La pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, acusada de formar parte de una red que estafó al Estado dominicano con más de 3,000 millones de pesos, dijo a la jueza que se siente “completamente vulnerable” porque, desde hace casi una semana que lleva detenida, no ha tenido tiempo de reunirse con su abogado para presentarle todos sus documentos de defensa.
En ese sentido, pidió a la magistrada Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente, sopesar su situación como representante de la justicia que también está para garantizar sus derechos.
“No he podido, por el tiempo y por todos los argumentos que han dado los abogados, para yo presentarle a mi abogado toda la documentación y los presupuestos que necesita y entiendo prudente, honorable magistrada que usted tenga a bien sopesar esta situación en la que me encuentro de indefensión porque precisamente ustedes también están para garantizar mis derechos, es cuanto”, solicitó la acusada.
El Ministerio Público asegura que la pastora Rossy Guzmán se prestaba como testaferro para lavar el dinero sustraído al Estado por la red encabezada mayor general del Ejército Adán Cáceres.
En su expediente, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) establece que Adán Cáceres instrumentó un entramado de criminalidad organizada compuesto por un esquema societario, y con la participación de miembros vinculados a cuerpos castrenses y civiles para coloca en el sistema financiero nacional dinero defraudado del Estado, dando apariencia de legalidad a los activos generados.
En el caso están imputados además de la pastora Rossy y el mayor general Adán Cáceres, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep); el coronel Rafael Núñez de Aza, el teniente coronel Raúl Alejandro Girón, el cabo policial Tanner Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el mayor de la Armada Alejandro José Montero Cruz.