Defensa de Jean Alain Rodríguez pide fijación de audiencia en la Suprema para conocer recurso de casación

Santo Domingo, RD.- Tras lo que definieron como una violación de derechos, de la que entienden fue víctima el ex Procurador Jean Alain Rodríguez, debido al vencimiento de los plazos de respuesta, el Consejo de Defensa que lo representa anunció que este martes solicitaran la fijación de la audiencia para conocer el recurso de casación.

El cuerpo de juristas sostiene que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) estaba obligada a dar respuesta a la solicitud del recurso de acuerdo a los plazos establecidos por el Código Procesal Penal, los cuales establecen 30 días posteriores al sometimiento del mismo.

“Debido a que la Suprema Corte de Justicia no ha planteado una respuesta definitiva sobre el recurso de casación sometido el pasado 12 de octubre, han transcurrido dos meses y ocho días, el doble del período establecido por la ley y de acuerdo a acta levantada por un alguacil de la propia SCJ, el recurso adquirió admisibilidad según el Art. 154 del Código Procesal Penal”, indicó Carlos Balcácer.

En ese sentido, los miembros de la defensa apelan que se fije la fecha de la audiencia en la Alta Corte para conocer “la violación y atropello a la que fue sometida Jean Alain Rodríguez”, y al no recibir respuesta por el acto de alguacil para el pronto despacho de la respuesta enviado el viernes y por la reiteración enviada esta mañana.

“Esperamos que los honorables jueces que conforman la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia fijen fecha para la audiencia de conocimiento de dicho recurso a la mayor brevedad posible”, añadió Balcácer.

Los juristas reiteraron que la violación fue admitida por las juezas de la Primera Corte de la Sala de Apelaciones del Distrito Nacional, quienes en su resolución dedicaron más de siete numerales que describen la vulneración y violaciones a las leyes y derechos fundamentales, los cuales son inconvalidables, por mandato del art. 6 constitucional y 7.7 de la Ley Núm. 137-11.

El ex Procurador se encuentra privado de libertad desde hace seis meses, aproximadamente, sin que a la fecha se haya presentado indicios o evidencias probatorias sólidas de que él haya cometido actos irregulares o incrementos en su patrimonio, según establecen los abogados defensores en un comunicado de prensa.

Señalan además que se le ha impuesto la medida máxima de coerción a pesar de haber presentado “suficientes arraigos” que le permitirían defenderse en libertad.

Gustavo Biaggi Pumarol, externó que la imputación a la que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) atribuye mayor peso, es la relativa al Plan de Humanización Penitenciaria, en específico La Nueva Victoria y que al hacerlo, “lo que se busca es minimizar el mayor legado de transformación al sistema penitenciario nacional”.

“Las seis empresas elegidas constan de alto reconocimiento, vasta experiencia y aval de cumplimiento en el ramo. No son empresas que surgieron al vapor para estos fines, ni las componen ingenieros o familiares relacionados.  Fueron seis contratistas aprobados bajo el marco de unas licitaciones que fueron aprobadas como regulares.  Construcciones que cuentan con los debidos estudios de suelo, contemplando el desarrollo pluvial, estancamiento de agua y demás requisitos para este tipo de estructuras”, expresó Biaggi.

De acuerdo con este Consejo de Defensa, la veracidad de la afirmación queda demostrada porque la actual Procuraduría ratificó expresamente, mediante adendas, los contratos de las empresas constructoras y les aumentó el precio respectivo, por ajuste por devaluación de la moneda por un monto de casi 300 millones de pesos adicionales, y que estas adendas fueron suscritas por la Procuradora Miriam Germán Brito, y fueron depositados por la misma Pepca.

Como parte de los elementos acusatorios recientemente incluidos por la Pepca contra el ex Procurador, se encuentra el tema de los contratos de alimentación penitenciaria por lo que Francisco Franco destacó que “los alimentos suministrados a los más de 27.000 internos por un monto de 960 millones al año. “La administración actual está destinando aproximadamente 1,400 millones utilizando a los mismos proveedores que han sido cuestionados”, destacan.

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