El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional favoreció con la libertad condicional al exfuncionario Manuel Rivas, acusado de cometer actos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), hechos que desencadenaron en el asesinato del profesor Yuniol Ramírez en octubre del 2017.
La información fue confirmada por su abogado, Carlos Salcedo, quien durante una audiencia de revisión obligatoria de medida de coerción consiguió que a su cliente le cambiaran la prisión preventiva por impedimento de salida del país y una garantía económica de cuatro millones de pesos.
Desde hace varios meses, Rivas buscaba conseguir su libertad por medio de su defensor, quien alega que han variado los presupuestos por los cuales mandaron a prisión a su cliente, ya que la Fiscalía lo excluyó del caso de asesinato de Yuniol Ramírez, y solo lo dejó imputado por corrupción.
Además, su abogado aseguró en una ocasión, por medio de certificaciones médicas, que el exfuncionario tiene cáncer de próstata.
Salcedo también presentó documentos con los que aseguró que Rivas tiene suficiente arraigo para no sustraerse al proceso y poder someterse a un tratamiento médico.
Diario Libre contactó a Ramón Ramírez, hermano de Yuniol y abogado de la familia, para obtener su opinión, y este dijo que si es cierto van a proceder contra la jueza del tribunal que liberó a Rivas, ya que no los convocaron a esa audiencia.
“La semana pasada nos convocaron a una revisión de medida obligatoria virtual, dijimos que no estábamos de acuerdo con que sea virtual y que lo hiciera constar en acta, pero no nos volvieron a convocar. En ese sentido, si la jueza lo puso en libertad le vamos a meter su querella por conocer sin convocar a las partes”, expresó Ramón Ramírez.
Acusación
El Ministerio Público no estableció la vinculación de Manuel Rivas con el asesinato de Yuniol Ramírez, pero sí se determinó que cometió los delitos de “asociación de malhechores, soborno, crímenes de corrupción, fraude contra el Estado, corrupción en procesos de duplicidad de pagos, al igual que procesos de urgencia, y asociación de malhechores para cometer prevaricación, desfalco y estafa en perjuicio del Estado dominicano”.