En la avenida Ortega y Gasset esquina calle 34-A, segundo nivel, en la barriada de Cristo Rey, operan las oficinas de Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como la pastora, imputada por el Ministerio Público de ser miembro de una supuesta red que estafaba al Estado requisada a través de la Operación Coral.
Al llegar al lugar, uno de los empleados, que no quiso identificarse, solo dijo a Diario Libre que tienen prohibido ofrecer declaraciones, pero que estas son las oficinas de la también asimilada de la Policía Nacional.
El local ubicado en un segundo piso de la citada vía, comparte varias oficinas. Una de ellas, el Consorcio Guzmán y Asociados.
También opera allí, Único Real State e Inversiones que trabaja con asuntos jurídicos, inversiones en general, compra y venta de vehículos y alquiler y administración inmobiliaria. Esta es una de las empresas que el Ministerio Público le atribuye a la pastora.
Asimismo, comparte piso la empresa Inverosa, que también trabaja con asuntos jurídicos, préstamos en general y financiamiento de vehículos. Igualmente, Inverosa es otra de las empresas mencionadas en el expediente, como parte del entramado de supuesta corrupción que lideraban el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres, y la pastora Guzmán.
Mediante la Operación Coral, el pasado sábado 24 de abril, fueron apresados el general Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Antonio Flete, y el coronel Rafael Núñez de Aza y el teniente coronel Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Al grupo se le acusa de distraer del Estado más de RD$3,000 millones mediante diferentes actos de corrupción, entre los que está falsedad de escritura, creación de empresas fantasmas para hacerlas pasar por organizaciones no gubernamentales, usar “prestanombres” para designar personas en funciones en el Gobierno, quienes tenían que entregar el 80 % de sus salarios, entre otras acusaciones.
La solicitud de medida de coerción contra vinculados en Operación Coral fue aplazada para este viernes 30 de abril a las 10:00 de la mañana.
La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicita un año de prisión preventiva contra los implicados.