Este sábado se cumplen dos semanas de los operativos anticorrupción desplegados por el Ministerio Público y que dieron como resultado el apresamiento de seis integrantes del supuesto entramado religioso-militar, que encabezaba, según el Ministerio Público, el mayor general Adán Cáceres.
Durante este periodo se han relevado informaciones que comprometen, no solo a los seis detenidos como parte de la primera etapa de la Operación Coral, sino que el pasado jueves el imputado Alejandro Girón Jiménez dio detalles del entramado corrupto que podría poner tras las rejas a otros militares.
Ayer la jueza Kenya Romero dio por conocido el expediente instrumentado contra el grupo de los primeros seis procesados y el lunes revelará si le impone prisión o los deja en libertad.
En este grupo están el mayor general Cáceres Silvestre; la asimilada policial Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la citada imputada; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Sin embargo, el pasado jueves Alejandro Girón Jiménez lanzó acusaciones serias contra Juan Carlos Torres Robiou, quien hasta hace poco dirigió el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); contra Elvis Alberto Muñoz Peralta, director financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep); Erick Núñez, sobrino de Rafael Núñez de Aza, entre otros que están bajo la lupa del Ministerio Público.
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso afirmó ayer que son más que suficientes las evidencias con que cuenta el Ministerio Público para que se imponga medidas de coerción en contra de los procesados por su vinculación a la supuesta red de corrupción desmantelada mediante la Operación Coral.
El Ministerio Público solicitó a la juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejo para el caso que siguen en contra los señalados.
Inicialmente, la misma medida fue solicitada contra el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez. No obstante, luego que el imputado declarara en el tribunal de manera amplia y detallada sobre cómo operaba la alegada red de corrupción que distrajo más de tres mil millones de pesos del erario, el Ministerio Público decidió variar la solicitud por arresto domiciliario.
La directora general de Persecución del Ministerio Público dijo que esas pruebas que han presentado, sustentan hechos que son sumamente graves.
Respecto a la variación de la medida para Girón, declaró que la solicitada es la que se corresponde con la responsabilidad asumida por el imputado y con las garantías que se debe en el proceso.
Reiteró que de todas las afirmaciones hechas por el imputado Girón Jiménez, tienen las pruebas.
De su lado, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, restó importancia a los documentos presentados por las defensas como arraigos y evidencias.
“Son documentos que el Ministerio Público ha determinado que muchos de ellos son documentos alterados, documentos sin firmas de notarios y de las partes; eso es lo que ha aportado la defensa para este caso y eso es un fraude procesal”, consideró.
El propio Girón Jiménez confesó al tribunal que los imputados se auxiliaron de abogados para alterar documentos luego de que el Ministerio Público iniciara la investigación.
Los magistrados Reynoso y Camacho encabezan el equipo que representa al Ministerio Público en el proceso. Además, forman parte los fiscales Marinel Brea, Mervin Romero, Emmanuel Ramírez, María Melenciano, Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado.
El grupo es procesado por acusaciones de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Durante su intervención, el jueves, Girón Jiménez explicó cómo desarrollaban sus actividades delictivas en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), principalmente con el abultamiento de la nómina, así como sobre las operaciones que llevaban a cabo para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
De manera específica se refirió al rol dentro de la red que ejercía el mayor general Cáceres Silvestre y La Pastora, con maniobras que desarrollaban, según dijo, a través del coronel policial Rafael Núñez de Aza.
El encartado describió los procedimientos fraudulentos que utilizaron los encartados en el expediente para adquirir bienes lujosos, incluyendo dos automóviles eléctricos, así como erogaciones de cientos de miles de pesos desde el Cusep a la Pastora disfrazados de supuestas contribuciones por cultos religiosos.
También afirmó que un apartamento de lujo ubicado en Las Terrenas, Samaná, lo adquirió con fondos provenientes de actos de corrupción el general Juan Carlos Torres Robiou, quien hasta hace poco dirigió el Cestur.
Redacción: DL