Acusan a director de centro rehabilitación Santiago de violar, drogar y castigar menores ingresados

SANTIAGO.- La Fiscalía de Santiago apresó a un supuesto director de un centro de rehabilitación por presuntamente haber cometido actos de tortura, maltrato, así como abuso sexual y psicológico en perjuicio de menores de edad.

Se trata de Lorenzo Silverio Almonte o Julián Almonte (El Pastor), contra quien la Fiscalía de Santiago presentó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente la solicitud de medida de coerción, que consiste en prisión preventiva, por hallazgos y testimonios de las víctimas.


Junto a especialistas y fiscales de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, la Fiscalía allanó el local de la institución, un supuesto centro privado de rehabilitación que estaría enfocado en tratar a adolescentes con problemas de alcoholismo y problemas de conducta.

Sin embargo, las autoridades rescataron del lugar a cinco adolescentes que estaban “hacinados y en condiciones deplorables e inhumanas” y los pusieron bajo la protección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).


Y tras las correspondientes evaluaciones físicas y psicológicas, el Ministerio Público determinó que los adolescentes, «con edades entre 13 y 17 años, eran violados sexualmente por adultos responsables de su cuidado, obligados a ingerir sustancias psicóticas y medicamentos sin prescripción médica, además de que recibían castigos como dormir en el suelo, amarrados con cadenas y mojados».

Por lo que el Ministerio Público expresó que, «ante la contundencia y la gravedad de las imputaciones que pesan sobre Almonte, la prisión preventiva deberá ser la medida de coerción idónea para imponer al investigado, mientras avanzan las pesquisas y se desarrolla el proceso en su contra».

En las labores de investigación y asistencia a las víctimas participan en coordinación la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Policía Nacional. Los detalles forman parte de la investigación, todavía en curso, encabezada por la Fiscalía de la provincia.

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