El Ministerio Público varió su solicitud de coerción contra el abogado Ángel Lockward, de prisión preventiva a arresto domiciliario y garantía económica porque el acusado supuestamente decidió colaborar con la investigación en la Operación Calamar, a la cual se le vincula.
La información fue ofrecida por varios abogados, incluso los que representan a los querellantes, luego de que salieran a un receso que se dispuso de las 2:15 hasta las 4:00 de la tarde.
Lockwrad "está poniéndose a disposición del Ministerio Público para dar información de cómo era que se hacía todo el esquema del documento que se utilizaba, cuál era su posición, qué era lo que él tenía que hacer, quiénes eran que recibían el dinero, para qué se recibía el dinero", dijo la abogada Yahaira Solano, del equipo de una de la parte civil que lo acusa.
Solano, junto a Onasis Rodríguez Piantini y José Javier Bidó, representa a la familia Mota que alega son víctimas de Lockward y demás implicados en Operación Calamar.
Sin embargo, Norberto Rondón, abogado de Ángel Lockward, rechazó ofrecer información sobre el acuerdo al que habría arribado su cliente y dijo que la dará cuando la jueza Kenya Romero decida sobre la solicitud del Ministerio Público contra todos los acusados.
A Lockward se le señala como uno de los 20 imputados en estafar al Estado en la compra y venta de terrenos, declarados de utilidad pública, y detectada durante los libramientos de pagos en los últimos meses del pasado gobierno.
El abogado tambien fue acusado de corrupción, a través de la entrega de cupones para el Gas Licuado de Petróleo cuando se desempeñó como secretario de Industria y Comercio durante el gobierno de Hipólito Mejía.
La alegada red de Operación Calamar es encabezada por los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.