El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago, decidirá este jueves a partir de las 10:00 de la mañana, si impone medidas cautelares o deja en libertad a dos implicados en la red de lavado de activos y narcotráfico que el Ministerio Público dijo haber desmantelado mediante la Operación Falcón.
El magistrado Miguel Alejandro Báez escuchó ayer la contrarréplica de los representantes legales de Harington José Mosquea Núñez e Iván Paulino de Jesús, luego de que el órgano acusador agotara una extendida exposición con las imputaciones que les indilga a los encartados.
El Ministerio Público sostiene que Mosquea Núñez incurrió en el lavado de activos provenientes de actividades del narcotráfico.
Sobre Iván Paulino de Jesús, sostiene que administró bienes de la organización, incluyendo una estación de combustible y una tienda de comida o food shop.
El abogado de Paulino, José Reinoso, ha insistido en que su defendido es “un simple joven empleado de una bomba de combustible y un food shop” y que eso no es un delito.
Con esta investigación las autoridades aseguran haber detenido a una poderosa red del crimen organizado que movilizaba millones de pesos en operaciones ilícitas y con las cuales fueron adquiridos millonarios muebles e inmuebles.
Según investigación del Ministerio Público, la organización extendió sus tentáculos por la República Dominicana y el extranjero, desde su centro de operaciones en Santiago.
Desde que iniciaron los allanamientos y otras diligencias de investigación, a principio del mes de septiembre, han apresado a decenas de personas y han logrado la imposición de medidas cautelares contra cerca de 30 implicados en la estructura criminal.
El Ministerio Público solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
Sin embargo, todavía se encuentra prófugo de la justicia Erick Randhiel Mosquea Polanco, hermano de Harington, a quien el MP le atribuye encabezar la organización criminal.
De acuerdo al expediente del Ministerio Público, fruto de sus negocios al frente de la estructura, se convirtió en un “poderoso y temido narcotraficante internacional” que movilizó miles de kilos de cocaína desde Colombia, a través de República Dominicana y hasta Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.