En libertad bodeguero dominicano acusado de matar a hombre en New York

El trabajador de una bodega de Manhattan acusado de asesinato después de pelear contra un ex convicto violento en su tienda durante el fin de semana finalmente regresó a casa el jueves por la noche después de ser liberado bajo fianza en el caso muy publicitado.

José Alba, de 61 años, llegó a su departamento de Hamilton Heights alrededor de las 8:30 p. m. con un monitor electrónico horas después de que un juez de Manhattan acordara reducir su altísima fianza de $250,000 a $50,000.

Alba, que iba acompañado de uno de sus hijos, se tapó el rostro y se negó a responder preguntas al entrar.

Antes de su liberación, Alba había estado encerrada en Rikers Island por un delito de asesinato por su encuentro fatal con Austin Simon, de 35 años, el viernes por la noche dentro de la bodega de Hamilton Heights donde trabaja.

Los parientes y el jefe de Alba publicaron $5,000 necesarios para obtener una fianza.

Como parte de su acuerdo de liberación, Alba también tiene prohibido salir de la ciudad de Nueva York y tuvo que entregar su pasaporte, asegurándose de que no irá a la República Dominicana en un viaje previamente planeado.

Alba estaba trabajando en Hamilton Heights Grocery en Broadway cuando fue atacado por Simon, un criminal de carrera con un historial de violencia que irrumpió detrás del mostrador y lo empujó contra una pared, muestra el video.

Luego, el ex convicto agarró a Alba cuando el empleado asustado trató de pasarlo, tomando un cuchillo y clavándoselo en Simon al menos cinco veces.

Supuestamente, la novia de Simon también sacó un cuchillo de su bolso y apuñaló a Alba tres veces en el hombro y la mano, según su abogado. No ha sido acusada, y la oficina del fiscal de distrito solo dijo que «seguimos revisando la evidencia y la investigación está en curso».y asistencia internacionales”, especificó.

Refirió que hace falta, además, sacar un mayor provecho a los mecanismos de negociación que se han otorgado desde que se implementó el sistema penal acusatorio, a fin de recabar información para identificar los activos ilícitos susceptibles de ser confiscados (modificando el enfoque, haciendo uso adecuado para prevenir el comportamiento).

“Aquí entran las figuras del comiso y extinción de dominio, vitales a la hora de capturar el dinero malversado, sobre la base de una propiedad que carece, en principio, de protección constitucional”, declaró.

combatir este delito, por lo que se justifica el clamor social de “cero impunidad” cuando el erario ha sido comprometido en detrimento del desarrollo humano, al tiempo que dijo “quiero enfatizar que esta lucha sí es prioridad de esta gestión”. “He repetido en varias ocasiones que habrá consecuencias, más no en violación del debido proceso y las garantías constitucionales de las personas investigadas”, precisó.

Trata de intervenir lo menos posible 

“Aprovecho la ocasión para destacar que, como procuradora general, he procurado intervenir lo menos posible en la operatividad de los casos, los grandes y los pequeños, sin importar a quienes involucren. Bajo mi gestión, el margen de actuación de los fiscales es libre y amplio, siempre asumiendo las consecuencias que sus acciones puedan tener”, manifestó la magistrada Germán Brito.

“En todo caso, ha sido más prioritario generar un clima de apego a las normas éticas y disciplinarias que gobiernan la función, apostando por un rol de fiscalización moderado a través de instrucciones generales y requerimientos de informes de actuación”, agregó.

Expresó que es menester establecer las sanciones adecuadas en las normas especiales, y, más importante aún, mostrar un alto grado de probabilidad de condena de las conductas corruptas. “Partimos de la concepción de que una respuesta eficiente del aparato de justicia penal puede contribuir a una mayor conformidad a las normas”, dijo.

En su ponencia ante la Cámara Americana de Comercio, la procuradora general sostuvo que “una sociedad en la que existen controles óptimos para que la corrupción, la pública y la privada, reciba las consecuencias esperadas es una donde puede decirse que hay seguridad jurídica, concepto que exige que la ley sea estable en el tiempo y que los actores económicos puedan hacer predicciones seguras sobre su accionar”.

“Aspiramos, pues, a contribuir significativamente con las condiciones institucionales que permitan garantizar la seguridad jurídica que la sociedad dominicana espera, sin sucumbir a los cantos de sirena del populismo penal que nos pueden llevar a transitar caminos de abusos y maltratos”, concluyó.

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