El abogado Miguel Valerio, representante legal de la ministra Faride Raful, aclaró este miércoles que el levantamiento del impedimento de salida del país dispuesto por la jueza Clara Luz Almonte a favor de Ángel Martínez, solo aplica a uno de los múltiples procesos judiciales que enfrenta el comunicador y no implica una autorización general para abandonar el territorio nacional.
"Ese levantamiento es en relación a ese caso específico. Ángel Martínez tiene, al menos, cuatro procesos más con medidas de coerción vigentes, incluyendo impedimento de salida y uso de grillete electrónico, por lo que no puede salir del país. Ese levantamiento es solo uno y representa el caso del diputado Sergio Moya", explicó Valerio en una entrevista al programa El Día.
El jurista detalló que la autorización en ningún caso, elimina los controles impuestos por otros tribunales. "Es como si tuvieses una puerta cerrada con cuatro candados y solo abriste uno. No puede salir todavía", ilustró.
La aclaración surge luego de que en redes sociales se difundiera la información de que la decisión de la jueza abarcaba el resto de los procesos legales que se llevan en su contra en el país.
Casos pendientes y arraigo insuficiente
Valerio enfatizó que Ángel Martínez no cuenta con arraigo ni domicilio conocido en el país, lo cual constituye un riesgo evidente de fuga. "Las posibilidades de que regrese si sale son muy pocas", afirmó. En el caso particular que involucra a la ministra Faride Raful, no se ha solicitado ni se contempla una autorización para que el imputado viaje al extranjero.
"La acusación contra Martínez por el caso de Faride es delicada. Él insinuó que la ministra entregó protección policial a un narcotraficante. No es un asunto menor, se trata de un ataque a la seguridad nacional", advirtió.
¿Extradición en caso de fuga?
Consultado sobre la posibilidad de solicitar una extradición si Martínez logra salir del país, Valerio aclaró que, aunque la difamación y la injuria son infracciones menores, el caso se enmarca en la Ley de Delitos Tecnológicos, lo que podría dar lugar a una orden de captura internacional. Sin embargo, explicó que cualquier solicitud de extradición dependería de la valoración de un juez estadounidense.
Diferencias entre procesos
Sobre la jueza Clara Luz Almonte, Valerio reconoció su integridad y aclaró que en el caso por el cual se otorgó la salida provisional, Martínez desconoce los elementos de la decisión. A diferencia del proceso de Faride Raful, en el que ni siquiera ha concluido la fase de investigación ni se ha fijado audiencia preliminar.
"No podemos criticar sin conocer los méritos. Ese caso tiene sus particularidades. Probablemente, el Ministerio Público no estaba comprometido directamente y por eso la acción pudo ser tratada como privada", sostuvo.
Valerio aprovechó para desmontar la idea de que los casos de difamación en redes sociales son procesos estrictamente privados. Recordó que, bajo la Ley de Delitos Tecnológicos, las acciones son públicas a instancia privada, lo que significa que el Ministerio Público tiene participación hasta que la víctima se retire o decida continuar sin su intervención.
"El Ministerio Público inicia la acción en estos casos. No es cierto que se trate de acciones privadas desde el principio", puntualizó.
Medidas vigentes en el caso Faride Raful
En el proceso donde representa a la ministra Raful, Valerio explicó que las medidas de coerción impuestas a Martínez incluyen:
- Impedimento de salida del país
- Fianza económica
- Presentación periódica
- Grillete electrónico
Además, advirtió que Martínez ha apelado el monto de la fianza, lo cual debilita aún más la garantía de su comparecencia ante los tribunales.
"El anuncio del levantamiento parcial fue parte de una estrategia. No me sorprende. Nosotros estamos preparados para responder jurídicamente a cualquier solicitud que intente presentar en este caso", concluyó Valerio.
