En cada rincón de nuestra amada República Dominicana late un principio fundamental consagrado en el artículo 46 de la Constitución: "El derecho de toda persona a transitar libremente por el territorio nacional". Este mandato, es una exhortación a construir ciudades donde la movilidad sea equivalente de igualdad, de respeto y de dignidad para todos los ciudadanos, sin importar su origen, condición o capacidades. Las decisiones urbanísticas juegan un papel fundamental en la configuración de la calidad de vida de sus habitantes.
Sin temor a equivoco, en muchas ocasiones, las disposiciones que buscan optimizar el flujo vehicular por medio de la eliminación del giro hacia la izquierda, la supresión de rotondas y retornos en calles y avenidas, fallan en cumplir con sus objetivos, y más aún generan efectos adversos que afectan tanto a peatones como a conductores. Este fenómeno revela una contradicción profunda con principios constitucionales y acuerdos internacionales que promueven el libre tránsito, comprometiendo la diversidad, inclusión social y el bienestar comunitario.
Un recorrido histórico y evolutivo
Para comprender las implicaciones actuales, es imprescindible remontarse a los orígenes de las rotondas. Eugène Hénard, pionero en diseño urbano en París a principios del siglo XX, propuso soluciones viales que priorizaban la fluidez del tráfico mediante estructuras circulares. Posteriormente, William Phelps perfeccionó estos conceptos en Estados Unidos, promoviendo rotundas como elementos que facilitaban el movimiento constante y seguro. Estas innovaciones respondían a una lógica de ordenamiento vial que buscaba reducir accidentes y mejorar la movilidad.
Con el tiempo, estas estructuras evolucionaron adaptándose a las necesidades urbanas modernas. Pese a todo, en el presente en muchas ciudades se ha optado por la eliminación o restricción de estos elementos con base a argumentos de mayor eficiencia vehicular. La realidad muestra que tales decisiones en ocasiones incrementan los tiempos de desplazamiento y generan congestión adicional.
Contradicciones con leyes y principios internacionales
El artículo 46 de la Constitución de 2010 de República Dominicana establece de forma clara que “todas las personas tienen derecho al libre tránsito”. Este principio fundamental se encuentra respaldado por tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos los cuales reconocen el derecho a circular libremente sin obstáculos injustificados. Como si fuese un edicto de la antigua Roma las autoridades dominicanas han tomado la decisión de eliminar el giro hacia la izquierda o la supresión de rotondas lo cual contradice con los derechos al limitar innecesariamente las opciones de desplazamiento.
Estas medidas contradicen los principios de movilidad inclusiva como son: peatonal, ciclista y vehicular. Organizaciones como la Unión Internacional de Transporte Público (UITP), abogan por sistemas viales tomando en consideración las formas de movilidad descriptas, sin discriminación ni obstáculos artificiales. La restricción excesiva favorece un modelo centrado únicamente en el vehículo privado, excluyendo a quienes dependen del transporte público o caminan para acceder a sus comunidades.
Impacto negativo en movilidad, seguridad y calidad de vida
Desde una perspectiva práctica, eliminar giros a la izquierda y reducir rotondas puede parecer una estrategia para agilizar el tráfico; sin embargo, estudios empíricos demuestran lo contrario. Según un informe del Instituto Nacional de Seguridad Vial (INSV), las intersecciones con giros controlados adecuadamente reducen significativamente los accidentes fatales. La supresión indiscriminada aumenta los puntos conflictivos y genera congestión que afecta tanto a conductores como a peatones.
Además, estas decisiones afectan negativamente la seguridad peatonal. Cuando se eliminan retornos o se restringen ciertos movimientos, los peatones deben recorrer distancias mayores para cruzar calles o esperar más tiempo en zonas congestionadas. Estas desestimulan caminar y fomenta el uso del vehículo privado, contribuyendo al deterioro ambiental y social.
Desde una óptica social y comunitaria, estas medidas pueden profundizar desigualdades territoriales. Las comunidades vulnerables suelen ser las más afectadas por cambios viales que limitan el acceso y la movilidad, generando aislamiento y dificultando su participación activa en la vida social y económica de sus entornos. La exclusión de ciertos grupos por decisiones urbanísticas que priorizan el flujo vehicular sobre las necesidades humanas contraviene los principios de inclusión social y diversidad, promovidos por las nuevas políticas públicas.
Argumentos teóricos y ejemplos concretos
Si tomamos como base una perspectiva teórica, la movilidad sostenible se sustenta en que las ciudades deben diseñarse para facilitar el desplazamiento seguro, eficiente y equitativo de todos sus habitantes. La eliminación de giros a la izquierda y la reducción de rotondas, en muchos casos, contradicen estos postulados al limitar opciones y aumentar los tiempos de viaje. Por ejemplo, en ciudades como Barcelona o Copenhague, el diseño urbano favorece soluciones que integran transporte público, ciclovías y espacios peatonales, promoviendo un equilibrio que beneficia a toda la comunidad.
A diferencia, en muchas urbes latinoamericanas donde se han implementado restricciones similares sin hacer un análisis profundo del contexto local, se ha observado un aumento en accidentes viales y una disminución en la calidad de vida urbana. La ciudad de Santo Domingo, por ejemplo, ha experimentado congestión creciente tras eliminar ciertos retornos y reducir rotondas en avenidas principales, afectando en especial a quienes dependen del transporte público o caminan largas distancias.
La diversidad como base de una ciudad inclusiva
Las calles reflejo de nuestra sociedad plural. Familias numerosas o personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes estudiantes y trabajadores migrantes transitan día a día por ellas. Cada uno con sus historias, necesidades y sueños. Puede evidenciarse como una medida técnica o administrativa, la eliminación indiscriminada de elementos viales como las rotondas o los giros a la izquierda, pero en realidad es una barrera invisible que segmenta y excluye.
Imaginemos por un momento cómo sería una ciudad donde cada familia pueda desplazarse sin obstáculos ni riesgos innecesarios. En la cual las madres puedan llevar a sus hijos al colegio sin tener que recorrer largas distancias o enfrentarse a peligros adicionales. En la cual las personas con movilidad reducida puedan acceder fácilmente a sus destinos sin obstáculos arquitectónicos o viales.
La comunidad como protagonista del cambio
Las organizaciones comunitarias territoriales son los corazones palpitantes de nuestras comunidades. Ellas conocen mejor que nadie las necesidades palpables de sus vecinos. Son quienes pueden aportar soluciones creativas y sostenibles para garantizar que el derecho al libre tránsito se respete en toda su dimensión social.
Es imperativo escuchar sus voces, integrar sus propuestas en los planes urbanos y reconocer su papel como guardianes del interés colectivo. La participación activa de estas organizaciones fortalece la democracia urbana y asegura que las políticas viales sean justas, equitativas e inclusivas.
Reflexión final: hacia una movilidad justa e inclusiva
Las ciudades deben ser espacios donde todos sus habitantes puedan desplazarse con seguridad, dignidad y respeto por su entorno.
La movilidad debe ser un puente que une comunidades, no una barrera que las divide. Solo mediante enfoques participativos, respetuosos del contexto local y alineados con principios internacionales podemos construir ciudades más humanas, justas e inclusivas para todos.
Edward Rodríguez
Líder Comunitario