Al menos once regiones de Colombia se han visto gravemente afectadas por la acción de distintos grupos ilegales armados, que aprovechan las circunstancias excepcionales de la crisis del coronavirus para imponer un régimen de terror y cometer abusos contra la población civil.
Es lo que refleja un informe difundido este miércoles por la organización Human Rights Watch (HRW), que denuncia que "numerosos grupos armados en Colombia han cometido asesinatos y otros abusos contra civiles", con el objetivo de "imponer sus propias medidas en contra de la propagación del covid-19″.
"Nuestras investigaciones demuestran que los grupos armados informaron a las poblaciones locales que estaban imponiendo reglas para evitar la propagación de Covid-19 en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nari-
Los grupos armados a los que se hace referencia incluyen al ELN y a diversas disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), estas últimas derivadas de la supuesta desmovilización de grupos paramilitares, que tuvo lugar a mediados de la década del 2000.
Amenazas explícitas
Uno de los materiales fundamentales consultados por HRW para la elaboración de este estudio son los diversos panfletos informativos y mensajes de Whatsapp que utilizan estas organizaciones, que en su gran mayoría no solo informan de las obligaciones impuestas a la población, sino de los violentos castigos que lleva aparejado su incumplimiento.
A través de estos 'documentos', los grupos paramilitares imponen toques de queda, cuarentenas y restricciones a la circulación, y detallan los días y horarios en los que permiten la apertura de tiendas y el funcionamiento de servicios. Algunas de estas agrupaciones también han organizado reuniones presenciales para comunicar sus normas a la población, según funcionarios humanitarios y de derechos humanos consultados por HRW.
En muchos de los textos firmados por estas organizaciones, las amenazas violentas son explícitas. "Se suspende toda actividad comercial y pública (…) y persona que se encuentre fuera de su casa a partir del horario anunciado anteriormente será objetivo militar", puede leerse, por ejemplo, en un panfleto firmado y distribuido por el Frente Oliver Sinisterra.
Aún más violenta y directa es la advertencia incluida en otro panfleto, distribuido en mayo por la columna móvil Jaime Martínez, en el que aseguran que quien incumpla sus mandatos "será sometido a nuestra ley y pagará con su vida". "Ya saben, o cumplen o se mueren", insisten en el mismo texto.
Escasa presencia del Estado en la zonas afectadas
El reporte de HRW también denuncia que "las medidas que imponen los grupos armados han menoscabado todavía más el acceso a alimentos para las comunidades que viven en situación de pobreza", un acceso que ya se había visto limitado por el aislamiento decretado por el gobierno.
A ese respecto, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, señala que "este brutal control social refleja las históricas falencias del Estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del país que permita proteger a las comunidades en riesgo".
HRW recuerda que "conforme al derecho internacional de los derechos humanos, el gobierno colombiano tiene la obligación de proteger los derechos a la vida y a la integridad física", por lo que instan a las autoridades del país a adoptar "medidas de prevención adecuadas" frente a "amenazas razonablemente previsibles por parte de actores privados", entre los que se encuentran "grupos de crimen organizado y otros grupos armados"
"El gobierno debe intensificar sus esfuerzos para proteger a estas comunidades, garantizar que tengan acceso adecuado a alimentos y agua, así como para proteger su salud de los efectos del Covid-19″, insistió Vivanco.
HRW recuerda en su informe que "en algunas partes del país, los grupos armados disputan el control territorial a las fuerzas gubernamentales".