Santo Domingo: Organizaciones del transporte y ciudadanos afectados por las llamadas “multas fantasmas” reclamaron a las autoridades resolver el problema para poder obtener el marbete de sus vehículos y realizar otras transacciones, mientras la directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, Claudia Franchesca De Los Santos, y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) aseguran que la Procuraduría dispuso de mayor personal para atender a los ciudadanos.

Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), consideró que han sido violados los derechos fundamentales de las personas a las que se les han colocado infracciones por acciones que no han cometido.

Indicó que la entidad que dirige han depositado unas 9,300 multas de personas que eran menores de edad cuando fueron registradas y en otros casos aparecen personas que tienen multas sin vivir en el país.

“En mi caso aparezco con una multa por no usar el casco protector y la última vez que yo monté un vehículo de dos ruedas yo tenía once años”. Dijo que hay personas que aparecen con hasta 176 multas.

Dijo que la CNTT fue la primera organización en dar la voz de alerta del problema y planteó que el gobierno emita un decreto, junto a la Procuraduría para que sean liberadas esas personas que tienen multas que no se corresponden con verdaderas infracciones, pero que las que sí fueron cometidas que sean pagadas.

William Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), se sumó a los sectores que reclaman se transparente el problema porque de seguir se creará una situación muy difícil porque mucha gente no pagará por algo que no ha cometido.

Apeló al ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, para que intervenga ante la situación porque la gente se siente impotente y está enfadada porque no pueden obtener el marbete, no pueden traspasar vehículos y tampoco les entregan papel de buena conducta.

En tanto que Alfredo Pulinario (Cambita) manifestó que no pagarán multas por infracciones que no han cometido y aclaró que afiliados a la organización que dirige, la Central Nacional Movimiento Choferil de Transporte (Mochotran) aparecen ahora hasta 200 y 300 multas.

Informó que han planteado la problemática a las autoridades con la esperanza de que se apliquen los correctivos de lugar.

Por su lado, Claudia Franchesca De los Santos, directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) dijo que esa entidad junto a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la Procuraduría tiene cerca de dos años invitando a la gente a que recibe su status y hasta se puede consultar y pagar en línea las multas.

Exhortó a la ciudadanía acudir a las fiscalías de tránsito para hacer uso de sus derechos a rechazar las multas que no reconocen acudiendo a la que está en la misma sede principal de la Digesett y en la Procuraduría General de la República.

“El Procurador nos ha externado que ha triplicado el personal para aquellas personas que no reconocen una multa, pues que puedan ir a la fiscalía y que se revise su caso y eso se está haciendo de forma muy eficiente, ya no es como antes que las personas iban, pasaban mucho trabajo, tratando de resolver esto, ahora la Procuraduría se ha encargado de que este proceso sea eficiente”, dijo.

Aseguró que hay tiempo para obtener el marbete porque el plazo vence en diciembre y hay facilidades para conocer cada caso y buscarle una solución y recordó que la responsabilidad de cobrar las multas es de la Procuraduría General de la República.

Por su lado, Digesett, a través de su vocero, Hillman Pimentel, aclaró que desde agosto de 2017 el sistema de multas es competencia del Ministerio Público como lo establece el artículo 298 y afirmó que el 98% de las multas que los ciudadanos no reconocen son viejas desde 2006 hasta el 2017, antes de la creación de la Ley 63-17 de Tránsito y Transporte.

José Espinal, un mensajero que usa una motocicleta para su labor, dijo que aparece en el sistema con siete multas, tres de ellas por alegadamente transitar sin casco protector, lo cual niega y otras cuatro por licencia categoría 2 vencida, cuando nunca ha manejado un vehículo de cuatro ruedas.

El exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Rafael Ramírez Ferreiras, se declaró en rebeldía y se niega a pagar multas de varios de sus vehículos que están registrados con multas a pesar de no estaban en circulación.

“Increíble pero cierto, ahora mando a sacar la placa y dos vehículos que no se han movido en meses, aparecen en la DGII con multas por trafico. Un claro abuso de los amemaos y su director, nunca he sido multado y, por tal razón, me niego rotundamente a pagarla, me declaro en rebeldía”, dijo el oficial retirado en facebook.

De igual modo el periodista José Rafael Sosa publicó una denuncia sobre el registro de multas que no se corresponden con la realidad.

Fuente: diariolibre