El régimen de Daniel Ortega detuvo en una iglesia a 13 familiares de presos políticos que acarreaban alimentos para llevarles

La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha expresado su preocupación por la “improcedente, abusiva y arbitraria” detención de trece opositores que trasladaban alimento y ayuda para los familiares de “presos políticos” nicaragüenses encerrados en la Iglesia de San Miguel de Masaya en huelga de hambre para pedir excarcelaciones.

“El asedio y hostigamiento a los familiares de presos políticos en la Iglesia de San Migel de Masaya resulta un acto flagrante de vulneración de los derechos de las personas que se expresan pacíficamente por la libertad de sus familiares”, ha indicado la Secretaría General de la organización en un comunicado.

La OEA ha rechazado así la detención de “al menos trece personas que se encontraban apoyando a los familiares de presos” y ha reclamado su inmediata liberación. “Es especialmente lamentable que estas personas hayan sido detenidas a pesar de encontrarse bajo la protección de la Iglesia Católica, una entidad reconocida por todos los actores políticos en Nicaragua”, lamenta.

La Secretaría General de la OEA sigue atentamente la situación en Nicaragua y ha reiterado la necesidad del restablecimiento de las libertades civiles y políticas, la paz, la justicia y la restitución democrática en el país.

“Hechos como los acaecidos representan un retroceso en los avances logrados recientemente en Nicaragua y reafirman la necesidad de restablecer un marco de diálogo entre los distintos sectores de la sociedad a los efectos de evitar el progresivo deterioro del clima de convivencia social y de las normas democráticas”, recoge el texto.

Las detenciones tuvieron lugar poco después de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, diera un discurso en el que sostuvo que “lo de Bolivia es una prueba de fuego para que se pueda sostener la mínima confianza en la vía electoral”.

“De lo contrario los pueblos se sentirán con todo el derecho y la obligación de buscar las armas para tomar el poder por la vía revolucionaria”, afirmó.

Ortega, que suma quince años de Gobierno no consecutivos, es uno de los mandatarios latinoamericanos más cuestionados por la comunidad internacional por la represión de las protestas que estallaron en abril contra una reforma de la seguridad social y que aumentaron hasta reclamar la “democratización” de Nicaragua.

Las protestas en contra de Ortega han golpeado la economía del país, donde algunos de sus funcionarios -incluyendo su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo- han sido sancionados por Estados Unidos y diversos organismos financieros internacionales le han congelado los créditos al país.