El sector arrocero dominicano representa un pilar fundamental de la producción agropecuaria y la economía nacional.
Unos 32 mil productores se dedican a tiempo completo a producir ese cereal, en tres millones de tareas distribuidas en 14 provincias.
“Sin embargo, a pesar de que la producción nacional de arroz en el año 2020 alcanzó 13.5 millones de quintales y 14 millones de quintales en el 2021, el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, autorizó la importación de arroz superior a las 36 mil toneladas (792,000 quintales)”, indica el economista agrícola y productor Winston Marte.
Según sus cálculos, ese volumen de importación incrementa los inventarios de arroz en los canales de comercialización, provocando una disminución de los precios pagados al productor por parte de los procesadores del sector.
El Ministerio de Agricultura publicó el día 4 de febrero del presente año la asignación de 21,900 toneladas de arroz (481,000 quintales) bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta). Esa asignación –explica Marte- debió ponerse en vigencia el día primero de enero para evitar la entrada de más arroz al país en momentos de plena cosecha y que eso deprima los precios a pagar por la fanega a los productores.
“La situación que hay es que, específicamente en la Linea Noroeste, hace 15 días que se inició la cosecha y aún se mantienen los precios del año pasado, que no cubren los costos de producción”, indica.
Calcula que una fanega de arroz en cáscara (100 kilogramos) está a 2,325 pesos, mientras el costo de producción, que rondaba los 7,000 pesos por tarea, se incrementó a 9,500. Ese incremento de costo ha sido empujado a la vez por el alza de precios de los fertilizantes, plaguicidas, insumos y servicios necesarios para la producción. Mientras, la Federación Nacional Productores de Arroz (Fenarroz) ha realizado encuentros en las principales provincias productoras del grano, en procura de unificar al sector sobre la situación (definida como grave por la organización) y reclamar a las autoridades la definición de un precio que permita cubrir los costos de producción y obtener un margen mínimo de rentabilidad.
A diferencia de lo que ocurre con otros productos agrícolas, en el caso del arroz los precios no se fijan por la libre o antojadizamente por el productor o el molinero, sino que los determina Comisión Nacional Arrocera (Cona), dejando claramente establecido un “piso” y un “techo” de precios. En la práctica es así.
La Cona está integrada por una representación de los productores de arroz, una representación de los procesadores privados o dueños de factorías (molineros), una representación de los parceleros de Reforma Agraria y de las autoridades del sector público, en este caso del Ministerio de Agricultura.