la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016.
El descontento expresado en 2019 se agravó durante la pandemia, cuando la población vio desaparecer sus sustentos, familiares y amigos murieron de COVID-19 y el gobierno batalló para responder ante la propagación del virus. Ahora, su enojo se derrama en las calles una vez más.
El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que las fuerzas de seguridad han intentado proteger a quienes protesta pacíficamente, así como a quienes deciden quedarse en casa.
En ocasiones, el ejército se ha unido a la policía desde que Duque aprobó el 1 de mayo el involucramiento de las fuerzas armadas hasta que cesen los incidentes que, asegura, alteran el orden público. Eso permite que los alcaldes soliciten la presencia del ejército en áreas urbanas, una medida que han cuestionado los defensores de los derechos humanos.
El gobierno sostiene que los grupos rebeldes han infiltrado las protestas y las organizaciones del narcotráfico las han subsidiado. Duque incluso ha clasificado las manifestaciones como terrorismo urbano de baja intensidad.
Sin embargo, los líderes de las marchas afirman que las fuerzas de seguridad han sido excesivamente violentas y que el gobierno estigmatiza a los manifestantes.
El epicentro de las protestas y la violencia ha sido la ciudad de Cali, en el suroeste del país, en donde convergen movimientos de campesinos, indígenas y afrolatinos.
Organismos internacionales han pedido al gobierno de Duque que respete los derechos humanos y garantice el derecho de las personas a protestar.
Marta Hurtado, vocera de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que el organismo está muy alarmado porque recibió información de que en Cali la policía disparó contra los manifestantes que protestaban por la reforma fiscal, matando e hiriendo a varias personas.
La agencia colombiana responsable de monitorear el respeto de los derechos humanos reportó el jueves que 26 personas habían muerto durante las protestas, entre ellos un policía. La agencia no especificó el número de muertes en que la policía estuvo involucrada. Previamente, la agencia afirmó que la policía había participado en una docena. ___
García Cano reportó desde Ciudad de México.