Santo Domingo.- Una auditoría interna de la Contraloría General de la República reveló un amplio conjunto de irregularidades administrativas, financieras y operativas en el Ministerio de la Juventud durante la gestión de Rafael De Jesús Féliz García, confirmando y ampliando denuncias previas sobre becas, ayudas discrecionales, nóminas, contrataciones y uso de fondos públicos.
Hace semanas, N Investiga, programa producido y conducido por Nuria Piera, denunció un esquema de clientelismo político dentro del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y el Ministerio de la Juventud, el cual, según adelantó la investigación, se repetía en otras instituciones. La auditoría interna de la Contraloría explicó que esos señalamientos constituían apenas la punta del iceberg.
La auditoría abarcó el período comprendido entre el primero de septiembre de 2021, tres meses antes de que Rafael De Jesús Féliz García fuera designado titular del Ministerio de la Juventud; y el 31 de junio de 2024. El documento, de 66 páginas y concluido el primero de julio de 2025, identificó 33 hallazgos, varios de ellos catalogados como críticos.
Entre los hallazgos más graves, la auditoría destacó la ausencia total de estados financieros entre 2021 y 2024, lo que impidió evaluar el desempeño financiero y la rendición de cuentas básicas de RD$2,664,679,581 administrados por la institución. De ese monto, se ejecutaron RD$2,267,637,341, sin que el informe precise qué ocurrió con los RD$397,042,040 restantes.
El documento explicó que el presupuesto aprobado para los períodos auditados no guardó coherencia con los Planes Operativos Anuales, presentando inconsistencias cuantitativas entre los rubros presupuestarios y las actividades planificadas.
La auditoría señaló desembolsos por RD$71,787,500 en concepto de “Ayudas Directas” sin políticas, criterios ni metodologías de evaluación, aprobación, montos o duración. El informe expresó que existía una ausencia total de controles, y aclaró que esos montos corresponden únicamente a los casos documentados.
Asimismo, se identificaron anomalías en más de RD$727,645,936 entregados en becas a estudiantes sin documentación mínima, lo que limita verificar la elegibilidad y los criterios de asignación. Estos hallazgos confirmaron denuncias que señalaban que parte de estas ayudas beneficiaban al movimiento político “Jóvenes Unidos por el Cambio”.
La Contraloría documentó la falta de implementación efectiva del Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF) para el registro oportuno de operaciones. También indicó inobservancias a la Ley No. 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno y a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) de segundo grado, evidenciando debilidades estructurales en los procesos administrativos y financieros.
El informe añadió que el portal de Transparencia Institucional se encontraba incompleto y desactualizado, en incumplimiento de la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.
La auditoría explicó que la nómina pasó de RD$12 millones en 2012 a RD$17 millones en 2023, precisamente el año en que se extraviaron las nóminas del personal fijo, temporal, de seguridad y de período probatorio.
También se identificaron expedientes de empleados con documentación incompleta, sin carta de no objeción del Ministerio de Administración Pública (MAP) y, en algunos casos, sin contrato de trabajo o nombramiento. En un levantamiento de 158 servidores públicos, se detectaron 46 que no fueron vistos, cuatro no identificados y otros con asistencia irregular, lo que abrió la posibilidad de pagos a “botellas” y a un manejo discrecional de RD$634,097,931 en salarios durante el período auditado.
La auditoría agrupó múltiples irregularidades que describen un patrón de descontrol administrativo-operativo, especialmente en contrataciones, logística y resguardo patrimonial. Se detectaron compras fraccionadas para evadir los umbrales de los procesos de contratación, utilizando de manera irregular modalidades menores.
Se fraccionaron cuatro procesos por un total de RD$579,830 para el montaje de stands en la feria de buenas prácticas de extensión y cultura universitaria de la región norte, realizada en agosto, noviembre y diciembre de 2022. Todos los procesos fueron adjudicados a Grupo Belcam SRL, empresa creada en 2015 y propiedad de Leonardo Luis Núñez.
Asimismo, se adjudicaron cuatro comparaciones de precios por un monto total de RD$20,800,000 a la empresa Pink Iguana SRL, representada por Jesús Reynaldo Sánchez Minyety. En lugar de una licitación, los procesos fueron subidos el mismo día, el 25 de noviembre de 2022, cada uno por RD$5,200,000.
El documento indicó que se adjudicaron contratos a empresas con accionistas prohibidos por la Ley de Compras y Contrataciones para la adquisición de tickets de gasolina entre enero y mayo de 2023, por un monto de RD$5 millones, en plena campaña electoral. El proceso fue ganado por Eco Petróleo Dominicana S.A., cuyos accionistas incluyen al entonces diputado del PRM Moisés Ayala, hoy senador de Barahona, y a Martín Robles Morillo, exadministrador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), destituido el 16 de noviembre pasado.
La auditoría explicó que no existían registros consistentes ni documentación soporte sobre la asignación y uso del combustible, lo que impidió verificar criterios, controles y posibles usos políticos.
La Contraloría señaló que no había registros de entradas y salidas de almacenes, lo que dio cabida a la desaparición de equipos tecnológicos valorados en RD$334,615, que permanecían registrados sin una gestión adecuada para su baja.
El hallazgo relacionó el alto nivel de endeudamiento personal de Rafael Féliz con el desorden detectado en el manejo de deudas institucionales. Se identificaron siete expedientes de pago enviados a deuda pública, cinco de ellos con más de dos años de atraso. Además, se encontraron 13 facturas ya pagadas que continuaban registradas como pendientes.
En las conciliaciones bancarias de cinco cuentas, con un total de RD$1,872,527, se detectaron controles deficientes. De 152 conciliaciones revisadas, 18 no respetaban la separación de funciones, y no existían documentos que probaran la realización de 23 conciliaciones entre septiembre de 2021 y mayo de 2022. La institución tampoco contaba con un sistema automatizado para el control de cuentas por pagar.
N Investiga explicó que continúa a la espera de información adicional solicitada vía Libre Acceso al Ministerio de la Juventud para verificar otros indicios de irregularidades.
La auditoría de la Contraloría concluyó que los hallazgos no corresponden a errores aislados, sino a un patrón sistemático de becas sin expedientes completos, ayudas sin criterios, compras fraccionadas, combustible sin control, nóminas extraviadas, conciliaciones bancarias inexistentes y desaparición de bienes del Estado. Mientras tanto, empleados denunciaron presiones políticas y aportes obligatorios para sostener un movimiento partidario. La investigación planteó que, al manejar más de RD$2,000 millones, la juventud o la falta de experiencia no explican la magnitud de las irregularidades detectadas.
Esta auditoría hecha por la Contraloría espera las réplicas del Ministerio de la Juventud.