Desde asociación de malhechores, sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación y actos de terrorismo… así son parte de los cargos de los siete involucrados en la Operación Camaleón, el sonado caso de supuesta corrupción administrativa en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Los acusados son Hugo Beras Goico, ex director del Intrant; Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant; Jochi Gómez, dueño de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas.
Pero, ¿de qué se les vincula?
En la orden de arresto 2024-AJ0020784, Hugo Beras Goico Ramírez es definido por el Ministerio Público como el “coautor y principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia”.
Y señalan que entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, Beras Goico “dirigió y autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas requeridas”.
Además, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) indica que él fue clave en la integración de “nuevas autoridades al proyecto manipulado y facilitó la participación de empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado”.
Asimismo, Frank Rafael Atilano Díaz Warden habría participado en la adjudicación irregular de contratos, y “su rol fue la manipulación de la licitación y la toma de decisiones que beneficiaron a los imputados”.
También que habría influenciado en que las decisiones del comité de ventas del Intrant favorecieran a empresas vinculadas a la estructura “corrupta”.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, quien era el encargado de la red semafórica y de videovigilancia del Gran Santo Domingo, “facilitó el control de estos sistemas a Transcore Latam S.R.L., una empresa que no cumplía con los requisitos legales ni técnicos”.
Según la PEPCA, Baquero Sepúlveda habría adaptado la evaluación pericial en el proceso de licitación para favorecer a Transcore Latam.
“Tuvo una participación activa en la ejecución técnica del esquema fraudulento, comprometiendo la seguridad vial y la transparencia en el uso de fondos públicos”, dice la acusación contra Baquero Sepúlveda.
Jochi Gómez, cuyo nombre de pila es José Ángel Gómez Canaán, fue el “el principal beneficiario económico del esquema corrupto”.
Las autoridades indican que a través de su empresa Aurix S.A.S., “controló fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia”.
Además, habría utilizado a Transcore Latam S.R.L. y Dekolor S.R.L. para movilizar fondos obtenidos ilegalmente y realizar lavado de activos.
Gómez es investigado por lavado de activos, usurpación de identidades empresariales y manipulación de fondos públicos, “constituyendo una clara amenaza a la integridad financiera del Estado”. También se le vincula con ser el responsable principal del sabotaje a la red semafórica ocurrida a finales de agosto 2024, en el gran Santo Domingo.
Pedro Vinicio Padovani Báez, quien sería uno de los socios de Gómez, habría sido una de las piezas claves en el manejo y supervisión del centro de control de tráfico.
El documento indicó que tras renunciar a su cargo, colaboró de “manera directa con las actividades fraudulentas de Transcore Latam S.R.L.”.
“Posee participación directa en el fraude licitatorio y contribuyó a la implementación de los esquemas de lavado de activos, así como en el sabotaje a la red semafórica”, detalla la acusación contra Padovani Báez.
Carlos José Peguero Vargas, a quien atribuyen como el responsable de movilizar fondos a través de INPROSOL S.R.L., desviando el dinero adjudicado a Transcore Latam S.R.L.
Además, “es el encargado de los asuntos técnicos – informáticos de la estructura de vigilancia y espionaje de José Gómez Canaán. Se le imputa lavado de activos, desvío de fondos públicos y colaboración en la estructura financiera ilícita”.
¿De qué se les acusa?
Los siete son investigados por la presunta violación de varios delitos.
El primero es de proscripción de la corrupción, contenido en el artículo 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana; y los artículos 123 y 124 (coalición de funcionarios).
También de uso de documento privado, resumido en los artícuos 147, 150 y 151 del Código Penal dominicano; de desfalco, en los 171 y 172; de asociación de malhechores, en los artículos 265 y 266; así como el artículo 405, de estafa en perjuicio del Estado dominicano.
De los artículos 11, 17, 27, y 28, que detallan los delitos sobre sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, y actos de terrorismo, de la Ley a 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
De los artículos 5, 33, 34, 35, 36, que tratan de contrabando y corresponde a la Ley 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.
También los acusan de Lavado de Activos, especificamente de los artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9, y 1 de la Ley núm. 155-17 sobre Lavados de activos y financiamiento del terrorismo, de acuerdo con los artículos 5, y 8 letra F, de la Ley 267-08 sobre Terrorismo.
detenidos en palacio de justicia
Los siete acusados fueron detenidos la noche del miércoles luego de varios allanamientos en el Distrito Nacional, principalmente en la residencia de Hugo Beras y en Aurix, la empresa de Jochi Gómez.