La Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales allanó este jueves una propiedad del expelotero José Rijo, en donde fueron rescatados tres de cuatro cocodrilos, uno murió, y que retenían de manera irregular y en condiciones deplorables.
El Ministerio Público abrió una investigación de la que pueden derivar sanciones contra Rijo, así lo informó el procurador general de Medio Ambiente de San Cristóbal, Rigoberto Santana del Rosario, quien encabezó el operativo junto a autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Parque Zoológico Nacional.
La vivienda allanada está ubicada en la calle Los Peloteros, en la Urbanización El Rosal, en Madre Vieja Sur, de este municipio.
“Se trata de cuatro cocodrilos que hemos encontrado en un área en que no pueden estar, en violación a la Ley 64-00. Las condiciones en que se encontraban ha provocado que uno de estos animales muriera, es lamentable pero lo que estamos tratando es que estos que han sobrevivido puedan estar en mejores condiciones, en un lugar donde reciban la protección y las atenciones adecuadas”, dijo Santana del Rosario.
Los cocodrilos tres sobrevivientes permanecían en torno a una pequeña pileta, con escasos litros de agua, lo que amenazaba su salud y su vida. Las autoridades los trasladarán al Parque Zoológico Nacional, donde serán sometidos a los análisis y cuidados veterinarios correspondientes, para su posterior integración a un hábitat adecuado.
El cocodrilo es una especie cuya preservación está amenazada y que, por tanto, no está permitida la tenencia al menos que sea en zoológicos y espacios similares, explicó en el lugar el biólogo Nelson García Mercado, del Ministerio de Medio Ambiente. “Los animales están en unas condiciones terribles de salubridad. Les tiran la comida con todo y bolsas plásticas”, detalló el profesional.
Un comunicado de prensa de la Procuraduría General de la República indica que el expelotero de Grandes Ligas conservaba estos animales en cautiverio sin los debidos permisos ambientales, en violación a la Ley General de Medio Ambiente y los Recursos Naturales (64-00), en los artículos 136, 137, 174, 175.1 y 175.3.
Detalla que el operativo contó con la autorización de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción, a través de la jueza Katerine Rubio Matos y que el allanamiento continúa las investigaciones, en procura de perseguir las sanciones que correspondan.
