SANTO DOMINGO.- Luego de cuatro días de presentada la reforma fiscal, el expresidente de la República, Leonel Fernández, reacciona y la califica como un “bombazo fiscal”.
“El gobierno de Luis Abinader y el PRM han presentado un bombazo fiscal en el que la mayor parte de la carga de recaudación la aportan los más pobres y la clase media” escribió Fernández a través de su cuenta en la red social X.
Previo a estas declaraciones, el líder del partido Fuerza del Pueblo había anunciado que analizaría detenidamente la propuesta de cambios en el régimen tributario del actual gobierno.
La iniciativa, conocida como ley de modernización fiscal, incluye cambios significativos en el sistema tributario del país. Entre las propuestas más destacadas se encuentran:
Unificación del ITBIS al 18%: Se establece un nuevo concepto de IVA, manteniendo la exención de productos de primera necesidad como arroz, pan y leche.
Aumento de impuestos a bebidas: Se prevé un incremento en los impuestos sobre las bebidas alcohólicas y las no alcohólicas azucaradas.
Incremento en la retención de juegos de azar: La retención máxima sobre premios se elevaría del 25% al 27%.
Eliminación de deducción educativa: Se suprimiría la deducción del gasto educativo del impuesto sobre la renta, de acuerdo con la Ley No. 179-09.
Más sobre la reforma fiscal
Reestructuración del IPI: El impuesto al patrimonio inmobiliario se modificará, estableciendo un mínimo exento equivalente al valor de una vivienda de bajo costo, con una tasa del 1% sobre el excedente.
Gravamen a compras por internet: Se impondrán impuestos sobre compras en línea inferiores a 200 dólares y a los servicios digitales.
Eliminación del anticipo: Se suprimirá el anticipo para personas físicas y microempresas.
Aumento salarial en el sector público: Se propone un incremento del 50% en el salario mínimo del sector público.
A pesar de las críticas de la oposición, los legisladores oficialistas defienden la necesidad de esta reforma. Los mismos argumentan que el gobierno busca aumentar las recaudaciones en un 1.5% del PIB. Los fondos generados se destinarían a áreas críticas como salud, transporte y seguridad.