Los partidos políticos han minado de sometimientos judiciales y recursos ante la Junta Central Electoral la peculiar campaña electoral en medio de la pandemia de COVID-19 para los comicios presidenciales y congresuales del próximo 5 de julio, muchos de los cuales solo tienen un efecto mediático momentáneo, sin un desenlace debido a su carácter político.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo han llevado la voz cantante, al llevar recursos ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra compras en estado de emergencia por la pandemia, como hizo el PRM el pasado 11 de mayo por presuntos actos de corrupción en la compra de insumos médicos y la adjudicación de compras a empresas de carpeta por más de tres mil millones de pesos.
Uno de los sometimientos más emblemáticos de los últimos tiempos fue el realizado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) el 18 de octubre de 2007, al interponer un recurso de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia declara nulo el contrato de construcción de obras prioritarias para el Estado dominicano, suministro de materiales y equipos, suscrito entre el Gobierno y la empresa The Sun Land Corporation RD, S. A., el 15 de mayo de 2006 por 130 millones de dólares.
La acción fue incoada por el entonces presidente del PRD, Ramón Alburquerque, y el secretario general Orlando Jorge Mera, e involucró a diecinueve (19) pagarés, cada uno por la suma de US$6,842,105.00, en los cuales apareció como deudor el Gobierno dominicano.
El 18 de diciembre de 2008, el caso Sun Land fue declarado inadmisible por la Suprema Corte de Justicia, que justificó su criterio en mayo de 2010.
La Fuerza del Pueblo (FP) solicitó a la Junta Central Electoral (JCE) medidas cautelares urgentes contra el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, "por el uso de bienes de origen ilícitos para financiar su campaña, utilizando la corporación de Helidosa Aviation Group".
Franklin Almeyda Rancier y Manuel Crespo, representante del candidato presidencial de la FP y delegado político, respectivamente, al someter la instancia, pidieron ordenar el cese de las operaciones de la referida empresa, y la sociedad fusionada por absorción Aeroambulancia, mientras dure el actual proceso electoral, "ya que fue comprobado que está financiando de manera fraudulenta la candidatura oficialista".
En enero solicitaron que la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo fuera declarada a inadmisible por la Junta Central Electoral (JCE) alegando que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) violó la Ley Electoral ( 15-19) al iniciar una campaña a destiempo.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tampoco se ha quedado atrás en esta campaña y José Ramón Fadul, delegado del PLD ante la Junta Central Electoral y José Dantés Díaz, Secretario de Asuntos Jurídicos, solicitaron a la Junta Central Electoral que compruebe si el candidato a senador del PRM por la provincia Duarte, Franklin Romero, cumple los requisitos para para optar por esa posición, alegando un "récord criminal de delito grave en los Estados Unidos".
También los aportes a la campaña política del PRM del acusado de narcotráfico Yamil Abreu Navarro.
Además ha depositado recursos ante la Junta Central Electoral, alegando que la candidata vicepresidencial Raquel Peña utilizó el local de la alcaldía de Sánchez para una actividad política.
También la suspensión y retiro inmediato de la publicidad digital que promueve al candidato de la Fuerza del Pueblo usando los colores del PLD.
Fadul atribuye los sometimientos del PRM al interés de ese partido de desviar el reclamo del PLD para que aclare la supuesta vinculación de candidatos de esa organización con el narcotráfico.
Rechazan estado de emergencia
El Partido Revolucionario Moderno depositó el pasado martes un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la prórroga de 17 días del estado de emergencia aprobada el pasado fin de semana por el Congreso Nacional.
La acción fue depositada la mañana de este martes en la sede del TC por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, y la dirección legal del partido, encabezada por el abogado Sigmund Freund.
La documentación argumenta que la resolución 67-20, dictada por el Congreso y los decretos 2013-20 y 214-20 del Poder Ejecutivo, violan los principios constitucionales de seguridad jurídica, proporcionalidad y legalidad.
Además, cuatro candidatos de diferentes partidos políticos depositaron una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para que, a través de la vía difusa, declare inconstitucional los decretos 213 y 214, a través de los cuales el Poder Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia y el toque de queda.
Los candidatos a puestos legislativos que sometieron la acción son Faride Raful, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Jonathan Liriano, del Frente Amplio; Carolin Mercedes, del PRM y Benny Metz, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).
Fuente; DIario Libre