La tarde del 12 de octubre del 2017 la sociedad dominicana fue conmocionada con la noticia de un crimen horrendo que no ha sido resuelto en los tribunales. El profesor Yuniol Ramírez fue asesinado y encontrado en una cañada con las manos atadas con cadenas sujetas a un block. Por los hechos fueron perseguidas doce personas, pero algunas de las acusaciones han comenzado a desmoronarse.
Solo en este año tres de los imputados han logrado salir de la cárcel, a dos de ellos les han suspendido el proceso penal. El pasado jueves la Corte de Apelación del Distrito Nacional le otorgó una libertad bajo fianza de un millón de pesos e impedimento de salida del país a Heidy Carolina Peña, pareja sentimental de Argenis Contreras, presunto autor material del profesor universitario.
Además, el mes pasado el Sexto Juzgado de la instrucción de Santo Domingo Oeste declaró la extinción del proceso judicial en contra de Eddy Rafael Santana Zorrilla, quien estaba implicado en los actos de corrupción de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), que desencadenó en el asesinato de Yuniol Ramírez.
La a extinción de la acción fue presuntamente por ausencia de actos conclusivos por parte del Ministerio Público.
Mientras que en mayo de este año, la Fiscalía del Distrito Nacional ordenó el archivo de la acusación contra Lucas Tobías Duarte, el tío de Argenis Contreras. Al solicitar el archivo, el Ministerio Público argumentó que no encontró evidencias que vincularan a Duarte con los hechos puestos a su cargo. El Ministerio Público acusaba a Duarte de ser la persona que ocultó y protegió a Contreras de las autoridades en los Estados Unidos y de conspirar para destruir la vinculación que tenía su sobrino con el asesinato.
El proceso se inició hace poco más de dos años, y desde entonces ha transcurrido de incidente en incidente, sin que ni siquiera se haya podido llegar a un juicio de fondo. La norma establece que “la duración máxima de todo proceso es de cuatro años, contados a partir de los primeros actos del procedimiento”, es decir, desde la medida de coerción.
El caso ha pasado por las manos de fiscales de las tres jurisdicciones judiciales de la capital. El asesinato y el caso de corrupción en la OMSA comenzó a ser investigado por la entonces fiscal de la provincia Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, quien tenía sus oficinas en Santo Domingo Este, mientras que las audiencias del proceso se conocían en la fiscalía de Santo Domingo Oeste cuando Rosalba Ramos era la titular de esa zona. Luego, a petición de los parientes del catedrático, la Corte lo declinó en julio de 2018 al Distrito Nacional. En marzo de este año la Fiscalía del Distrito presentó formal acusación a un grupo por corrupción y a otros por el asesinato de Yuniol Ramírez.
A Manuel Antonio Rivas, exdirector de la OMSA, se le acusó de asociación de malhechores para cometer sobornos, corrupción, fraude contra el Estado, corrupción en proceso de duplicidad de pagos, al igual que procesos de urgencias y asociación de malhechores para cometer prevaricación, desfalco, y estafa en perjuicio del Estado dominicano.
En tanto, el exdirector financiero de la OMSA, Faustino Rosario Díaz, fue acusado de asociación de malhechores, corrupción por fraude en proceso de selección de compras directas y sin contratos, duplicidad de pagos, al igual que en procesos de urgencias, enriquecimiento ilícito derivado de actividades de corrupción, lavado de activos e incremento patrimonial.
A Argenis Contreras, detenido en EEUU para deportación, además de ser acusado de disparar a Ramírez, se le imputa también de asociación de malhechores, ocultamiento del cadáver de la víctima y sobornos. Por el caso guardan prisión además José Antonio Mercado Blanco (El Grande), Víctor Elisander Ravelo Campos (El Herrero), Jorge Luis Abreu Fabián (El Taxista), y Lilian Francisca Suárez Jáquez por asociación de malhechores para el asesinato y el ocultamiento del cadáver de Ramírez.