Más que una estructura para autorizar visados, expedir libretas de pasaportes a dominicanos y oficializar distintos trámites de documentos, los consulados son, en realidad, un fabuloso negocio redondo para sus titulares.
Un negocio demasiado grande para ser legal. Una especie de premio a la élite política de turno a la que se le permite administrar a discreción millones y millones de dólares de los cuales el Estado recibe apenas una chilata.
Para equipararlo con un modelo a mínima escala, es un barrilito de la fortuna, como el que reciben los legisladores, un privilegio que inexplicablemente otorga el Estado a muy pocos servidores para que usen recursos del erario sin mucho monitoreo.
Cómo se explica que de casi 80 millones de dólares “recaudados” por cinco consulados en Haití en seis años, el Estado apenas recibiera 11.6 millones, quedando una brecha bastante profunda entre lo devengado y lo retornado a las arcas públicas suficiente para costear necesidades del personal consular.
Y es mucho lo que sobra para destinarlo a otras prioridades nacionales.
Si los consulados están para asistir a los dominicanos en el extranjero en sus necesidades de renovar pasaportes o actualizar actos del registro civil y otras formalidades, ¿por qué las tarifas de sus servicios son más altas que en el país?
Con las ganancias colaterales de las visas concedidas y otros servicios a extranjeros es factible subsidiar parte del valor de las tramitaciones que hacen los dominicanos, sobre todo los que viven en Estados Unidos y Europa, sistemáticos remesadores de divisas.
Es hora de plantearse una profunda reforma de este esquema de irritantes e inexplicables privilegios para una élite política que desde hace años succiona “legalmente” una enorme tajada de lo que pertenece al erario, sin que nadie se atreva a pedir cuentas claras y precisas del destino que se les da, discrecionalmente, a esos fondos.
Editorial Listín Diario