La República Dominicana enfrenta un desafío importante en su sistema jurídico: la necesidad urgente de aprobar un nuevo Código Penal que modernice y actualice las leyes penales del país. La legislación vigente, data de 1884, resulta obsoleta y limita la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de tránsito, establecido en el artículo 46 de la Constitución.
El artículo 46 de la Constitución establece que: “Toda persona que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo, de conformidad con las disposiciones legales.”. Este derecho, sin embargo, enfrenta serios desafíos en el contexto urbano, especialmente para las comunidades más vulnerables.
El artículo 46 de nuestra Constitución garantiza esa libertad, ese derecho sagrado que nos permite ir y venir sin obstáculos injustificados. Pero, ¿qué pasa si la ley que respalda ese derecho, no está actualizada, es obsoleta y no puede protegernos cómo debería?
Desde hace más de 140 años, el país rige su sistema penal con un código que no ha sido adecuadamente reformado para adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos. La falta de una legislación moderna impide que las autoridades puedan aplicar sanciones proporcionales y justas ante delitos actuales, lo cual puede derivar en restricciones indebidas o excesivas al ejercicio del derecho a libre circulación.
Expertos en derecho han señalado que mantener un código antiguo el cual limita la capacidad del Estado para perseguir delitos relacionados con tecnología, violencia social o conductas emergentes, poniendo en riesgo derechos constitucionales fundamentales. Además, las dificultades políticas y de resistencias internas han retrasado durante años la aprobación de un nuevo marco legal.
La realidad es clara: nuestro sistema penal, vigente desde 1884, no ha sido reformado para responder a los desafíos del siglo XXI. Esa ley antigua limita nuestra capacidad de garantizar que nuestras calles, nuestras comunidades y nuestros municipios sean lugares seguros donde todos transiten con confianza. La falta de un código actualizado frena la justicia y pone en riesgo esa libertad que es ampliamente valorada.
Imagina por un momento las calles de tu municipio: las plazas con vida fruto del dinamismo, las calles transitadas por vecinos y visitantes. Ahora piensa en cómo esa escena puede cambiar si no contamos con leyes modernas que protejan nuestro derecho a desplazarnos sin temor. La inseguridad, la impunidad y los vacíos legales amenazan esa libertad esencial.
La oportunidad de transformar nuestro marco legal está en nuestras manos. La aprobación de un nuevo Código Penal moderno significa fortalecer la justicia, proteger nuestras comunidades y garantizar que cada ciudadano pueda ejercer su derecho a moverse libremente sin miedo ni restricciones injustas.
La falta de un código actualizado del mismo modo afecta en forma directa la protección efectiva del derecho a la libertad de tránsito, ya que, sin marco legal adecuado, las autoridades pueden tener dificultades para actuar frente a delitos que amenacen esa libertad o para garantizarla sin restricciones injustificadas.
La libertad de tránsito más que un derecho individual es un indicador de inclusión social. Las comunidades marginadas, muchas veces sin aceras, sin iluminación, sin transporte público digno, viven una exclusión territorial que limita su acceso a servicios, empleo, educación y salud.
Estas barreras físicas se traducen en barreras sociales. La falta de planificación urbana con enfoque humano perpetúa la desigualdad y refuerza la idea que, ciertos sectores no tienen derecho a la ciudad.
Hablamos de leyes, pero más aún se trata de nosotros, de nuestro futuro y del legado que queremos dejar a las próximas generaciones. Es hora de unirnos en esta causa común: exigir leyes justas, actualizadas y humanas que reflejen nuestra realidad y protejan nuestra libertad.
El derecho a la libertad de tránsito es un derecho humano que debe ser garantizado para todos, en especial para quienes desde tiempos memorables son excluidos del desarrollo urbano. Como sociedad, debemos avanzar hacia un modelo de ciudad que la movilidad con respecto a vehículos o personas sea con dignidad, seguridad y equidad.
La esperanza está en nosotros. La justicia también. Y juntos podemos lograr que ese derecho fundamental sea una realidad palpable en cada rincón del territorio nacional.
Edward Rodríguez
Líder Comunitario