El Ministerio de Obras Públicas destinó 11,500 millones de pesos para la compra de hormigón asfáltico caliente para pavimentación de calles en varios puntos del país entre abril y septiembre de este año, mediante contratos de excepción, que se gestionaron previo al lanzamiento de la candidatura presidencial del entonces ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.

Así lo establece una investigación realizada por El Informe con Alicia Ortega, que detalla que 38 empresas fueron beneficiadas con adjudicaciones de 300 millones, a excepción de una que solo recibió 150 millones por la misma cantidad de kilómetros lineales de asfalto.

Los siete contratos por excepción a los que hace referencia la investigación están publicados en el portal web de la Dirección General de Compras y Contrataciones.

El primer contrato fue en abril, por un monto de seis mil setecientos cincuenta millones de pesos (RD$6,750,000,000), y beneficia a 23 empresas, de las que a 22 le asignaron 300 millones por contrato para el asfalto de 70 kilómetros, mientras que a la restante le pagaron 150 millones por los mismos 70 kilómetros lineales de asfalto, “violando los principios de igualdad y libre competencia” de la Ley 340.

El aviso a convocatoria para el procedimiento de contratación de las 23 empresas fue publicado en la página de Compra y Contrataciones el 16 de abril, mientras que la presentación y evaluación de ofertas se pautaba para el 17 de abril, es decir, que los ofertantes tenían solo un día para presentar sus propuestas.

“Según el reglamento de la Ley 340, la única modalidad de compra que autoriza al contratante a un plazo de un día para otro es el de compra menores, pero después, para todos los otros procedimientos el mínimo es de cinco días para presentar oferta”, afirma el economista Faustino Collado, miembro de la Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana.

La investigación refiere que la solicitud del material fue hecha al entonces ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, por parte del director de Pavimentación Vial, Axel Pimentel Arbaje, un mes antes de la convocatoria, mediante dos comunicaciones que enumeraban los nombres de empresas específicas, que resultaron ser las ganadoras de los contratos de excepción.

Ambas solicitudes fueron aprobadas por Castillo, según una comunicación enviada el 20 de marzo por el director de Pavimentación Vial a la directora de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones del ministerio, Carolin Agramonte.

La excepción es una de las modalidades de compras y contrataciones utilizadas para cubrir situaciones imprevisibles, de emergencia y demás necesidades excepcionales descritas en la Ley 340 de Compras y Contrataciones. Según el economista, un asfalto no califica para una situación de emergencia.

Los contratos presentan varias irregularidades. “Un contrato de 300 millones de pesos es una obra mayor que tiene que tener las especificaciones determinadas en cuanto a calidad, condición, fecha de entrega y demás, lo cual en ningún caso se cumple en el contrato que hemos analizado”, aseguró el abogado Manuel Olivero, quien analizó uno de los expediente.

Una de las empresas beneficiadas con los contratos de excepción es la Constructora Moll, ubicada en el edificio Progressus de la avenida Abraham Lincoln donde están ubicadas las empresas del exministro de Obras Públicas y actual candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.

El local donde opera dicha constructora fue puesto en garantía para un préstamo de la empresa Helidosa, también de Castillo.

Otra de las empresas beneficiadas fue la Constructora Mar, de Mícalo Bermúdez, vicepresidente del Consejo Directivo del Banreservas y uno de los integrantes del equipo político de Castillo.

A continuación el detalle de las demás empresas que resultaron beneficiadas y del resto de los contratos, según la investigación de El Informe.

¿Cuáles mecanismos utilizó Obras Públicas para escoger a las empresas beneficiadas con adjudicaciones de 300 millones cada una, desde cuando estaban pre-aprobadas y qué vínculos tienen?

El Informe con Alicia Ortega afirma que solicitó al vocero y jefe de comunicación, prensa y relaciones públicas de Gonzalo Castillo, Miguel Medina, una entrevista con el candidato en dos ocasiones, sin embargo no recibió respuesta.

Además, para verificar cuánto Obras Públicas había desembolsado por concepto de estas multimillonarias adjudicaciones, el medio de comunicación solicitó vía libre acceso a la información pública a la Contraloría General de República el detalle de los contratos, desde donde le respondieron que no son dueños de esta información y remitieron dicha solicitud al Ministerio de Obras Públicas.

El Informe con Alicia Ortega refiere además: “Por la importancia de esta investigación, pedimos por segunda vez una entrevista a la directora Jurídica del Obras Públicas, además de reiterar nuestra solicitud de los contratos pendientes. La Sra. Méndez respondió diciendo: 'El derecho a la respuesta oportuna y eficaz, como el derecho a la información pública… tiene como contrapartida el deber de ejercer con responsabilidad los derechos, evitando la reiteración de solicitudes improcedentes’”, citando sobre procedimientos administrativos”.