Dirección de Casinos y Juegos de Azar reitera bancas de lotería deben pagar impuestos

La Dirección de Casinos y Juegos de Azar le reiteró a la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca) que todas las bancas de apuestas deben pagar impuestos, incluso en este momento que están bajo un proceso de regularización.

La aseveración la hace en respuesta al acto de aguacil No. 160/2022 de Fenabanca, en el que solicitaba al organismo abstenerse de las cargas impositivas a los dueños de bancas que se acogieron al proceso de regularización.

La Dirección de Casinos dijo que la ley 139-11 de fecha 24 de junio de 2011 establece en su artículo 2 un impuesto único de 35 mil pesos anuales a las bancas de lotería.

“En ese sentido, todos los contribuyentes que se acogieron al plan de regularización tienen la obligación del pago tributario, en vista de que, en sus declaraciones juradas, declaran la operatividad de sus bancas”, argumentó.

Recordó que la intención del Consejo de Seguimiento ha sido depurar cuáles bancas cumplen o no con los requisitos establecidos en las leyes y reglamentos.

“El envío a la Dirección General de Impuestos Internos del listado preliminar de las bancas que se acogieron al plan de regularización para fines de pago, establece claramente que esto no representan aceptación ni registro definitivo de dichas bancas. Puesto que, los organismos del Estado con la colaboración del propio Consejo de Seguimiento, donde están representados todos los sectores ligados al juego de apuestas, colaborarán para la depuración y confección de la base de datos definitiva”, dijo la Dirección de Casinos y Juegos de Azar

Por otro lado, la entidad informó que ha estado remitiendo al Procurador General de Corte del Distrito Nacional, designado para tales fines, todos los expedientes de oposición notificados ante esta institución.

Por tanto, consideró necesario que todas las bancas que están operando cumplan con su obligación de pago de tributos, “hasta tanto los organismos competentes, especialmente el Ministerio Público y el Poder Judicial, determinen la situación de legalidad de cada una”.

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