Por: Fanny Suero
La República Dominicana es un país de contrastes vibrantes. Tierra resiliente, de mujeres forjadoras y hombres valiosos; de historia rica, gastronomía diversa, playas paradisíacas, música alegre y cultura contagiosa que enamora a propios y visitantes. Pero también es una nación marcada por la inoperancia institucional y la falta de supervisión.
Aunque se han logrado avances en infraestructura, las tragedias recientes han desnudado una verdad incómoda: vivimos en un país donde se construye más rápido de lo que se regula, y donde la improvisación, la corrupción y la falta de fiscalización cobran vidas.
Desde el colapso de Multi Muebles en La Vega, la explosión en San Cristóbal, el derrumbe del paso a desnivel en la 27 de Febrero con Máximo Gómez, hasta el desplome del centro nocturno Jet Set —el más reciente y el que más nos ha dolido como sociedad—, se demuestra que el patrón se repite: cuando el Estado falla, la ciudadanía queda expuesta a riesgos evitables.
El colapso estructural del emblemático centro de diversión Jet Set no solo dejó escombros físicos, sino heridas profundas en la conciencia colectiva. Lo que para muchos fue un accidente, para otros es consecuencia de décadas de negligencia.
No fue el techo lo que acabó con más de 230 vidas. Fue la ausencia de supervisión, las modificaciones ilegales y una estructura forzada más allá de sus límites. Un verdadero crimen.
No fueron el concreto ni las varillas los que sepultaron los sueños de cientos de familias, sino la complicidad institucional. Cada permiso sin rigor, cada alerta ignorada, cada norma evadida es una decisión política que cobra vidas. No fueron los aires acondicionados, las plantas ni los transformadores los que provocaron el desplome: fue el peso de la influencia, donde el dinero tiene más poder que las normas. Donde lo económico se impone a lo humano.
No son suficientes los días de duelo ni los tributos a las víctimas. La indignación pública no puede ser pasajera. La justicia no puede seguir siendo simbólica para los poderosos y estricta para los débiles. Este hecho debe marcar un antes y un después en la seguridad de los espacios públicos, y un compromiso firme del Estado con la vida humana.
