Santo Domingo, RD.– La cadena de aplazamientos en casos de corrupción que actualmente se conocen en los tribunales, genera preocupación entre legisladores de distintas fuerzas políticas, quienes advierten que las demoras podrían facilitar que expedientes de alto perfil terminen sin sanción.
Desde el Congreso, diputados de diferentes bancadas cuestionaron la frecuencia de los aplazamientos en los procesos judiciales. Señalan como factores el manejo del Ministerio Público, la exposición mediática y la complejidad de los expedientes.
Entre los ejemplos citados figura el caso del exprocurador, Jean Alain Rodríguez, que acumula 102 aplazamientos en la fase preliminar en el Tercer Juzgado de Instrucción, además de ocho prórrogas en el Segundo Tribunal Colegiado desde el inicio del juicio de fondo en junio de 2024.
Para los congresistas, estas dilaciones no solo implican un elevado costo para el Estado, sino que también podrían comprometer derechos fundamentales de los imputados. Esto pese a reconocer que las estrategias procesales de ambas partes inciden en la duración de los casos.
En contraste, otros legisladores sostienen que el respeto al debido proceso debe prevalecer, a fin de evitar decisiones apresuradas que puedan vulnerar garantías judiciales.
La principal preocupación radica en que la prolongación de estos procesos aumente el riesgo de extinción de la acción penal. Lo que según advierten, podría dejar sin castigo casos de corrupción de gran relevancia.