Un supervisor de la oficina de la DEA en República Dominicana fue arrestado como parte de una investigación sobre el abuso de un programa de visas estadounidenses para informantes confidenciales, declararon el jueves a The Associated Press un funcionario federal y un exfuncionario con conocimiento del asunto.
El arresto se produce después de que el gobierno del presidente Donald Trump cerró inesperadamente su oficina antinarcóticos en la nación caribeña horas antes el jueves por lo que calificó como una “repugnante y deshonrada violación a la confianza pública”.
Melitón Cordero fue detenido como parte de una investigación encabezada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus iniciales en inglés), señalaron las dos personas. Hablaron con la AP bajo condición de anonimato debido a que la investigación está en curso.
No se dieron a conocer detalles adicionales sobre el arresto y no hubo respuesta a mensajes dejados en el teléfono celular de Cordero. Ni el DHS ni la DEA respondieron de momento a una solicitud de comentarios.
Horas antes el jueves, la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah F. Campos, informó que cerró la oficina de la DEA hasta nuevo aviso sin ofrecer una motivo.
“Usar el cargo oficial para beneficio propio es una repugnante y deshonrada violación a la confianza pública”, escribió en la red social X. ”No toleraré ni siquiera una percepción de corrupción en ninguna parte de esta embajada”.
El ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, afirmó que el cierre no tenía nada que ver con el gobierno dominicano, sino que era parte de una investigación interna de Estados Unidos.
La DEA, el FBI y otras agencias federales de seguridad patrocinan cada año el ingreso a Estados Unidos de cientos de extranjeros que, de otro modo, podrían considerarse inadmisibles debido a su asociación con actividad criminal. Con el tiempo, muchas de las personas, de quienes se espera que ayuden a los investigadores, se vuelven elegibles para la residencia permanente.
Un organismo de supervisión del Departamento de Justicia publicó en 2019 un informe en el que identificó varias fallas en el programa de visas, llegando a la conclusión de que las fuerzas del orden habían perdido el rastro de hasta 1,000 personas patrocinadas, lo que planteaba riesgos para la seguridad pública o la seguridad nacional debido a la participación de esas personas en actividades criminales.