La deuda del Gobierno con las aseguradoras de riesgos de salud (ARS) por concepto de cobertura a los pacientes de COVID-19 asciende hasta la fecha a RD$4,841 millones, informó ayer la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).
Del total, RD$3,801 millones corresponden a deudas por pruebas PCR, las que desde el pasado 16 de abril quedaron limitadas a la realización de una al año bajo cobertura de las aseguradoras privadas, y condicionadas a la realización previa de una prueba de antígeno.
La disposición, establecida mediante la resolución de la Sisalril número 00237-2021, del 16 de abril pasado, es objeto de un recurso de apelación jerárquico que ayer presentó el Colegio Médico Dominicano (CMD) ante el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
El gremio médico alega que la resolución de la Sisalril es un grave perjuicio a la población. A juicio del presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, limitar las pruebas en momentos en que están aumentando los casos de COVID-19, viola el derecho fundamental a la salud de los dominicanos.
En la actualidad, el país experimenta un incremento en la positividad del COVID-19 que para la fecha se encuentra en 18.20 %, con 540 casos positivos nuevos, detectados en un total de 2,967 pruebas realizadas por primera vez. La positividad acumulada de las últimas cuatro semanas es de 11.52 %, cuando hace una semana era de 10.49 %.
La deuda con las ARS incluye además RD$424 millones por excedentes de alto costo y otros RD$624 por Equipos de Protección Personal, conforme los datos que suministró la Sisalril.
El monto total adeudado se acumuló por encima de los RD$2,000 millones que, desde que empezó la pandemia en marzo de 2020, fueron destinados para cobertura de la población.
En fecha 30 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) y la Sisalril, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional, mediante el cual acordaron que esta última regularía el procedimiento para la cobertura de la prueba para la detección del SARS-CoV-2, para los afiliados del Seguro Familiar de Salud, los Planes Especiales Transitorios de Pensionados y Jubilados, el Seguro de Riesgos Laborales y los Planes Voluntarios aprobados por la Sisalril, así como también para el resto de la población.
En abril de ese mismo año, el consejo directivo del Idoppril dispuso la suma de RD$14,000 millones, con cargo a los excedentes acumulados del Seguro de Riesgos Laborales, para la atención a la respuesta a la pandemia del COVID-19. De esa cantidad, RD$2,000 millones se destinarían al diagnóstico y tratamiento del COVID-19, y para la cobertura de los servicios de Cuidados Intensivos de los pacientes ingresados por esta patología, “cuando se haya agotado la cobertura de RD$1,000,000.00, prevista en el Catálogo de Prestaciones del Plan Básico de Salud (PBS) del Seguro Familiar de Salud del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), y de los Planes Especiales Transitorios para Jubilados y Pensionados”. Los otros RD$12,000 mil millones lo destinarían al Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) para los empleados.