El Primer Tribunal Colegiado Penal del distrito judicial de La Vega condenó la tarde de este lunes a 10 años de prisión y al pago de una indenmización de 20 millones pesos al cura católico Miguel Bienvenido Florenzán Ullloa, a quien encontró culpable de agresión sexual agravada contra un menor de edad cuando era director de un colegio privado.

La jueza-presidenta del Tribunal, Lucrecria Rodríguez Ramírez, hizo un recuento pormenorizado de todo el proceso que conllevó el juicio de fondo contra el sacerdote Florenzán Ulloa, donde excluyó la mayoría de las pruebas aportadas por el Ministerio Público y de la parte demandante.

En cuanto a la condena económica, estableció que el sacerdote tendrá que pagar 15 millones de pesos a la familia del joven afectado, mientras la dirección del colegio Agustiniano los otros cinco millones de pesos para totalizar los 20 millones de pesos.

Mientras la jueza relataba el proceso, resaltó que la defensa técnica del imputado presentó lo que se llama un coctel de frutas o un “fruit punch”, donde ni el Ministerio Público ni los abogados de la parte querellante pudieron demostrar que el joven Víctor Rafael Mañón Arias fue violado sexualmente por el cura, es decir, que hubo penetración.

Fue entonces cuando la jueza Rodríguez Ramírez enumeró todas las pruebas excluidas por falta de sustento jurídico.

Y al llegar al delito de agresión agravada, fue cuando citó los artículos 331, 333 y el 396 del Código Procesal Penal, donde se sanciona el mismo con una pena de cinco a 10 años.

“Yo le creo a la víctima de que fue penetrado, pero el fiscal no lo probó”, subrayó la jueza.

La lectura de la condena en cuestión fue fijada para el 16 de diciembre próximo a las 4:00 de la tarde en la sala de audiencias del Primer Tribunal Colegiado de esta ciudad.

El tribunal mantuvo la medida de coerción contra el cura, que es presentarse periódicamente ante la justicia y el impedimento de salida del país.

Tras conocerse el fallo, Carlos Salcedo, de la parte demandante, declaró que estaba de acuerdo con la misma, pero que en algunos términos técnicos no, ya que actualmente la violación sexual ya no se demuestra por un examen de pericia médica.

“De todos modos, entendemos que esto envía un claro mensaje a la sociedad, de que y no podemos seguir protegiendo a los pederastas ni a los violadores de menores, esto debe detenerse”, subrayó Salcedo.

Indicó que posteriormente se estudiará si procede o no presentar una apelación.

De acuerdo a los relatos que hizo al tribunal durante el juicio de fondo, el menor fue violado sexualmente seis veces mientras estudiaba en el colegio y una vez en un viaje a la Argentina en un evento del centro educativo en cuestión.

Las demás juezas del Tribunal son Luz Enilda Herrera y Juana Patricia Silverio.