Con el paso de los días la gran mayoría de los seres humanos piensan que los recursos naturales son infinitos, la realidad nos confronta con una verdad ineludible: la minería a cielo abierto, esa actividad que muchos consideran un motor de progreso, en realidad deja tras de sí un legado de destrucción y desolación. Desde las montañas de Cotuí y amenazas a comunidades de San Juan de la Maguana, esta práctica ha desplazado vidas, contaminado ecosistemas y puesto en jaque nuestro futuro colectivo.
Recientemente, en República Dominicana, se celebró la Octava Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA VIII), un evento que reunió a líderes y expertos para discutir los desafíos que enfrentamos como región. Sin embargo, más allá de las agendas oficiales y los discursos diplomáticos, existe una realidad palpable que clama por atención: la amenaza silenciosa e implacable que representa la minería irresponsable.
La minería a cielo abierto extrae minerales y extrae comunidades enteras. En Cotuí, por ejemplo, los problemas ambientales derivados de estas explotaciones provocan daños de biodiversidad, contaminación del agua y daños irreparables al suelo. La huella minera puede durar décadas, por no decir siglos, dejando un legado destructivo que afecta a generaciones futuras. Como bien señala un estudio reciente del Instituto Nacional de Recursos Naturales, "la actividad minera desplaza comunidades enteras y genera conflictos sociales profundos". ¿Qué valor tiene el progreso si este se construye sobre el sufrimiento y la destrucción?
En San Juan de la Maguana, los munícipes han expresado su firme oposición a la explotación minera en la mina Romero. Sus voces reflejan una preocupación legítima: ¿a qué costo se busca el desarrollo económico? La respuesta es clara: muchas veces, el costo es demasiado alto. La minería destruye paisajes sagrados y culturales; fragmenta comunidades y erosiona nuestra identidad como pueblo. La historia nos enseña que los recursos naturales más que bienes económicos son patrimonio cultural e histórico.
Mientras tanto, en República Dominicana en adición enfrenta decisiones sobre nuestro entorno natural más cercano. La propuesta de ampliar el Jardín Botánico, ha suscitado amplio rechazo por diversos sectores que temen que esto implique mayor impacto ambiental o alteraciones en áreas protegidas. La protección del medioambiente debe ser vista más que un obstáculo al desarrollo, una inversión en nuestro bienestar presente y futuro.
Es fundamental entender que estos problemas lejos de ser aislados u exclusivos del Caribe, son fenómenos globales que afectan a otros países de la región. En todos ellos se evidencian conflictos similares: comunidades desplazadas por intereses económicos, ecosistemas devastados por prácticas insostenibles y una lucha constante de equilibrar crecimiento con sostenibilidad.
Hay esperanza, la historia está llena de ejemplos donde la conciencia social y la acción colectiva lograron revertir daños aparentemente irreparables. La clave radica en fortalecer nuestras voces ciudadanas, exigir políticas responsables y promover alternativas sostenibles que prioricen el bienestar humano sin sacrificar nuestro planeta.
Como ciudadanos responsables y conscientes del legado que dejamos a las generaciones futuras, debemos recordar siempre: la minería puede dejar cicatrices profundas en nuestro territorio. Esto nos lleva a reflexionar en optar por caminos que integren desarrollo con respeto por la naturaleza y las comunidades.
Es hora de transformar nuestra desolación en esperanza. De exigir transparencia y justicia en los proyectos mineros; de apoyar iniciativas ecológicas; de promover leyes que protejan nuestros recursos naturales, más aún educar a las nuevas generaciones sobre el valor intrínseco de nuestro patrimonio natural y cultural.
El cambio comienza con cada uno de nosotros. La participación activa en debates, la denuncia de prácticas irresponsables y el apoyo a proyectos sostenibles son acciones que, sumadas, generan un verdadero impacto. La historia nos muestra que las comunidades empoderadas pueden transformar su destino y defender sus derechos, frente a intereses económicos que buscan maximizar beneficios a corto plazo.
Asimismo, es imperativo que los gobiernos asuman su responsabilidad como guardianes del bienestar colectivo. La implementación de leyes estrictas, la fiscalización efectiva y la promoción de alternativas económicas en verde son pasos esenciales para garantizar un desarrollo equilibrado y justo. La protección del medioambiente no debe ser vista como un obstáculo, sino como una inversión en la salud y prosperidad de todos.
En conclusión, la minería a cielo abierto representa una amenaza tangible para nuestras comunidades, ecosistemas y futuro. Se necesita reflexionar, actuar y construir un camino diferente. Un camino donde el progreso no signifique destrucción, que mueva a la sostenibilidad, donde la riqueza más que material, sea cultural y ambiental.
De la desolación podemos pasar a la esperanza si decidimos unir nuestras voces y esfuerzos. Porque solo así podremos garantizar que las venideras generaciones hereden un país vibrante, saludable y lleno de vida. La elección está en nuestras manos: seguir por el camino de la destrucción o apostar por un futuro sustentable y justo para todos. ¡La decisión es nuestra!
Edward Rodríguez
Líder Comunitario