Por Jorge Miguel Mateo Reyes, Abogado.
Siguiendo con el análisis sobre la propuesta de uso de hasta el 30% de los fondos aportados por los trabajadores bajo el régimen contributivo del sistema de pensiones, en esta ocasión pretendo continuar explicando el funcionamiento del sistema de pensiones lo cual llevará a establecer las razones, a mi entender, de la improcedencia de la propuesta planteada. Lo anterior ya luego de explicar las razones por las cuales, a mi consideración, el uso de dichos fondos es tan atractiva para los afiliados (trabajadores).
Siguiendo con el análisis sobre la propuesta de uso de hasta el 30% de los fondos aportados por los trabajadores bajo el régimen contributivo del sistema de pensiones, en esta ocasión pretendo continuar explicando el funcionamiento del sistema de pensiones lo cual llevará a establecer las razones, a mi entender, de la improcedencia de la propuesta planteada. Lo anterior ya luego de explicar las razones por las cuales, a mi consideración, el uso de dichos fondos es tan atractiva para los afiliados (trabajadores).
Tal y como explicamos anteriormente, el régimen contributivo en el sistema de pensiones se basa, en esencia, en que el afiliado y el empleador aportan una determinada suma al sistema, suma la cual va a una cuenta individual del trabajador, siendo dicha cuenta administrada por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) de preferencia/escogencia del trabajador. Las AFPs tienen el mandato legal de buscar instrumentos financieros que produzcan rentabilidades en beneficio de los trabajadores, con miras a que llegado el trabajador obtenga una pensión digna, llegado el momento de su retiro del trabajador (escenario ideal).
En el proceso de búsqueda de rentabilidades, las AFPs han utilizado distintos instrumentos financieros, entre ellos bonos privados y públicos, certificados financieros, cuotas fondos de inversión, títulos del Banco Central, valores en Fideicomiso, etc. Por ejemplo, al 31 de diciembre del 2019, el 35% de las inversiones realizadas estaban en bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana y cerca de un 10% en entidades de intermediación financiera (bancos).
Dichas inversiones han permitido que el gobierno dominicano continúe cumpliendo con prestaciones sociales (salud, educación, etc.), proyectos infraestructuras, entre otras cosas. También, ha permitido que los bancos tengan fondos disponibles para ofrecer prestámos con bajas tasas de interés, instrumentos financieros novedosos, así como expandir sus carteras, lo cual permite que cientos de miles de personas tengan acceso a préstamos en condiciones muy favorables, se generen empleos, se eleve la calidad de vida de trabajadores, entre muchísimos beneficios que resultan de una banca accesible.
Ahora bien ¿qué tiene que ver todo lo anterior con la improcedencia de la propuesta de uso de los fondos de los trabajadores? Pues mucho, pues el funcionamiento del sistema y la forma de inversión de dichos fondos que hace improcedente la propuesta debatida actualmente, lo cual procedo a explicar.
Entre las miles de razones por las cuales se debe rechazar la propuesta actual del uso de hasta el 30% de los fondos, para mi, la más importante para los trabajadores/cotizantes, es que la propuesta no es más que una falsa ilusión. Sí, puesto que se promociona que el trabajador hará uso de, por ejemplo, RD$10.00 cuando en realidad va a hacer uso, quizás, de RD$3.00.
En primer lugar, las AFPs no tienen, al día de hoy y conforme al marco legal aplicable, obligación alguna de tener de manera líquida los fondos de los trabajadores, es decir, accesibles con tan solo ir a una gaveta o al banco. Lo anterior por simple lógica, y es que el mandato que tienen las AFPs es de producir rentabilidades, por ende, dichas rentabilidades se generan cuando se invierten dichos fondos bajo ciertas condiciones. En ese sentido, si las AFPs se ven obligadas a buscar el porcentaje propuesto, seguramente sean penalizadas (monetariamente) por los titulares/administradores/ de las inversiones o tendrían que vender sus inversiones a un precio muy inferior, todo lo cual sería transferido a los afiliados, resultando como consecuencia una reducción de los fondos a ser utilizados o de los fondos que permanecerían en sus cuentas individuales, de cualquier forma, una reducción en su balance.
En segundo lugar, el porcentaje del cual se habla representa la fríolera suma de RD$172,806,000,000.00 (sí, todos los ceros y posiciones de los números están correctos) y si sumamos el 30% de los fondos del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA) la cifra ascendería a RD$195,766,000,000.00 (sí, todos los ceros y posiciones de los números están correctos); ambas sumas son superiores a todo el efectivo, estimado, que se encuentra en circulación. Lo anterior se traduce en que habría tanto dinero en “la calle” que se crearía una falsa ilusión de bienestar/riqueza en la población, lo cual automáticamente se traduciría en un aumento de precios bienes esenciales y no esenciales (algo parecido a los efectos de una escasez).
Para mejor entendimiento de lo anterior, veamos este ejemplo: producto del retiro de los fondos, los vendedores de huevos entienden que sus clientes pueden pagar 6 huevos al precio de 1 cartón de huevos ¿qué podría pasar? fácil, el precio de 6 huevos sería el precio de 1 cartón. Posiblemente, el vendedor de huevos no desee aumentar los precios, pero dicho vendedor también tiene suplidores, proveedores, intermediarios y alguien dentro de la cadena de comercialización aumentará el precio, pues al final habrán muchos con apetito por el bizcocho. Es la famosa inflación de la cual nos hablan.
En tercer lugar, un retiro de esta magnitud sin lugar a dudas afectaría el comportamiento del mercado y del sector de pensiones, haciendo menos atractivos los fondos y por ende las condiciones de inversiones serían distintas y/o menos rentables. Es necesario tener en cuenta que uno de los factores por los cuales los fondos de pensiones obtienen la rentabilidad actual (buena o mala) es por el factor tiempo, es decir, dado la naturaleza de los mismos, dichos fondos pueden ser colocados en instrumentos financieros a 10-15-20 años, pues su uso está pautado para esa fecha y no en una gran proporción (como sería si utilizamos el 30% en este momento). En ese sentido, dado que los agentes del mercado no tendrían la seguridad de que dichos fondos realmente se mantendrían por 10-15-20 años, las tasas de rentabilidad serían menores y las penalidades serían mayores.
Algunos podrían decir que el retiro de los fondos es por la pandemia y que una pandemia como la actual se presenta cada 100 años; argumento el cual es completamente válido. Sin embargo, existe la posibilidad de varias olas de contagio y por ende, quizás nos veamos en las mismas condiciones en un período no muy lejano. De igual forma, nuestro país enfrenta cada cierto tiempo plagas tropicales (Dengue, Chikungunya, etc.) así como tormentas y huracanes, eventos los cuales, si bien no afectan como ha afectado el COVID-19, podrían generar el apetito por utilizar los fondos restantes.
Existen otras razones más, como el tiempo adicional que tendría que trabajar el afiliado, sin embargo, por lo que explicamos en un primer artículo, entendemos que no son tan relevantes, claro desde el punto de vista del trabajador.
En ese sentido, el retiro de los fondos sería un claro ejemplo de tomar los huevos y matar la gallina que los produce para comer un solo día, quedando toda una temporada por recorrer.
Todavía nos queda una asignación pendiente, pues una crítica a cualquier propuesta sin aportar algo, no es una crítica, sino un interés en que todo se quede igual, lo cual como habrán notado, no es el interés de quien les escribe.