Según indican los accionantes, las medidas dispuestas en el Plan Nacional de Registro de Motocicletas son contrarias a varias disposiciones legales como la Ley núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, además del Decreto núm. 6-19 sobre el Reglamento de Licencias de Conducir.
El amparo fue interpuesto en contra de la Presidencia de la República, el Gabinete de Transporte de la Presidencia, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).
Ayer se tenía previsto conocer la acción elevada por los juristas Ángel Leonel Canó, Juan Joel Folch, Félix David Mejía, José Guillermo Cortines y Luís Alcántara, a la cual el Defensor del Pueblo intervino voluntariamente, sin embargo, la Primera Sala del TSA aplazó la vista para el próximo martes 26 de julio.
Lo que los accionantes han establecido es que para completar el proceso de registro el Intrant requiere documentos y ha establecido condiciones que la ley no contempla.
Sobre el asunto, el titular Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa informó que en octubre del pasado año, exhortó al Intrant ajustar el plan a las normas que rigen la materia. “Desde el año pasado recomendamos al Intrant, en razón de varias reclamaciones de ciudadanos, el cese inmediato de las acciones que no enmarquen estrictamente en las disposiciones de la Ley núm. 63-17 y del Decreto 6-19, por resultar contrarias al derecho fundamental a la buena administración, sostuvo.
