A través del cargo de jefe de seguridad presidencial y valiéndose de supuestas artimañas de corrupción administrativa, el mayor general Adán Cáceres llegó a administrar una fortuna que, de manera preliminar, el Ministerio Público calcula en más RD$3000 millones durante los ocho años del mandato de Danilo Medina (2012-2020).
El hombre que le cuidaba la espalda al exmandatario, supuestamente conformó un entramado para lavar y defraudar dinero del erario, estructura en la cual la pastora Rossy Guzmán, una persona de extrema confianza de este alto oficial, se convirtió en su mano derecha y principal testaferra.
El alto volumen de bienes muebles e inmuebles de la pastora Rossy Guzmán llevó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a iniciar una investigación en la cual determinó que, a través de la empresa Único Real State e Inversiones SRL, la religiosa y su hijo (también detenido) Tanner Antonio Flete Guzmán, trataban de ocultar los dineros defraudados por Adán Cáceres, según establece el Ministerio Público.
En este entramado, el Ministerio Público también menciona a los investigados Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón y Eric Daniel Pereyra Núñez, quienes prestaban sus nombres para tratar de ocultar dinero corrupto.
Entre los bienes de la presunta corrupción administrativa incautados por la Pepca están cuatro casas de lujo con zona de recreación común, ubicadas en la urbanización Colinas del Oeste. Las autoridades calculan que, solo el costo del solar asciende a RD$160 millones, mientras que la construcción de las casas posee un valor aproximado de un millón de dólares.
Otros bienes inmuebles en manos de las autoridades son las granjas de producción avícola y porcina, ubicadas en la provincia de Monte Plata, y registradas bajo la Asociación Madre Tierra.
Al grupo de apresados mediante la Operación Coral se le imputa incurrir en los ilícitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos (la declaración jurada en el caso del alto oficial), lavado de activos provenientes de actos de corrupción y también porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La tarde de ayer la Pepca depositó la solicitud de medida de coerción ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, en donde solicitó prisión preventiva para los cinco detenidos en la primera etapa de la llamada Operación Coral. Además solicitó que el caso sea declarado complejo.
Tan pronto fue depositado, el tribunal fijó el conocimiento de la audiencia para el próximo miércoles a las 11:00 de la mañana.
Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca y quien encabezó el equipo que depositó la instancia de más de 200 páginas, declaró en el palacio de justicia de Ciudad Nueva que los hechos atribuidos a estas cinco personas son el fruto de meses de investigación.
Al responder preguntas de la prensa, indicó que los fiscales han realizado amplias indagatorias “para poder presentar una solicitud de medida fuerte, con toda la contundencia para obtener la prisión preventiva” para todos los imputados.
Ortiz también dijo que el Ministerio Público no duda que, en el transcurso de las investigaciones, que ahora se amplían, resulten otras personas implicadas en estos ilícitos y se irán sometiendo según se encuentren los elementos de prueba para solicitarles medidas de coerción.
Como parte de las investigaciones en el marco de la Operación Coral, el Ministerio Público realizó el sábado pasado un total de 27 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Samaná.